Con el Decreto 146, publicado el 16 de septiembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California (POEBC), la entidad estrenó simultáneamente la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Apertura Institucional, la Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público y reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Este paquete legislativo busca equilibrar apertura institucional, resguardo de información y control interno. Sin embargo, la densidad normativa y la concentración de funciones podrían convertir un avance histórico en un modelo de simulación.
En la actualidad, periodistas que investigan el uso de recursos públicos en fideicomisos, contratos estatales o actos de corrupción enfrentan plazos extensos, formatos cerrados, distintas barreras y, en algunos casos, cobros excesivos o desproporcionados por los servicios de reproducción de información. La nueva ley promete acceso expedito y gratuidad en la mayoría de los casos, pero las próximas solicitudes podrían toparse con nuevas reservas injustificadas o con la clasificación de datos como confidenciales con cuestionable fundamento. El recurso de revisión existe, pero su tramitación puede alargarse y exige conocimientos técnicos para impugnar correctamente.
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Asimismo, la nueva Ley de Transparencia obliga a resolver solicitudes en 20 días hábiles más 10 de prórroga. Solo las primeras 20 hojas se entregan sin costo, salvo algunas excepciones a criterio de las Unidades de Transparencia. Se amplía la discrecionalidad de las Autoridades Garantes al calificar la reserva o confidencialidad.
Por su parte, la Ley de Protección de Datos impone obligaciones estrictas para los avisos de privacidad: deben difundirse por medios físicos y electrónicos con lenguaje claro, detallar responsable, categorías de datos (identificando los sensibles), finalidades con consentimiento, mecanismos ARCO, transferencias previstas y opciones de oposición. Se prohíbe el uso de casillas premarcadas y referencias a documentos inaccesibles. Se garantizan los derechos ARCO con plazos definidos y portabilidad de datos en formato electrónico estructurado, aunque su ejercicio depende de unidades especializadas y sistemas interoperables.
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En paralelo, la reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo erige a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como autoridad central. Esta dependencia debe publicar manuales de organización y servicios al público en un registro electrónico, supervisar archivos, verificar el cumplimiento de la ley y sancionar irregularidades. También vigila organismos descentralizados y empresas estatales minoritarias mediante comisarios, y diseña políticas, bases y normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir proactivamente.
Aunque la reforma incorporó avances en plataformas electrónicas y derechos ARCO, el Congreso del Estado dejó fuera lo esencial de la propuesta ciudadana de Coparmex Mexicali efectuada en conjunto con Sociedad Civil: no creó un órgano garante independiente y colegiado, ni instaló contraloría social con poder de evaluación y propuesta. Tampoco se estableció un Consejo Ciudadano de Evaluación en materia de integridad pública ni se diseñó una plataforma estatal integrada de apertura y datos abiertos que se vincule al sistema de compras, auditorías, nómina y padrón de beneficiarios. No se impulsó la reforma constitucional para reestructurar el Sistema Estatal Anticorrupción, ni se definieron con precisión indicadores públicos de cumplimiento ni se habilitó un observatorio ciudadano para el monitoreo de la apertura.
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Además, se concentraron funciones en una sola Secretaría, sin autonomía presupuestal, sin procesos de nombramiento abiertos ni secretariado técnico especializado. La propuesta técnica ciudadana recomendaba evaluar la creación de un organismo descentralizado no subordinado al Ejecutivo, con independencia garantizada por diseño institucional.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el acceso a la información, sino el derecho a saber y a participar. Sin órganos autónomos, sin controles cruzados, sin participación ciudadana y periodismo de investigación vinculante, el nuevo modelo corre el riesgo de convertirse en un sistema cerrado. Este paquete legislativo tiene potencial en su narrativa, pero su eficacia dependerá de la presión social, el escrutinio periodístico y el uso activo de los mecanismos ARCO, la portabilidad y los espacios de participación. ¡Es tiempo de saber!
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
