El 26 por ciento de los delitos del fuero común, y el 40 por ciento de los delitos del fuero federal, cometidos por adolescentes, están relacionados con el crimen organizado, el homicidio, secuestros, privaciones, extorsiones, narcomenudeo, posesiones de armas y más.
En ese contexto de desatención e impunidad, surgen casos como el de Cristian Iván “N”, de 16 años, quien, inspirado en los ritos de la Santa Muerte y la teleserie “Dexter”, el 1 de julio privó de la vida y desmembró a su novia, Keyla Nicole, de apenas 13 años, en El Rosario, poblado al sur del municipio de San Quintín.
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Hace unos días, Mario Alexander y Ángel Francisco, de 17 y 16 años respectivamente, fueron detenidos en la colonia Palma Real en Tijuana el 24 de agosto. Ya habían sido denunciados porque con violencia, estaban “despojando a residente de la zona de sus casas y terrenos”; ese domingo fueron capturados por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad en posesión de una pistola y un fusil abastecido y con cartuchos expansivos, y manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa.
El 26 de agosto, otro joven de 17 años fue detenido trasladando un rifle y equipo táctico en una maleta en la colonia Presidentes. Antes, el día 15, la Policía Municipal de Tijuana informó de la captura de dos menores armados que circulaban en un vehículo con reporte de robo en la colonia Camino Verde en Tijuana, les marcaron el alto y “al intentar huir (…) agredieron con un arma larga a elementos municipales”.
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Cuatro hombres bajaron del auto de huida, pero sólo Jesús Emmanuel “N” y Ángel José “N” de 16 años fueron capturados: “Los detenidos manifestaron trabajar para una célula delictiva y haber sido enviados para atentar contra personas en un establecimiento de máquinas de juegos de azar en avenida Sonora. Asimismo, refirieron su posible participación en un hecho registrado horas antes en la calle Aguascalientes, donde una persona perdió la vida por proyectil de arma de fuego”, reportó el ayuntamiento en su comunicado de prensa, y los jóvenes quedaron en internamiento.
Actualmente, en Baja California, 101 menores entre los 14 y 17 años están compurgando sanciones privados de la libertad en centros de internamientos, y otros 320 adolescentes que cometieron delitos, cumplen medidas cautelares en libertad, bajo supervisión.
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Oficialmente, los registros de incidencia delictiva de Baja California, indican un aumento del 7 por ciento en los crímenes cometidos por menores el presente 2025 en comparación con el año pasado.
“La Ley únicamente permite detener a jóvenes mayores de 14 años, por lo que los criminales han empezado a reclutar adolescentes de 13 años”, expuso el magistrado Álvaro Castilla.
La mayoría de la reincidencia se da en los delitos contra la salud, y la fiscal de adolescentes la estimó en un 20 por ciento.
LAS JÓVENES FLECHAS DEL APACHE
Julio Enrique Trejo de Jesús, el Bébelo, cumplió 18 años el pasado 22 de junio y fue aprehendido por la autoridad tres días después, el 25. Cuando le informaron que le estaban ejecutando una orden de aprehensión por el homicidio de un hombre cometido el 17 de junio en la calle Félix Parra de la colonia Libertad, el joven inmediatamente informó a su defensor que en ese momento era menor de edad, así que a pesar de que hay videos y testigos que lo ubican como el único presunto responsable del mencionado delito, por esta muerte no podrán imputarle una pena mayor a cinco años, porque deberán juzgarlo como menor.
De acuerdo a los informes de los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, el Bébelo, fue identificado desde el año pasado, como uno de los brazos armado y operadores delictivos del mexicoamericano Brayan Corona, alias el Apache, traficante al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF), quien desde diciembre del 2023 protagonizaba una pugna interna contra Pablo Huerta, criminal entregado esta semana al gobierno de Estados Unidos.
Conforme a las carpetas ministeriales, el Bébelo también formaba parte de la célula responsable del homicidio de Luis Alejandro Becerra Vásquez, propietario de Saldos Max, privado de la vida el sábado 2 de agosto dentro de su negocio en la colonia Tomás Aquino, grupo del cual este mes de agosto fueron detenidos otros nueve integrantes.
El 4 de agosto la policía municipal capturó en posesión de armas a Pedro Antonio “N”, Marco Antonio “N”, Geovanny “N” y José Marcos Oceguera, alias el Botas, presunto autor material de la muerte del empresario. Adicionalmente, en un cateo ejecutado el jueves 7 de agosto realizado en un domicilio de El Lago Residencial en una zona exclusiva de la delegación de Otay, otros cinco jóvenes entre 18 y 19 años fueron aprehendidos. En el lugar aseguraron droga empaquetada e identificada con una caricatura engomada, de un hombre con una pluma en la cabeza, un arma larga y dos cortas.
