El paso dado en el Congreso del Estado para ampliar y conceptualizar el delito de “halconeo”, es buen esfuerzo, pero insuficiente en una realidad donde la delincuencia organizada rebasa a autoridades
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En diciembre del 2022, Semanario ZETA documentó la capacidad operativa que tenían los grupos criminales para anticiparse a las acciones policiales en las zonas que controlaban delincuencialmente en Mexicali.
Los esquemas de videovigilancia de los grupos delictivos eran tan estructurados, tecnológicos y modernos, que fueron calificados como el C5i del “narco”, debido a que además de contar con un importante número de jóvenes y empleados de pequeños negocios de la zona, distribuidos para informar, también utilizaban herramientas cámaras de videovigilancia o teléfonos celulares con la aplicación Threema, con la que tenían la capacidad de comunicarse y no dejar huella en la red. Esto sin mencionar las cámaras “sin dueño” en diversos puntos de la ciudad, que se instalan en postes de CFE o Telnor, en palmeras o en cualquier estructura que sirviera como un punto estratégico de vigilancia.
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Han pasado ya casi tres años de esa investigación donde se logró detectar claramente el canal de comunicación de los involucrados, y en el que posteriormente se identificó que en Tijuana era aún más evidente, pero nadie se sorprendió ni estructuró acciones para contrarrestarlo.
Desde la denuncia pública, más una serie de desgracias en toda la entidad, y operativos policiales fallidos, tres años más tarde, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pusieron en marcha una reforma al artículo 317TER del Código Penal de Baja California, para ampliar la tipificación del “halconeo”.
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La reforma presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández en mayo del 2025, y por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en agosto del mismo año, contempla una serie de conceptos para intentar encuadrar penalmente las acciones de todos aquellos que informen a los grupos delictivos sobre las acciones policiales.
Durante la administración de Ávila Olmeda, se han detectado en toda la entidad más de mil 600 cámaras irregulares instaladas en diversos puntos de la entidad, la mayoría de ellas en Tijuana.
A diferencia de lo que falsamente ha difundido un sector político-empresarial, la reforma contempla claramente que las cámaras de vigilancia instaladas dentro de la propiedad de un ciudadano -aun cuando apunten hacia el exterior- están exentas de sanción; en el mismo sentido el ejercicio periodístico cuando difunde este tipo de contenidos con fines noticiosos.
El texto de la reforma que ya fue aprobada en el Poder Legislativo el pasado 29 de agosto, establece que se otorgará una pena de hasta ocho años de prisión a quienes acechen, vigilen u obtengan información de las instituciones de seguridad pública sin el derecho de hacerlo, con la intención de “cometer, organizar, planear, facilitar o encubrir un delito; o entorpecer, eludir, obstaculizar o impedir el cumplimiento de las funciones de las citadas instituciones públicas”.
La reforma también contempla a quienes dañen o intervengan sistemas de videovigilancia de los cuerpos de seguridad que se localicen en la vía pública, y a aquellos que instalen cámaras en lugares públicos sin autorización gubernamental. Asimismo, se endurecen las penas a servidores públicos, a quienes posean equipo de comunicación de las fuerzas de seguridad, utilicen vehículos con apariencia policial; y a personas que utilicen niños y adolescentes para perpetrar este tipo de crímenes que no son considerados aislados, sino parte de un engranaje criminal para proteger sus intereses.
Sí bien el planteamiento se vuelve interesante debido a que es evidente que los grupos delictivos han modernizado sus esquemas de protección y de desarrollo de sus actividades criminales, la realidad es que las medidas punitivas resultan insuficientes para combatir el gran problema de la inseguridad, partiendo del hecho que hoy en día la adquisición de cámaras de vigilancia representan un costo sumamente bajo para su operación, además de que existen zonas en la entidad que carecen de una vigilancia policial constante.
Esto sin mencionar que la nueva realidad criminal demuestra que hasta policías se prestan para trasladar a criminales a bordo de unidades oficiales, o al menos escoltarlos, como ocurrió el año pasado cuando cámaras de vigilancia de un residencial captaron el momento en que cuatro patrullas de la Policía Municipal custodiaban a 10 vehículos dirigidos por un sujeto conocido como el Pitufo, presunto operador criminal de la estructura de Los Rusos.
Las cámaras de vigilancia del C5i resultan insuficientes porque la mayoría de los casos difundidos por medios de comunicación donde se cometen abusos policiales o actividades criminales, se extraen de cámaras de vigilancia ciudadanas, algunas de ellas -como la del asesinato de Roberto Méndez, subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali- instaladas de manera ilegal.
Como es frecuente, los gobiernos van dos o tres pasos detrás de los avances de los grupos delictivos y de su capacidad de operación, pero también de corromper a los cuerpos de seguridad.
