El protocolo de las bodycams debe estar respaldado por una ley para que las videograbaciones puedan ser utilizadas como pruebas en diferentes investigaciones, así como en procesos legales, según comentó el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, Jorge Ramos.
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Señaló que, si bien es cierto que el protocolo representa un aspecto positivo para dotar de herramientas a los agentes municipales, es necesario escalar dicha normatividad hasta que cuente con la solidez jurídica requerida para que los videos puedan ser utilizados como pruebas en distintas instancias.
“La Sindicatura tiene facultades para realizar normas técnicas y son suficientes jurídicamente para poder obligar a los servidores públicos a atender esas medidas; me parece jurídicamente sólida, tratándose de cumplir con la utilidad de las bodycams, pero el valor probatorio que pueda tener la cámara en un proceso judicial es otra cosa que acá estamos estudiando, que ya no está al alcance de una norma”.
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Con lo anterior, el legislador comentó que sostendrá reuniones con el Poder Judicial y la propia Fiscalía para darle un respaldo legal al protocolo mediante una ley, algo similar a lo que se hizo cuando se creó y aprobó la normatividad en materia de halconeo.
Dicho procedimiento legislativo es de suma importancia para evitar amparos o que aquellos agentes que hagan mal uso de sus facultades puedan salir impunes debido a la falta de un respaldo jurídico en la materia.
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Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, señaló que dicha medida se implementó debido a que era sumamente necesaria la presencia de las cámaras corporales en el actuar de la Policía Municipal, y no descartó que, conforme transcurran los meses, dicho protocolo pueda sufrir modificaciones para fortalecerlo.