Una de las pistolas calibre 9 milímetros decomisada, resultó relacionada con nueve homicidios de masculinos cometidos: el 19 de mayo en la colonia Alfonso Garzón; el 26 de mayo en la colonia Aeropuerto; el 12 de junio en la colonia 70-76; el 17 de junio en la colonia Libertad Parte Alta; el 26 de junio en la colonia 70-76; el 3 de julio en la colonia Postal; el 20 de julio en la Libertad; y el 1 de agosto en el 70-76.
El arma también resultó positiva en la muerte del joven barbero estilista, Christian Eduardo Tapia Escobar, de 30 años, baleado el 30 de junio a las afueras del negocio “Álamo Barber Shop” en la colonia Aeropuerto, en Tijuana, quien previamente había sido amenazado. En esta carpeta hay dos órdenes de aprehensión concedidas, contra los presuntos autores materiales, basadas en imágenes de video y testimonios; una de ellas es precisamente contra Julio Enrique Trejo de Jesús, el Bébelo, quien el día de los hechos ya había cumplido 18 años, y por este crimen sí será juzgado como adulto.
Un mes antes, 21 de mayo, otro adolescente, Brayan “N”, de 16 años, y de los reclutados por el CAF, fue protagonista de más historias de sangre y alto impacto. La mañana de ese miércoles, el menor de edad, con intenciones homicidas, ingresó al Hospital General de Tijuana armado; algo lo asustó y huyó, y en la carrera se le cayó el arma, pero el hecho no fue reportado. Regresó por la tarde y a las 18:20 horas los números de emergencia recibieron el reporte de detonaciones y presencia de personas armadas -uno de ellos disfrazado como enfermero- en el área de emergencias del nosocomio, que concluyeron con la muerte de la paciente Wendy Lizeth Martínez Quijada, de 39 años, quien había ingresado al hospital un día antes, tras ser baleada en la colonia Ignacio Ramírez.
De su asesinato, el fiscal de homicidio Miguel Gaxiola, advirtió que la familia de Wendy conocía al atacante desde una semana antes, que la víctima tenía un control sobre un tema de narcomenudeo y en ese contexto tuvo contacto previo con el victimario, “Es un tema que era habitual, de ir a recoger cierto producto e ir a entregarlo”.
Conforme a los reportes de inteligencia, ambos eran integrantes de la mafia del Cártel Arellano, al servicio de Brayan Corona, el Apache; pero como parte de un pleito interno, el adolescente habría sido reclutado a una segunda célula del CAF encabezada por el ex policía municipal de Tecate, Edgar Vázquez Flores, alias el Speed, de 38 años, que fue detenido como presunto jefe criminal de un comando negro responsable de una serie de secuestros, quien siempre alegó inocencia y fue liberado dos años atrás.
Las autoridades ministeriales informaron que este mismo grupo está relacionado con los detenidos por los intentos de extorsión a los comerciantes del Mercado de Abastos en Tijuana y el intento de secuestro que terminó en el homicidio el 2 de julio del empresario de marketing Alán Miranda. Y con el grupo, apresado el 18 de junio por la policía municipal, una mujer y tres varones, entre ellos el adolescente José Guadalupe “N” quien resultó con el rostro quemado después de lanzar una bomba molotov frente a un yonke Fórmula 1, en la delegación la Mesa, después que el propietario se negara a pagar una extorsión.
TODOS LOS CÁRTELES
Pero el reclutamiento de menores no es exclusivo del CAF, pues el Cártel Jalisco y el de Sinaloa también lo hacen. En la pugna sinaloense, el viernes 28 de marzo, Jorge Antonio de 14 años, fue asesinado a balazos en la calle Yonkeros y Cerrada Virgo en la colonia Reacomodo Sánchez Taboada en Tijuana; vestía aún el uniforme de la secundaria 82.
El 7 de julio, Iván Etzael “N”, alias el Talibán, fue detenido en colonia Tomás Aquino; tenía orden de aprehensión por la desaparición forzada de tres menores. Y el 22 de marzo dos menores de edad y un adulto fueron detenidos porque ataron de manos y pies y manos a cuatro adultos en el interior de una casa en la zona norte y le prendieron fuego al inmueble. En ambos casos, las investigaciones de estos asuntos se dirigieron a integrantes del Cártel Jalisco.
