* Tijuana, Mexicali y Ensenada acumulan el 85% de las privaciones en el estado
* En ocho meses, sólo 36 criminales han sido sentenciados por este delito
* La mayoría de los involucrados pertenece al crimen organizado
* Otras víctimas son vendedores y compradores de objetos por internet
* También atacan mujeres violentadas y robos armados a casa habitación
* Autoridades capturaron a dos homicidas del CJNG investigando dos privaciones
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Una señora que acudió a un domicilio donde le iban a vender unas lámparas, tres mujeres y un hombre integrantes de una familia cuya casa y auto fueron robados; la exesposa de un sujeto con orden de restricción y captura por violencia familiar que impunemente se niega a dejarla en paz, dos adultos mayores y un menor que fueron retenidos durante algunas horas hasta que los criminales recibieron un pago de cinco mil pesos, y un hombre al que le amputaron dos dedos, fueron algunas de las víctimas de privación ilegal de la libertad en los últimos 30 días en Tijuana.
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Denuncias públicas por migrantes privados de la libertad para extorsionar a sus familiares con el pago de un rescate no fueron reportados en las últimas semanas a pesar de ser delito común en esta frontera. Pero el pasado enero la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de tres casos en los que una banda criminal, que opera en el área de Otay, Aeropuerto y Natura, desapareció a tres víctimas después de cobrar por liberarlos.
Al final, las capturas de criminales evidencian que una gran parte del problema en el aumento de las privaciones es la lentitud y laxitud del sistema de justicia, y la consecuente impunidad.
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Por ejemplo, el 2 de agosto fue detenido Juan Diego N., quien estaba “en libertad condicional y bajo investigación en el delito de privación”, y mientras lo enjuiciaban, fue sorprendido armado caminando por el conjunto habitacional Los Potros.
Caso similar el de Sebastián Bravo González, alias Besek y/o alias Sebas, de 18 años, detenido el primero de septiembre en la colonia Castillo por delitos contra la salud. Una vez aprehendido le revisaron sus antecedentes, y resultó ser parte de una célula detenida el pasado 15 de agosto, integrada por Josué Quiroga Sánchez, Camila Oyuki Benítez Soto, Moisés Eduardo Cienfuegos Vázquez y David García Baltazar, vinculados con otra privación de la libertad “con evidencia fotográfica” y capturados en persecución vinculante en posesión de un arma y droga.
Y al igual que sus compañeros de grupo criminal, El Besek tenía una orden de aprehensión sin cumplir por el homicidio cometido el 28 de enero contra Óscar González Sotomayor alias El Lori -integrante del CAF, cuñado del David Corona Barrón-, cuyo cuerpo fue abandonado en la cajuela de un auto en el interior de Plaza Río Tijuana, delito al que agregaron las amenazas a un funcionario público luego que junto al cadáver dejaron un narcomensaje contra del subdelegado de la FGR: “En Tijuana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está activo y bien presente en esta plaza y en el estado de Baja California. Para que otros no digan que son los dueños de la casa, las órdenes del Sr. de los ‘Gallos’ son las mismas, ni Mayos ni Chapos son bienvenidos a esta plaza, te estamos esperando, Subdelegado de la FGR, Sergio Castañeda Sanchotena, a que dejes la silla. Atte. CJNG”.
LA INCIDENCIA
El confinamiento de personas contra su voluntad es un delito frecuente en Baja California, del cual la Fiscalía General del Estado no informa públicamente.
Sólo en la frontera tijuanense, en los primeros 11 meses del trienio de Ismael Burgueño, la Policía Municipal ha atendido 112 denuncias con capturas en flagrancia: en octubre de 2024 fueron 29 incidentes de privación, promedio siete por semana; en enero de 2025 fueron 22 denuncias, seis por semana; y mayo de este año, 19 hechos, un promedió de cinco por semana. El resto de los meses han registrado la atención de dos o tres privaciones semanales atendidas por la Policía Municipal en flagrancia.
En esos 112 eventos, 115 criminales han sido detenidos por la Policía Municipal en flagrancia por cometer el delito de privación de la libertad.
