El diputado de Morena, Sergio Polanco Salaices, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California Sur, con el objetivo de dar paso a un nuevo tipo penal en la entidad: el fraude inmobiliario.
Con la adición del Artículo 241 Bis al Código Penal, pretende crear el delito específico de fraude inmobiliario, con una sanción de tres a once años de prisión y una multa de hasta 300 días para quien ordene o realice cualquier acto de promoción o colocación de publicidad, ofreciendo lotes o fracciones no autorizados a sabiendas de que no cuentan con los permisos de las autoridades correspondientes.
Publicidad
Esto incluye a quienes fraccionen o transfieran una propiedad o posesión sin que se cuenten con los permisos o requisitos de ley, o enajenen bienes inmuebles pertenecientes a un conjunto habitacional, fraccionamiento o condominio, cuya construcción se llevó a cabo en predios ubicados en área no urbanizables.
En tribuna el diputado argumentó que con esta iniciativa tiene la intención de proteger la economía de las familias sudcalifornianas y fortalecer la certeza jurídica en el sector inmobiliario.
Publicidad
Asimismo, expuso que el derecho a la vivienda está consagrado en el párrafo octavo del Artículo 4 de la Constitución de México, y que la ley debe establecer los instrumentos necesarios para que se cumpla con esta enmienda.
En su exposición de motivos recordó que en estos momentos el Código Penal del Estado contempla el fraude específico en el Artículo 241, con diversas hipótesis que se relacionan con la venta fraudulenta de bienes inmuebles.
Publicidad
No obstante, Sergio Polanco considera que las penas que se establecen por esta modalidad de fraude no reflejan la gravedad del delito.
“Se estima que en estos casos la pena debe ser más severa, ya que el fraude inmobiliario no sólo ocasiona un perjuicio patrimonial a las víctimas, sino que también genera inseguridad jurídica, desalienta la inversión y debilita la confianza ciudadana en las instituciones y genera, además, problemas relacionados con el correcto desarrollo urbano”, leyó en Tribuna.
Enfatizó que en Baja California sur el sector inmobiliario ha generado un aumento significativo de operaciones de compra-venta y arrendamiento, pero, al mismo tiempo, se han denunciado prácticas fraudulentas como el caso de la colonia Mar Sol, donde decenas de familias siguen sin servicios públicos y sin las escrituras de terrenos que ya pagaron a Inmobiliaria Zapata.
“Desde ventas de lotes sin encontrarse, aprobadas las autorizaciones o bien dentro de terrenos irregulares o en zonas considerada no urbanizables o de alto riesgo, ventas dobles de terrenos o falsificación de documentos de propiedad, suplantación de propietarios, arrendamientos sin autorización y otros actos ilícitos que lesionan gravemente el patrimonio de las familias sudcalifornianas”, enlistó.
