Terablock”, una plataforma de inversión piramidal por criptomoneda USDC, enfrenta un proceso judicial por un mega fraude valuado en 360 millones de dólares, tras el colapso de la misma a finales de 2021. Tres personas son señaladas como las principales responsables, con alrededor de mil 400 afectados, aún sin resolución.
En 2018, Javier Castro Elenes comenzó la red de inversión piramidal de nombre comercial Highlever Capital con razón social SJ CABO SERVICIOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., a través de la aplicación Terablock, eran manejadas las carteras digitales: aunque comenzó con pocas personas, se expandió al sur de California en Estados Unidos y al menos siete estados de la República Mexicana.
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Fue el pasado 8 de agosto de 2025, cuando alrededor de siete afectados se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), exigiendo justicia a las víctimas ante la pérdida de sus hogares, negocios, vehículos, trabajos e incluso la vida, por las grandes cantidades de dinero invertidas en la plataforma que dejó de funcionar en agosto de 2021, expuso Fátima Bolaños, una de las afectadas.
Según manifestó Martha Schroeder, Elenes Castro se encuentra prófugo en los Estados Unidos, protegido presuntamente por otro de los socios Eduardo Fonseca; mientras que Mónica García, una de las involucradas, presunta relacionada a la red de fraude, fue detenida el pasado 9 de agosto en Baja California Sur.
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Asimismo, los afectados señalaron a la ex jueza María de Lourdes Molina Morales, como la representante legal de dicha empresa y el propietario, quien también los influyo a ingresar como inversionistas; los manifestantes también exigieron respuesta de otros presuntos socios: Eglen Lamas, Héctor Torres, José Chinchilla, Bertha Acuña y Juan Diego Vargas.
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Al menos 3 personas con órdenes de aprehensión
De acuerdo a información de la FGE, existen al menos seis denuncias contra dicha red de inversión. Javier Castro Elenes, Mónica Gabriela García Azar y María de Lourdes Molina Morales son señalados como presuntos responsables por el delito de fraude genérico; mismo por el cual cuentan con órdenes de aprehensión.
A través de la denuncia con el Número Único de Caso 04-2023-52158, Jocelyne, una de las afectadas acusa a los mencionados de lucrar a través de engaño por la cantidad de miles de dólares; cifra que fue entregada por concepto de inversión por la víctima en dos pagos, pues le hicieron creer que mediante reparto de actividades, la empresa generaría un rendimiento del 10 por ciento mensual. Sin embargo, nada de ello sucedió.
En seguimiento, el 9 de abril de 2025 se obtuvo orden de aprehensión contra los mencionados; por ello, Mónica Gabriela García Azar fue vinculada a proceso el 10 de agosto, bajo la medida cautelar de firma semanal y garantía económica de 40 mil pesos.
De acuerdo con la autoridad, otro de los ofendidos César Alejandro González Rojo, bajo el NUC 0204-2023-37103, también denunció por Fraude y Asociación Delictuosa, con órdenes de aprehensión otorgadas el 28 de enero de 2024.
Molina niega ser representante legal
María de Lourdes Molina Morales, ex juez de primera instancia y maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), negó a ZETA ser la representante legal de Javier Castro Elenes, propietario de la plataforma “Terablock”, ya que ella es otra víctima.
“Claro que no soy representante legal de este señor, para nada. Desgraciadamente mi familia nuclear y muchos amigos están ahí en esa plataforma, entraron a invertir en ese negocio”, compartió.
Según narró, desde el inicio del problema en 2022, su familia la buscó pidiendo ayuda tras la pérdida millonaria de sus ahorros: “Yo no estaba; soy la única de la familia que no tiene cartera y soy la que está en este problemón”, abundó.
El grupo de afectados que incluía a familiares y amigos, así como un segundo grupo conformado por un grupo de empresarios, concluyeron como solución una carátula de acuerdo de compra de saldos, compartió a través del cual se comprometió a la compra de las carteras digitales con fecha límite de pago del 1 de septiembre de 2027. En el mismo, se compromete al pago de cartera de al menos 45 personas.
Cabe resaltar que, a pesar de que Molina Morales señaló que ella no contaba con cartera digital, solo su familia. A través de la carátula de acuerdo de compra de saldos, su nombre es el primero de una de las hojas del anexo con una cartera digital de 96 mil 233.33 pesos.
Al ser cuestionada sobre el motivo por el cual se le relacionaba como representante legal del acusado, consideró que sería derivado tras las acciones realizadas “por otra supuesta víctima”, quien tomó la decisión de privar de su libertad a Elenes Castro, en la Ciudad de México. “Desgraciadamente me hicieron la llamada a mí”, para solicitar el rescate por tres millones de dólares, señaló; del cual, después de muchos meses, se escapó.
Según la denuncia, fue el 16 de febrero de 2023, cuando ocurrió la presunta privación ilegal de la libertad, así como el robo con violencia. En esta denuncia compartida por ella misma, comparece como apoderada legal de SJ CABO SERVICIOS SA DE CV SOFOM, es decir, Highlever Capital (por su nombre comercial), la sociedad financiera de Terablock.
Amparados
El 15 de junio de 2025, según manifestó Molina Morales, las autoridades fueron a su domicilio para cumplimentar una orden de aprehensión; sin embargo, no se encontraba, por lo que sus vecinos le avisaron.
Por ello, tramitó un amparo en contra de las autoridades responsables, pues calificó de ilegal ya que se realizó fuera de procedimiento judicial, pues no fue citada, ni emplazada, ni llamada a comparecer por autoridad judicial alguna en relación con hecho delictivo alguno.
Por su parte, Javier Castro Elenes, el CEO, señalado como autor intelectual del megafraude ha tramitado dos demandas de amparo a la fecha en contra de órdenes de aprehensión, cuyos juicios se encuentran en trámite.
El 381/2025 iniciado el 9 de mayo de 2025 y el 516/2025 iniciado el 20 de junio de 2025, ambos con una garantía económica de 15 mil pesos cada uno; actualmente goza de suspensión del acto reclamado en los dos. Cabe resaltar que ambos asuntos podrían resolverse en septiembre de no ser diferidas las audiencias programadas.
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