Gustavo Medina Contreras ha tenido diversos y muy buenos padrinos en su larga carrera por el Poder Judicial en Baja California. Desde el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, cuando es su calidad de magistrado súper numerario, suplió durante los seis años de esa administración a la magistrada Perla Ibarra, luego que solicitó licencia para encabezar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Por alguna razón, quienes le permitieron llegar a magistrado súper numerario sin cumplir con los requisitos, también hicieron magistrado a Gustavo Medina Contreras, lo cual sucedió a poco tiempo del fin de la era kikista en Baja California. Y ahí sigue en el Tribunal Superior de Justicia, donde ahora Gustavo Medina es favorecido tanto por el todavía titular del Poder Judicial, Alejandro Fragoso, como por la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Avila, pues a pesar de no cumplir con los requisitos para ser elegible en la elección del Poder Judicial celebrada el 1 de junio de 2025, se lo permitieron y lo integraron al ventajoso bloque de “candidaturas comunes” en la boleta de la elección, con lo cual le aseguraron el “triunfo”, y varios años más de magistrado. De acuerdo al cárdex académico de Gustavo Medina Contreras, cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California en la ciudad de Mexicali, iniciando cursos en 1980 y concluyéndolos en 1984. Con número de matrícula 78-1682-52, se da cuenta de que Gustavo Medina Contreras, egresó con un promedio de 7.52, lo cual debería haber sido suficiente para considerarlo inelegible, dado que la Constitución refiere, que para ser candidato en la elección del Poder Judicial, es requisito haber promediado un 8 en la calificación de la licenciatura. Sin embargo, ni en el Poder Judicial de BC, ni en el Instituto Electoral del Estado, consideraron que no cumplía con los requisitos. En el primer caso, se explica la omisión si se considera que es precisamente Gustavo Medina Contreras, como miembro del Consejo de la Judicatura, paradójicamente, el presidente de la Comisión de Carrera Judicial, y él mismo -justifican cercanos- ha ocultado su propio expediente académico, omitiendo que no cumple -ni ha cumplido- con el requisito federal y estatal, de haber egresado de la licenciatura con el promedio de 8 requerido tanto en las convocatorias locales como en las federales. Ahora sí que no sólo es inelegible, sino que ha faltado a la honestidad al inscribirse a convocatorias a sabiendas, de manera plena, consciente y por vivencia, de que no cumple con el requisito. Mientras en el pasado, cuando fue candidato a magistrado y posteriormente designado como tal, nadie impugnó los procesos en los cuales fue electo (y en cuyas convocatorias no cumplía con el mínimo promedio requerido), en el proceso del 1 de junio de 2025, su triunfo está impugnado por varias personas, debido precisamente, a que, faltando a la honestidad, se inscribió cuando sabía que no cumplía con el requisito del promedio de 8 en la licenciatura requerido. Y pues sí, ahí está el expediente académico universitario que prueba que su promedio fue de 7.52 y que reprobó dos materias en primer semestre: “Introducción al derecho” e “Historia del pensamiento económico”; otras dos en segundo semestre: “Derecho romano” y Teoría económica”; una más reprobada en séptimo semestre: “Derecho bancario”; y dos no aprobadas en su octavo y último semestre: “Derecho procesal administrativo” y “Práctica forense”; materias todas que aprobó en exámenes extraordinarios, aun con bajas calificaciones. La cuestión es saber si en los siguientes días que los tribunales resuelvan sobre su caso, también le mantendrán en la impunidad y la irregularidad, al saber que no cumple con el promedio, por lo que no debía ser elegible, o si de plano lo protegerán como hasta ahora que, con amiguismos, compadrazgos y algo de deshonestidad para declarar la verdad del promedio, continúa como magistrado estatal en Baja California.
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