Rafael Alejandro Moreno Cárdenas -coloquialmente conocido como “Alito”-, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció, el 23 de septiembre de 2025, que presentó, ante diversas instituciones del Gobierno estadounidense, una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”.
Según la carátula de la denuncia, que presentó el también senador priista, en su cuenta de la red social X, la misma fue presentada en Washington D.C., ante la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, así como el Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT), además de la Agencia Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), todos por sus siglas en inglés.
“Denunciamos ante el FBI y la DEA, al Coordinador de los Senadores de MORENA, @adan_augusto, por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”, escribió “Alito”, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
“Ref.: Denuncias de actividad delictiva con impacto transfronterizo relacionadas con el robo, contrabando y lavado de dinero de petróleo crudo por parte de un ciudadano mexicano vinculado al gobierno mexicano, específicamente el actual senador Adán Augusto López Hernández”, dice el texto del documento presentado por Moreno Cárdenas.
“A. Introducción. Le escribo para proporcionar información sobre posibles actividades delictivas que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización delictiva y realizan diversas actividades delictivas, como un plan para robar petróleo crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este plan parece violar varias leyes federales de Estados Unidos”, comentó “Alito”, en su denuncia.
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Un día antes, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal suplente y militante del Partido Acción Nacional (PAN), presentó, el 22 de septiembre de 2025, una solicitud de juicio político contra el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, para quien demandó la destitución e inhabilitación hasta por 20 años.
Luego que la semana pasada dejó la curul tras la reincorporación de la titular, Mónica Becerra Moreno -del grupo parlamentario panista en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, Pérez-Jaén Zermeño presentó el recurso en su calidad de ciudadana.
Según el documento entregado por la legisladora federal suplente, a la Secretaría General de San Lázaro, la solicitud de juicio político en contra del senador de Morena sería por haber encubierto y beneficiado, cuando fue gobernador -del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, redes criminales en Tabasco, en particular a “La Barredora”, organización que presuntamente era liderada por Hernán Bermúdez Requena, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante su Administración.
“En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes […] Es de notorio conocimiento que al ser él el superior jerárquico de su entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Tabasco, en su periodo como gobernador, tenía conocimiento de las actividades ilícitas”, expuso Pérez-Jaén Zermeño.
Según detalló la diputada federal suplente, entre los probables delitos cometidos por López Hernández, estarían tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, esta última al haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Bermúdez Requena, sin realizar el reporte a las autoridades correspondientes.
Pérez-Jaén Zeremeño informó que la demanda de juicio político contra el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado se sustentaba en gran medida en los 30 informes oficiales dados a conocer por la organización de ciberactivistas Guacamaya Leaks.
“El que era director general del Centro Nacional de Inteligencia [CNI] era el General Audomaro Martínez, tabasqueño, incluso de esos 30 informes, las oficinas que tienen en el centro-sureste está consignado por medio de informes militares que todos ellos tenían conocimiento de las actividades delictivas de La Barredora […] Dice él [López Hernández] que no tenía conocimiento, pero los informes de Guacamaya Leaks dicen todo lo contrario”, afirmó la legisladora federal suplente, quien adelantó que regresaría el jueves 25 de septiembre de 2025, a San Lázaro, a ratificar su solicitud.
El mismo día, Javier May Rodríguez -militante de Morena y gobernador de Tabasco-, aseguró que no se encubriría a nadie derivado de las investigaciones por el caso del grupo delictivo de “La Barredora”. Asimismo confió en que su antecesor, López Hernández, acudiera ante las autoridades correspondientes, en caso de ser requerido en las investigaciones.
El mandatario estatal dijo que de las investigaciones promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco y la Fiscalía General de la República (FGR), se desprenderían nuevas acciones, y acusó a la oposición de capitalizar políticamente las investigaciones.
“Ha habido una amplia información sobre la detención de Hernán Bermúdez, las Fiscalías harán sus trabajos, están ahorita desahogando las audiencias, creo que mañana continúan y de ahí se van a desprender varias acciones; yo creo que tanto la Fiscalía General del Estado de Tabasco, como la Fiscalía General de la República, serán quienes lleven a cabo las acciones correspondientes contra quienes estén involucrados”, enfatizó May Rodríguez.
“El senador Adán ha estado muy claro que si es requerido él va a acudir y se va a presentar. Entonces, digo, no somos iguales, nos han querido vincular que somos lo mismo, que son, que es igual, ¿no? Aquí hay cero impunidad, aquí no se solapa a nadie, no se encubre nadie, no se pacta con nadie”, manifestó el gobernador de Tabasco.
“Nosotros esperamos que por muy dura que sea la verdad, se tiene que saber. Nosotros hicimos un compromiso con el pueblo de Tabasco y nuestro movimiento encabeza esta filosofía: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que guía nuestras acciones y, quien cometa una acción, pues tendrá que comparecer y responder por esos hechos”, insistió el militante de Morena.
“Nosotros fuimos los que iniciamos [las investigaciones], no solapamos a nadie. Este Gobierno fue el que inició las acciones contra quienes resultan responsables de hechos de carácter delictivos, de hechos de crimen organizado. Vamos a esperar a que transcurran las investigaciones, ya hay detenidos, personajes importantes que eran los que comandaban estos grupos, y seguramente, se va a llevar un proceso apegado a derecho, más allá de un linchamiento mediático y querer sacar ventajas”, finalizó el mandatario estatal.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró, el 22 de septiembre de 2025, que era importante que Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y/o “Comandante H”, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC), durante la Administración de Adán Augusto López Hernández -gobernador tabasqueño, del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021-, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, se encontrara detenido.
“Lo importante es que está detenido, y casi nadie lo menciona. Están detenidos esta persona y todas las que presuntamente están involucradas en episodios de violencia en Tabasco; tiene que haber un juicio”, declaró la mandataria nacional, durante su conferencia de prensa matutina.
Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR), determinar si López Hernández -actual coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado- debía rendir declaración en torno a los presuntos vínculos de su ex jefe policiaco, con el grupo delictivo “La Barredora”.
“Eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros. A partir de las investigaciones es una definición de la Fiscalía. El propio senador Adán Augusto dijo: ‘si me llaman, puedo declarar, no tengo ningún problema’, entonces es una decisión de la Fiscalía”, expresó la presidenta de la República.
This reads like a messy political attack in Mexico. The Alito tweet sounds serious, but the political motives behind the lawsuit feel obvious. Wonder if the truth will ever come out without more media frenzy.