En el mismo período, la Fiscalía Regional de Tijuana inició 249 carpetas por el mencionado delito, con el mismo número de víctimas; registró 100 detenidos, lo que significa que algunos de los remitidos por la Municipal no fueron imputados; y de los 100 aprehendidos, únicamente 74 fueron vinculados a proceso por un juez; y el Ministerio Público obtuvo 43 sentencias condenatorias por casos de diferentes años.
En el ámbito estatal, en los primeros ocho meses del año, la incidencia registra 464 carpetas iniciadas por el delito de privación; fueron 58 por mes, 14 por semana, con mayor incidencia en:
* Tijuana, que contabiliza 189 denuncias, un promedio de 24 por mes y seis por semana
* Mexicali fueron 133, promediando 17 por mes y cuatro por semana
* Ensenada reconoce 76, lo que se traduce en cinco por mes y 2.3 denuncias por semana
* Tecate contabiliza 44 en los ocho meses
* San Quintín 14
* Rosarito cinco
* San Felipe tres.
Al comparar las 464 carpetas de 2025 con las 482 del mismo periodo en 2024, se registra una disminución del 3.7 por ciento.
Pero estos fueron eventos en los que algún testigo denunció a tiempo y los policías lograron aprehensiones. Faltarían por sumar los casos donde no hubo detenidos, no se presentó denuncia, o ante la falta de testimonios los registraron como desaparecidos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra de las privaciones de la libertad en Baja California se estimó en 88.9 por ciento, lo que significa que más de 3 mil 715 de estos delitos no han sido denunciados.
LOS MENOS, POR VIOLENCIA DE GÉNERO
“Tratándose de privaciones, los casos que no están relacionados con pugnas entre delincuentes son los menos, y entre éstos los más numerosos son los relacionados con violencia de género”, explicó un agente que colabora en la atención de estos delitos, pero no pudo dar un número.
“En los últimos dos meses suman varias detenciones por privaciones por dos razones: una la gente está denunciando; y dos, los hemos sorprendido cometiendo este delito, mientras los buscábamos por otro, por robo, narcomenudeo, incluso rastreando homicidios”, detalló otro elemento.
Como ejemplo de estos casos menos comunes, las autoridades publicitaron la detención de Jesús N. de 36 años en la privada San Ángel en Tijuana el 26 de agosto, portando una escopeta calibre .45 milímetros, abastecida con un cartucho útil en la recámara. El hombre había sido señalado por una mujer quien denunció que un día antes acudió a un domicilio en fraccionamiento Hacienda Los Laureles a comprar unas lámparas, pero el hombre la ingresó por la fuerza, la golpeó con los puños, la sujetó del cuello, y la mantuvo contra su voluntad en el lugar. Después, aprovechando una distracción, logró escapar.
También el caso de Daniel N. de 32 años, denunciado por su pareja por violencia familiar desde el 16 de julio, con orden de alejamiento, sin embargo, el 28 de agosto decidió acercarse a su expareja en la colonia Guaycura, y fue denunciado a los números de emergencia por “un posible intento de privación de la libertad”.
Los policías lo encontraron discutiendo con la mujer a un costado de un vehículo, “la víctima señaló que su expareja la estaba jalando del brazo con violencia, exigiéndole que subiera al automóvil bajo amenazas de muerte”.
El número de afectados fue mayor, el pasado 9 de agosto, cuando Jesús N. y otros dos delincuentes que tenían “ropa oscura y gorros, mientras que uno portaba sudadera gris, pantalón negro, zapatos negros y gorro del mismo color” ingresaron a un domicilio en la colonia Granjas Familiares La Esperanza, Tijuana.
Con un arma apuntando a sus cabezas, sometieron a la propietaria, a sus hijas y a su hermano y “les exigieron la ubicación de una supuesta caja fuerte”; al recibir una respuesta negativa, los amarraron con cinta gris y robaron herramientas, diversos artículos, dos camionetas y un sedán de la familia. Al ser sorprendidos, dos de ellos escaparon.