FISCALÍA DE ADOLESCENTES, MÁS DE MIL 600 CARPETAS EN SIETE MESES
Entrevistada, la Mtra. Luz María Félix Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes en Baja California informó que, en un comparativo de enero a julio (los primeros siete meses de los últimos dos años), la incidencia de delitos generales cometidos por jóvenes pasó de 775 carpetas en 2024 contra 826 en 2025. Lo que registra un incremento del 6.71 por ciento.
De las 826 carpetas del presente año, el 26 por ciento fueron delitos en los que la Ley contempla como obligatorio la judicialización mediante un juicio y la prisión preventiva oficiosa, como lo son: contra la salud, portación de arma, homicidio, secuestro, desaparecidos, lesión y robo con violencia física. “Todos se tuvieron sentencias condenatorias”.
Y tratándose de crímenes considerados de alto impacto, el aumento particular fue de:
Actualmente, 101 menores se encuentran recluidos en los Centros de Internamiento para Adolescentes (CIA) de Baja California: 71 en Tijuana, 21 en Mexicali y 11 en Ensenada, de acuerdo a información proporcionada por el Poder Judicial.
El otro 74 por ciento de los delitos -que no ameritan prisión- cometidos por menores, también se procesaron, pero “en la mayoría de los casos en materia de sentencias tenemos que aplicar un principio de la justicia alternativa, que es la solución del conflicto pacífico. Se estima y acuerda la reparación del daño, que se ejecutará cuando el menor tenga la mayoría de edad, y se aplican medidas como que el joven inmediatamente sea integrado un centro de rehabilitación, o se ha removido del seno familiar, remitirse a algún sistema escolar abierto o escolarizado, un tratamiento externo para atención a adicciones en el Instituto de Psiquiatría en cada delegación, o la asistencia a algún taller o curso”, explicó la fiscal para adolescentes.
“Hace aproximadamente tres semanas tuvimos una reunión en la que se acordó que el Departamento de Medidas Cautelares entregaría el listado de los jóvenes que están incumpliendo con las firmas, que no se inscribieron a una escuela, o a los programas de desintoxicación y nos corresponderá generar una audiencia para que el juez determine otras medidas, que pueden ser desde semi internamiento hasta reclusión domiciliaria supervisada o localizador electrónico, que usualmente sólo se decide para los menores de lugares como Tecate y Rosarito, donde no hay donde vayan a firmar”, agregó.
DELITOS EN ENTORNO ESCOLAR
Como los delitos cometidos en el entorno educativo se contabilizan de manera independiente, a las 826 carpetas iniciadas por crímenes generales se suma otro número similar por delitos cometidos o detectados en las escuelas. En este caso la fiscalía proporcionó dos cifras.
Primero reportó que de 630 carpetas en los primeros siete meses del 2024 había aumentado a 840 en el mismo periodo del 2025, un incremento del 33 por ciento. Y después indicó que de 712 el año pasado había subido a 746 el presente año, lo que revela un incremento de 4.8 por ciento. Al final la única certeza es que han sido alrededor de 800 delitos cometidos en el entorno escolar.
“Llevan armas, droga, balas, encontramos en una ocasión inclusive un feto en una en uno en unos sanitarios, amenazas, lesiones, delitos contra la salud, delitos contra la imagen, hostigamiento” recordó Luz María Félix Figueroa.
“La posibilidad de que un joven cometa un delito es multifactorial, pero creo que en este momento sí afectó bastante la pandemia. Adolescentes en encierro, con falta de convivencia y el acceso obligado a las redes y computadoras, la flexibilidad en el entorno familiar y educativo, la ausencia de control”, refirió.
“En esas condiciones, el adolescente regresó al sistema educativo escolarizado empoderado, retando a los maestros, que les ha costado retomar la autoridad y han sido más flexibles para que el proceso sea paulatino. Cuando se detectan los delitos, se activan los protocolos -cursos, clases, servicios, todo antes del encierro- y las posibilidades de éxito radican en acompañamientos familiar”, concretó la fiscal.
CRÍMENES Y REINCIDENCIA
Consultados, Félix Figueroa y Álvaro Castilla Gracia, magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescente en Baja California, identificaron el narcomenudeo como el delito de mayor reincidencia, “un 20 por ciento” estimado por la fiscal, seguido de las amenazas, los delitos en el entorno escolar, delitos contra la imagen, y los sexuales.
