Un pequeño grupo se está apropiando del agua. Corrupción combinada con ineptitud, ese es el gran problema de este gobierno, el afán de hacerse millonarios, multimillonarios a costa de lo que sea; y eso a la población le está causando un gran problema, tan sólo en el aspecto hídrico, no nos vayamos ya al de seguridad y lo demás”, denunció Juan Ángel Trasviña, consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y ex miembro de Acora BCS, A.C.
Un grupo de activistas, funcionarios públicos municipales, estatales y federales, así como empresarios, son quienes controlan el servicio potable en el municipio de La Paz; ellos pertenecen a una asociación civil identificada como Acora BCS, A.C., y que rancheros, piperos, comerciantes y ciudadanos los identifican como el cártel del agua.
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Este grupo de personas, se apropiaron del agua y la entregan al mejor postor; están encabezados por la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; la directora de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Lesvia Tatiana Davis Monzón; y el director Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio César Villarreal Trasviña.
A ellos se suman ex servidores públicos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) La Paz, Mario Gálvez Gámez; del Consejo de Cuenca de Baja California Sur, José Luis Meza Trejo; el activista y padre de la presidenta municipal, Juan Jesús Quiroga Avilés y otros más que operan como proveedores y concesionarios de pozos en la ciudad.
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Juan Ángel perteneció a dicha asociación. Fue llevado con engaños, explicó, ya que al inicio el planteamiento era realizar estudios para reducir el desperdicio de agua que fugaba en la red, por fugas, malos manejos y eficientar el servicio a la población, pero el objetivo se fue corrompiendo.
“Quienes están en una organización civil no deberían de estar en puestos; y si están en puestos, que renuncien a la organización civil. Claro que hay un conflicto de interés: no puedes estar en una organización civil por un lado y estar en un puesto público por el otro; o estás aquí o estás allá”, señaló Juan Ángel.
En el caso de los piperos, Amadeo Murillo Aguilar, ex líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Baja California Sur, acusó a Julio Villarreal, de la Conagua, de extorsionar a los concesionarios de los pozos.
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Contó que los dueños del pozo Poloni fueron sus víctimas, ya que este era el último pozo de donde se surtían los piperos de la ciudad, un pozo en trámite de conversión de agua de uso agrícola a servicio comercial, y fue el director local de la Conagua el que exigió 300 millares de agua para su conveniencia a cambio de llevar a cabo el trámite.
“Quería toda el agua para su beneficio, es el juego perverso del director local de la Conagua en conjunto con el OOMSAPAS; están afectando a los piperos para meter a otras empresas”, expuso Amadeo Murillo.
Concordó el consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua, al decir que los servidores públicos quieren hacer negocio con el agua y a los ciudadanos los están dejando sin acceso.
“Tenemos años con problemas de abastecimiento de agua y estar recibiendo miles de personas más, obviamente, pues vamos a tener cada vez menos agua per cápita. Y dicen, ‘es que queremos desarrollo’. No, eso no es desarrollo, es desarrollismo. Cuando te desarrollas a costa de lo que sea, ya no es desarrollo, es desarrollismo, y es lo que estos imbéciles no entienden”, lanzó Juan Ángel.
En referencia a la mala administración de los servidores públicos, dijo que de continuar operando como un cártel del agua, van a originar una catástrofe hídrica.
“¿Hacia dónde vamos en 10 años? A una catástrofe hídrica, que la población prácticamente no va a tener, no va a contar con agua; sólo los desarrollos van a estar recibiendo agua y la población va a tener que estar comprar agua a las pipas, que también es un gran negocio, negocio de unos cuantos”, comentó el consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua.
LAS CORRUPTELAS
“Es un crimen lo que están haciendo con el agua de la ciudad, tenemos un déficit complicado, sacamos más de lo que se repone el acuífero. El dato exacto no se puede dar porque no hay macromedición que nos permita medir cuánto es el agua que se está extrayendo de los pozos, sin embargo, el acuífero sigue siendo el mismo, y el agua que se introduce es menor y el agua que se extrae es mayor. Entonces yo me atrevo a decir que el agua disponible, lejos de ser la misma, es cada vez menos, pensándolo así como en un en un vaso que estás cada vez metiéndole más popotes para extraer el agua”, explicó una especialista del OOMSAPAS La Paz.
La experta en aguas expuso a ZETA que si se hiciera una revisión de todos los estudios de factibilidad, es decir los estudios necesarios con los que se demuestra cómo un proyecto inmobiliario va a atender las necesidades de agua de los inquilinos, en papel el municipio de La Paz podría surtir de agua a todo el país.