“JALAMOS PARA LAS CUATRO LETRAS”
Las carpetas de privaciones de la libertad relacionadas con pleitos entre criminales son las más comunes: como la que se inició el 26 de agosto contra Martín N. minutos más tarde de que subiera a la fuerza a otro hombre Ford Expedition; la del 25 de agosto cuando capturaron a Roberto N., de 54 años, y Andrés “N”, de 49 años, poco después que tiraran en la Zona del Río a un hombre maniatado y golpeado.
O Jaime N., de 45 años, detenido en posesión de un rifle, en la privada Granate del fraccionamiento Puerta Plata en la Zona Este de Tijuana el 3 de agosto, después que un hombre amordazado, golpeado y con dedos amputados ingresara a una tienda de conveniencia a pedir ayuda, y denunciara que tres sujetos lo habían privado de la libertad con violencia y había logrado escapar.
Otro caso fue el del nativo de San Diego, California, Alejandro Manuel Ayala Saavedra, alias El Sharpie, identificado como un homicida peligroso; fue detenido el 21 de agosto, infringiendo el reglamento de tránsito en el entronque calle Miguel Lira y Gómez Farías en la colonia Las Cruces de la delegación San Antonio de los Buenos. El sujeto, quien estaba en posesión de 60 dosis de cristal, tiene antecedentes por portación de arma de 2024 y riña conyugal de 2016, y cuando revisaron su nombre en el sistema, resultó relacionado con una privación de la libertad y un homicidio.
De acuerdo a la información en poder de la Mesa de Seguridad, Ayala forma parte de una célula que sirve al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuyo centro de operación en la zona que abarca San Antonio de Los Buenos, Camino Verde, Reforma y Panamericano, grupo encabezado por un joven identificado como José Socorro Sánchez alias El L12, de la cual 13 integrantes han sido capturados -se ignora si continúan en prisión-, una fue asesinada, y otros seis siguen en libertad.
Libres permanecen Sánchez alias El L12, Jesús Abdiel Pacheco Salinas, Jorge Carlos Guerrero Flores, Jesús Alberto Suárez Solís, Jesús Pérez Castillo, Miguel Ángel Diaz Pérez y su novia Alma.
Las identidades de este grupo delictivo quedaron expuestas después que el 21 de agosto después que fuera detenido El Sharpei. Siete meses atrás, en enero, las mismas autoridades lo habían ubicado como operador criminal de Franklin Ernesto Huezo Hernández, El Ranchero, en Los Laureles
El 14 de agosto, como parte del CJNG, El Sharpei privó de la libertad a una pareja, el hombre era amigo de su primo Miguel Ángel Diaz Pérez, y los delitos se cometieron en la casa de este último. Supuestamente, el dúo al que atacaron había llegado a recoger unas armas.
De acuerdo a las declaraciones el grupo estaba fumando marihuana, El Sharpei salió y cuando regresó armado ordenó someter a la pareja, atarlos de pies y manos, les tomó fotos, videos e hizo una llamada:
“Aquí los tengo”, dijo: “mátalos; después pregunto”, le respondieron. “¿Y la morra?”, preguntó nuevamente; “también mátala”, le contestaron.
El dueño de la casa pidió que no usaran armas, porque no quería ruido ni problemas; para entonces otros dos hombres habían llegado al cuartucho: uno, aún no lo han identificado y el cuarto era un adolescente de 15 años, Yael Abraham F.F.
Alejandro Manuel Ayala Saavedra le ordenó que los ahorcaran, le quitaron la vida al hombre Armando González Pérez, de nacionalidad estadounidense de 36 años, y su cadáver fue localizado tirado en el panteón Jardines Eternos, en la colonia La Esmeralda, en delegación Sánchez Taboada.
Con el cadáver de su novio en la espalda, la joven escuchó cuando Sharpei dio la orden de matarla. El quinceañero contestó: “yo no mato morras”; pero igual lo obligaron, y todo el crimen fue videograbado por Ayala.
“Me golpearon mientras me ahorcaban. En el proceso, el que mató a mi novio -Sharpei- me dio besos y me dijo que me iba a violar”, declaró la víctima, a quien dejaron tirada por muerta, pero despertó y huyó por la parte de atrás; la descubrieron, pero no la alcanzaron antes de que pudiera pedir ayuda.
