Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, estrenó el 1 de septiembre su cargo con un mensaje cargado de reproches hacia la antigua Corte. En la sesión solemne de instalación del nuevo Pleno, afirmó que “habrá tribunales que protejan al débil de los abusos del fuerte”, marcando distancia respecto a sus antecesores.
Ante la presencia de la Presidenta Sheinbaum Pardo, de altos funcionarios federales y gobernadores, sostuvo que la justicia ahora proviene del mandato popular y no de “los pasillos del poder”. En su discurso señaló que la democratización del Poder Judicial de la Federación (PJF) fortalecerá la legitimidad del tribunal, y calificó a la anterior SCJN de elitista, distante y complaciente con las élites.
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“Este día la Corte dejó de ser una institución distante, integrada en los pasillos del poder, para convertirse en una Corte que surge directamente de la voluntad del pueblo”, declaró Aguilar Ortiz, dejando en claro el tono de ruptura con el pasado. El mensaje también enfatizó la inclusión social: el ministro presidente -de origen indígena mixteco- prometió una justicia cercana a los pueblos originarios, comunidades afromexicanas y grupos vulnerables, en contraposición con la justicia “lenta y excluyente” que, según él, caracterizó a la vieja Corte.
Aguilar Ortiz complementó su crítica con compromisos de cambio institucional. Subrayó que la ceremonia de apertura representaba “la voluntad viva del pueblo” y no sólo un acto protocolario. Además, hizo énfasis en que la elección popular de los jueces establece un nuevo pacto de confianza entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Con un tono firme, insistió en que se inicia una etapa de justicia de puertas abiertas, sin privilegios, en la que el Poder Judicial dejará de servir a los intereses de las clases altas. Para marcar esa transformación, Aguilar Ortiz anunció medidas internas inmediatas alineadas con la austeridad republicana y la ética pública.
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REZAGO DE ASUNTOS PENDIENTES EN EL MÁXIMO TRIBUNAL
La nueva Corte comienza su labor con un rezago de casos no resueltos heredado de sus antecesores. Al 1 de septiembre de 2025, se contabilizaban aproximadamente mil 400 asuntos pendientes en el pleno de la SCJN. Estos incluyen temas de alta relevancia, como la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, acciones de inconstitucionalidad contra reformas recientes y controversias constitucionales de gobiernos locales y órganos autónomos. Por ejemplo, está pendiente la resolución sobre la reforma que transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la eliminación del INAI y la creación de un nuevo órgano anticorrupción. También figuran impugnaciones a los “súper poderes” del INE y amparos relacionados con políticas fiscales y derechos sociales.
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La anterior integración de 11 ministros redujo el atraso resolviendo cientos de expedientes antes de su salida el 31 de agosto de 2025. Sin embargo, numerosos casos quedaron pendientes. Según una reforma legal reciente, la SCJN debe resolver cada asunto en un plazo máximo de seis meses, añadiendo presión al nuevo Pleno.
UNA ELECCIÓN POPULAR INÉDITA Y POLÉMICA
La integración de esta SCJN es inédita, al provenir de una elección popular directa el 1 de junio. Por primera vez, los ministros fueron elegidos en las urnas por la ciudadanía, resultado de la reforma judicial de 2024, sin embargo, proceso tuvo baja participación -alrededor del 13 por ciento del padrón electoral- y controversias sobre su legitimidad. Analistas señalaron que el electorado desconocía a los candidatos y la complejidad de la boleta, derivando en alto abstencionismo y votos nulos.
La polémica rodeó la elección desde su convocatoria. Partidos de oposición y organizaciones civiles cuestionaron la independencia judicial, al considerar que candidatos con campañas públicas podrían estar vinculados a intereses políticos. La oposición promovió un boicot, criticando el proceso como una “farsa” para cooptar al Poder Judicial.
En el Senado, durante la toma de protesta, legisladores opositores reclamaron por falta de equidad y lo tildaron de fraudulento. La mayoría oficialista defendió la elección como un ejercicio democrático. Los resultados mostraron que candidatos promovidos por Morena obtuvieron las votaciones más altas, gracias a la movilización partidista y a los “acordeones”.
NUEVA INTEGRACIÓN: DE 11 A 9 MINISTROS EN EL PLENO
El 1 de septiembre de 2025 inició la nueva conformación de la SCJN, reducida de once a nueve integrantes. Esta modificación, de la reforma constitucional de septiembre de 2024, eliminó el modelo de 1995 con Pleno y dos salas. Ahora, el tribunal funciona sólo en Pleno, con nueve ministros deliberando todos los asuntos. La reducción implicó la salida anticipada de varios ministros.
La reforma definió duraciones escalonadas: algunos ministros ejercerán por 11 años y otros por 8, para renovaciones parciales futuras. Esto contrasta con los 15 años anteriores. La Presidencia recae en el ministro más votado: Hugo Aguilar Ortiz, con más de seis millones de sufragios.
ANTECEDENTES DE LOS NUEVOS MINISTROS
Los nueve ministros provienen de trayectorias diversas, con vínculos a la 4T y el sector público. Tres refrendaron posiciones: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, nominadas por López Obrador y afines al proyecto gubernamental.