En los 18 años que lleva operando el Sistema de Justicia para Adolescentes, también han detectado el incremento también en “la portación de armas de fuego, la violencia con la que se cometen delitos. Y el involucramiento de ellos con adultos; van con ellos a cometer los delitos y los jóvenes echan la culpa de los delitos mayores, porque el joven va a un tratamiento que por máximo es cinco años y la sentencia puede modificarse y reducirse, y un adulto puede estar en prisión hasta 30 años”, apuntó Castilla.
Otro común denominador entre los jóvenes involucrado en conductas delictivas es que “no hay una supervisión y acompañamiento de los padres o tutores; no concluyen sus estudios siquiera de primaria y los lleva al uso-abuso de drogas y para obtener recursos para seguir manteniendo su vicio empiezan a cometer conductas ilícitas como el robo, en todas sus modalidades; y después empieza a involucrarse en conductas más gravosas como venta de droga, lesiones, homicidio, en narcotráfico, trasiego, la custodia de grandes volúmenes de enervantes y psicotrópicos, y además también en la portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, con los cárteles y delincuencia organizada, como trata de blancas, robo de vehículos, extorsiones y homicidios”, agregó el magistrado.
Castilla reconoció un aumento en la incidencia de delito cometidos por menores, pero aseguró “no se disparó para ponernos en estado de alerta máxima” porque, dijo, todas las instancias del sistema y de los gobiernos trabajan en la prevención -“evitar la deserción escolar”- y seguimiento cuando egresan de los CIA para que no reincidan. Actualmente tienen un nuevo proyecto para darles oportunidades a los jóvenes que salen de los centros de internamiento. En este programa trabajan tres personas y un supervisor depende del Sistema Estatal Penitenciario.
“Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, todo el aparato de gobierno se involucran para apoyar a estos jóvenes con un programa diseñado por el gobierno de Canadá y estamos adaptándolo a México”, detalló Castilla.
“Los jóvenes que ya egresaron, ya no están por ley sujetos al sistema, así que aceptar el acompañamiento debe ser voluntario, y todas las instancias de gobierno apoyan; por ejemplo, nosotros en el Poder Judicial abrimos espacios para que presten servicio, que conozcan el sistema de administración de justicia para ver si tienen ganas de estudiar leyes o algo afín. Les conseguimos dos plazas eventuales”, ejemplificó el juzgador.
Actualmente, nueve jóvenes egresados de los Centros de Internamientos de Adolescentes son los que están en este programa.
PENALIZAR RECLUTAMIENTO
De la reforma que el Congreso federal analiza desde el pasado mes de febrero para penalizar el reclutamiento de menores por parte de delincuentes mayores, los funcionarios consideraron que, pese a las buenas intenciones, será de difícil aplicación, porque un alto porcentaje no son obligados a ingresar a los grupos delictivos.
“Ellos refieren que forman parte de un corporativo, que van teniendo niveles, empiezan desde el aviso -halconeo- de puntero, como dicen ellos, hasta llegar a la confianza de tener la sustancia para poder distribuirla”, explicó la fiscal Luz María Félix Figueroa.
— ¿Y qué les ofrecen?
“Simplemente ser parte del grupo delincuencial y el joven desea pertenecer. Les venden el hecho de que van a tener mayores recursos sin ningún mucho esfuerzo; el que van a tener los satisfactores, como la vestimenta que ellos quieren trae, el celular el carro que no tenían y ahora lo traen para hacer sus actividades delictivas; les ofrecen lo que no tienen en su entorno familiar usualmente -no siempre- de carencias”.
Probar el reclutamiento será difícil porque “Los adolescentes son fieles y no necesariamente por miedo; no quieren dejar de pertenecer o poner en riesgo lo que tienen, no hay miedo a quedar detenidos”.
“Nos dicen ‘no, no pasa nada, mi familia va a seguir recibiendo -el dinero que la organización les da semanalmente a los menores-, que es lo que me preocupa’. A veces las familias saben que ese teléfono o ese auto se los dio el ‘corporativo’ y lo están normalizando. Además, en fechas recientes, es cada vez más alto el porcentaje de adolescentes representados por abogados particulares, para evitar su internamiento o reducirlo”.
El magistrado Castilla Gracia coincidió: “El adolescente actúa en obediencia jerárquica, pero no quiere denunciar porque tiene un sentimiento de pertenencia y obediencia hacia esas personas, y generalmente participan por gusto. Sienten emoción, sienten adrenalina, están recibiendo una compensación económica, sienten que están trabajando, sienten que están haciendo algo; que está mal, ciertamente los valores están invertidos, pero cuando platican con ellos, ellos sienten que están bien”.