Sin embargo, el agua que realmente existe en el acuífero de La Paz es diminuto a lo que está plasmado en papel, y esto es porque los servidores públicos se han dedicado a vender permisos para la construcción, están llenando de condominios, departamentos, hoteles y demás, cuando no hay agua suficiente ni siquiera para los habitantes. “Se están llenando los bolsillos a costa de la necesidad”.
El Ayuntamiento de La Paz recientemente entregó la licencia de construcción y estudio de factibilidad para el megaproyecto “Distrito Malecón”, que pretende construir condominios y una plaza comercial en la zona del Malecón, lo cual limitará el agua para los habitantes.
“Esta obra, en particular ellos, como todas las obras que se quieren hacer de desarrollos, de hoteles o lo que se quiera hacer, tiene que tener factibilidad y entregar volúmenes de agua al organismo. Consiguieron el agua, de los pocos, porque muchos lo pagan y nosotros tenemos que hacer perforaciones con el dinero que se paga, etcétera. Pero ellos llegaron a un acuerdo con un ejido que tenía volúmenes de agua y entregaron el volumen al Ayuntamiento, que son cerca de 10 litros por segundo que nosotros ya estamos usando”, sostuvo Milena Quiroga Romero.
Ante esto, Juan Ángel Trasviña condenó el que los servidores públicos estén vendiendo el agua, especulando con un recurso que no se pueden dar el lujo los ciudadanos de tener.
“Esos estudios (de factibilidad) son tan falsos como un billete de tres pesos; o sea, ¿cómo vas a justificar que vas a darle agua a un desarrollo cuando resulta que no hay agua ya para la población? Entonces, es simplemente sacar más dinero, los están cobrando creo que en medio millón o algo así, ¿no? Entonces es parte de la corrupción; ineptitud combinada con corrupción desgraciadamente”.
Desde el Ayuntamiento de La Paz y el OOMSAPAS, incluso algunos constructores señalan a Jesús Quiroga Avilés, familiar de la presidenta municipal como el encargado de aprobar las licencias de construcción, los estudios de factibilidad y hasta quién recibe obras.
Lamentó no estén planeando el crecimiento poblacional, que estén entregando licencias de construcción sin siquiera detenerse a pensar en el daño que están provocando.
“No ha habido una planeación adecuada para el manejo del recurso hídrico y al excesivo crecimiento. Están autorizando construcciones enormes que consumen muchísima agua, cuando ya la población ya tenía problemas de abastecimiento de agua”, puntualizó Trasviña.
AGUA TURBIA
Una serie de denuncias fueron recolectadas por ZETA en las que señalan a miembros de Acora BCS, A.C., no sólo de privatizar el agua y entregarla al mejor postor, sino que también deciden a qué empresas les otorgan las obras y licitaciones públicas.
Una de las empresas detectadas con movimientos turbios, es Hidrología Hidráulica de México, S.C., empresa en la que es accionista el director local de la Conagua, Julio César Villarreal Trasviña, y que es operada por otro miembro de Acora BCS, el ingeniero Erick Alejandro Manríquez Peña.
Esto quedó al descubierto en un contrato de adjudicación directa del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS) Los Cabos el 19 de mayo del 2023, en el que la empresa de este par recibió un contrato por alrededor de 453 mil pesos.
Asimismo, la Comisión Estatal del Agua, de la directora Lesvia Tatiana Davis Monzón, que también pertenece a Acora BCS, la cual favoreció a su compañero de asociación Manríquez Peña con el contrato del levantamiento topográfico del Arroyo El Cajoncito de La Paz por un monto de más de 200 mil pesos más IVA, esto para hacer las mediciones para la obra insignia de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, que es el Parque El Piojillo.
De esta manera, es que miembros de la AC se han favorecido de contratos en obras municipales, estatales y federales; al igual se presentó en otra adjudicación directa de CEA por más de 400 mil pesos para el “proyecto ejecutivo de drenaje pluvial urbano en la parte externa del margen derecho del Arroyo El Piojillo en La Paz”, también para el parque insignia de la presidencia municipal.