Los seis nuevos: Hugo Aguilar Ortiz, abogado indígena mixteco de Oaxaca, defensor de derechos originarios; María Estela Ríos González, jurista laboral y ex consejera jurídica del Ejecutivo; Sara Irene Herrerías Guerra, ex fiscal en Derechos Humanos de la FGR; Giovanni Azael Figueroa Mejía, académico en derecho constitucional y ex asesor en Tribunal Electoral; Irving Espinosa Betanzo, magistrado de circuito con 25 años en PJF; Arístides Rodrigo Guerrero García, ex comisionado de transparencia en CDMX y profesor en UNAM.
En conjunto, revelan mayoría de perfiles vinculados al sector público y al proyecto político vigente.
EL LEGADO JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SALIENTE
La integración saliente (2019-2025) dejó jurisprudencias relevantes en derechos y control constitucional. Hitos: despenalización del aborto nacional en 2021 y 2023, eliminando sanciones penales. En derechos de las minorías, reafirmó matrimonio igualitario y adopción homoparental.
Robusteció libertad de expresión, invalidando normas contra críticas en redes y protegiendo periodistas. Como contrapeso, invalidó en 2023 la transferencia de la Guardia Nacional a Sedena y partes del “Plan B” electoral. Ordenó nombramientos en INAI para su funcionamiento. Otras sentencias: en ambiental, invalidó revocaciones de concesiones energéticas sin proceso; en salud, garantizó acceso a tratamientos.
LIMITACIONES DE LA NUEVA SCJN TRAS LA REFORMA JUDICIAL
La nueva Corte enfrenta limitaciones de las reformas de 2024. La “supremacía constitucional” de noviembre de 2024 impide impugnar reformas o adiciones a la Constitución, incluso si afectan derechos o poderes. Esto merma sus facultades como guardián constitucional.
Además, eliminó el Consejo de la Judicatura Federal, creando Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial, con intervención externa como designaciones del Senado. Al desaparecer Salas, todo se resuelve en Pleno, potencialmente ralentizando la justicia o reduciendo la deliberación.
VÍNCULOS DE LA NUEVA CORTE CON MORENA
La relación con Morena es estrecha. Varios ministros ocuparon cargos en administraciones emanadas de ese partido: Lenia Batres, hermana de Martí Batres y asesora de Sheinbaum; Loretta Ortiz, ex diputada Morena; María Estela Ríos, abogada de López Obrador; Hugo Aguilar, propuesto por Sheinbaum; Sara Herrerías, en FGR obradorista; Arístides Guerrero, en órgano de transparencia de Morena; Yasmín Esquivel, cercana al Ejecutivo.
Estos vínculos generan dudas sobre la independencia. Opositores señalan posible favoritismo a agenda de Morena, mientras Sheinbaum celebró la Corte como “cambio profundo” en sintonía con el mandato popular. Los ministros juraron imparcialidad, pero quedará a prueba en casos involucrando al Gobierno.
DE LA SUPREMA CORTE A LA “CASA DEL PUEBLO”
El arribo incluyó gestos simbólicos. La noche del 1 de septiembre, abrieron el edificio de Pino Suárez al público, permitiendo el ingreso al vestíbulo. Los ministros saludaron a los visitantes, promoviendo la “Casa del Pueblo”. En el Zócalo, representantes originarios entregaron bastones de mando, invistiéndolos con legitimidad comunitaria.
Declararon que el Palacio será foro abierto, con jornadas de puertas abiertas y sesiones itinerantes en estados.
SALIDA DE PERSONAL EXPERIMENTADO Y REESTRUCTURA INTERNA
La transición implicó la salida de personal experimentado. Con la extinción de salas, decenas de secretarios de estudio y cuenta y técnicos dejaron cargos; muchos no fueron incorporados, generando pérdida de ‘know-how’ institucional.
El fenómeno se extiende al PJF: jueces no electos cesaron, y trabajadores temen despidos por reorganización y austeridad. Hubo manifestaciones contra los recortes. Proyectos se retrasan por falta de personal calificado.
No obstante, Aguilar Ortiz declaró que habrá respeto a derechos laborales y reubicaciones, pero admitió ajustes para eficiencia y austeridad. Profesionales con antigüedad fueron separados, inquietando sobre la posible politización en nuevos equipos.
REDUCCIÓN DE SUELDOS Y FIN DE PRIVILEGIOS EN EL PODER JUDICIAL
La nueva cúpula anunció reducción de salarios. Ningún ministro ganará más que la presidenta (150 mil pesos mensuales), rebajando de los 284 mil anteriores. Funcionarios del PJF verán topes similares, ahorrando hasta 800 millones anuales para infraestructura y capacitación.
Eliminaron privilegios: renunciaron a seguro médico mayor, usando ISSSTE; suprimieron seguro de separación y jubilación complementaria. Revisarán pensiones de ex ministros. Reducirán apoyos: menos trabajadores auxiliares, sin escoltas excesivas, ni vehículos de lujo, aunque a la instalación de la Corte, sí llegaron en camionetas último modelo.
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