Rostros de extrañeza se observaban en el pasillo único de arribos en el Aeropuerto de Mexicali, ante la llegada de David Alejandro, quien caminaba lentamente bajo la custodia de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Sus manos iban adelante, pero enrolladas con una camisa azul, que tenía la intención de ocultar los candados de mano que le restaban movilidad.
David Alejandro no es cualquier persona y para Baja California se vuelve un objetivo de interés, no porque pudiera ejercer violencia en la entidad, sino porque su firma forma parte de un fideicomiso firmado entre la empresa Next Energy y el Poder Ejecutivo, donde el segundo se comprometía a entregarle directamente un monto de 123 millones de pesos, hasta cumplir más de 40 mil millones de pesos.
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Se trata del proyecto con el que Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador morenista y ahora político afín al Partido del Trabajo (PT), empeñó al Estado a cambio de que la empresa regiomontana construyera una planta fotovoltáica que abastecería de energía eléctrica al acueducto del Río Colorado.
Proveniente del vuelo AM0198 de la Ciudad de México, donde hizo escala luego de ser capturado en Santo Domingo, David Alejandro llegó alrededor de las 21:30 horas a Mexicali, donde fue recibido por agentes investigadores que le leyeron sus derechos y le informaron las acusaciones en su contra.
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Para esta captura se requirió la intervención de la Interpol, debido a que el sujeto había viajado por varias partes del mundo desde que se giró la orden de aprehensión en su contra.
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Cabe señalar que desde marzo del 2022, el Poder Ejecutivo y la Consejería Jurídica, a cargo de Juan José Pon, presentaron la denuncia ante la FGE en contra de ambos directivos (el primero de nombre Nabor, quien fue detenido y liberado luego de varios días, al comprometerse a llevar su proceso judicial en libertad.
En ese momento se iniciaron las investigaciones y arrancó el proceso en contra de ocho exfuncionarios de Jaime Bonilla Valdez, quienes participaron en el aval del proyecto, a sabiendas que el Gobierno de México no les había otorgado los permisos para la construcción. Aún así, diseñaron un contrato leonino que ya comprometía a Baja California a entregarle 123 millones de pesos mensuales.
Sí bien es cierto que a mediados del año se logró la captura de Nabor, el otro directivo de Banca Afirme, y tras un acuerdo con el banco se liberó el fideicomiso de 123 millones de pesos. Sin embargo, nunca se retiró la ficha roja de la Interpol y no se ha definido el proceso judicial en contra de David Alejandro, por lo que será presentado ante el juez y se determinará su situación legal, dado que se encuentra acusado del delito de abuso por retención y el de uso indebido de atribuciones y facultades.