En la cuenta pública del 2022, el Ayuntamiento de La Paz y el proveedor Erick Alejandro Manríquez Peña fallaron a la verdad, en la observación de más de dos millones 858 mil 300 pesos que hiciera la Auditoría Superior del Estado, ya que observó que se realizaron adquisiciones por concepto servicio de levantamiento de estudio fotogramétrico, mediante el procedimiento por invitación por lo menos a tres proveedores, y se solicitó un documento que compruebe que se efectuaron sin algún interés personal, familiar o de negocios de algún servidor público del proveedor, ya que hay conflicto de interés con la misma Presidenta Municipal, el director de Conagua y de CEA por pertenecer a una asociación civil.
Dichas observaciones fueron visibles por parte de la Auditoría Superior del Estado, leídas y señaladas en el Congreso del Estado, y la Fiscalía Anticorrupción no actuó en defensa de los recursos públicos.
ELTRÁFICO
En el municipio de La Paz, el agua es para quien la paga mejor. Es decir, este recurso vital es para el mejor postor, en este caso para las grandes empresas refresqueras internacionales como Coca-Cola y Pepsi-Cola, que reciben más de 600 millones de litros al año, que serviría para abastecer a miles de hogares por meses en la ciudad.
La Conagua, el Ayuntamiento de La Paz y el Organismo Municipal de Agua Potable son quienes definen a quién sí y a quién no prestar el servicio de agua potable mediante pozos, este reducido grupo de personas, desde la presidenta municipal, la directora del Organismo y el director Julio Villarreal deciden a quién darles agua.
Ain cuando existe gran número de familias que no reciben el servicio de agua entubada, es decir que no hay una red de agua potable y que tampoco le llevan el vital líquido con regularidad, no permiten que piperos presten el servicio y le entregan más de 605 millones de litros al año a la industria refresquera sólo en el municipio de La Paz.
“Aquí otra noche más para cargar para el día de mañana, para sacar la chamba; otro día más venirnos a dormir para poder cargar mañana lunes a las seis de la mañana, para tratar de sacar un viaje diario y llevar sustento a la familia. La gente nos pregunta qué por qué no les damos el servicio, qué pasa, pero no es asunto de nosotros. Las autoridades están haciendo muy difícil nuestro trabajo; nosotros no hacemos el negociazo que está haciendo la autoridad vendiendo el agua a las refresqueras”.
Las empresas Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V., mejor conocida como Coca-Cola, y Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V., o Pepsi-Cola, reciben anualmente 425 millones de litros y 180 millones de litros de agua respectivamente.
Coca-Cola recibe agua mediante la concesión de uso industrial número 858327, otorgada por la Conagua local el 23 de enero del 2024; mientras que Pepsi-Cola cuenta con cuatro concesiones de agua tipo industrial: 1BCS100102/06FMGR94 del año 1994, 01BCS104802/06FMGE01 del 2001, 01BCS154228/06FMDL18 del 2018 y 834529 del año 2021, todas entregadas por la Comisión.
Entonces, los funcionarios públicos le quitaron el servicio de agua a los piperos que les entregan el servicio a las personas que no lo reciben por el SAPA La Paz, y le dieron el agua para que hagan bebidas azucaradas a un precio muy bajo para que hagan negocio con la necesidad de los paceños.
LOS SOCIOS DE ACORA BCS
Acora BCS, A.C., fue conformada legalmente el 11 de enero del 2016 según consta la escritura pública 10,910 ante el Notario Público 15, y se desarrolló un acta de asamblea extraordinaria de socios de la sociedad para incluir a dos personas más, quedando conformado de la siguiente manera:
Eduardo Peña Gallardo, Héctor Essau González Arvizu, Ernesto Inzunza López, Mario Javier Angulo Loya, José Luis Meza Trejo, Ángel Rafael Jiménez Illescas, José Vicente Aguilar Osuna, Crispin Neptali Montoya Camacho, Víctor Eduardo Sevilla Unda, Adolfo Castillo Mendívil, Enrique Bonillas Fimbres, Juan Manuel Gutiérrez Hernández, Silvia Quilvania Quiroga Iturburu, Juan Jesús Quiroga Avilés, Milena Paola Quiroga Romero, Julio Cesar Villarreal Trasviña, José Alberto Camberos López, Mario Ramón Gálvez Gámez, Miguel Flores Díaz De León, Lesvia Tatiana Davis Monzón, Jorge Enrique Cunningham Berber, Julio Eduardo Ysla Azabache, Lorenzo Castañeda Del Pozo, Agustín Mendoza Moreno, Enrique Troyo Dieguez, Erick Alejandro Manríquez Peña, Juan Carlos Higuera Peña y Juan Ángel Trasvina Aguilar (este último recién envió una carta renunciando a dicha asociación).
