Al margen de la ley y permitiendo corrupción es como han operado las cámaras corporales de la policía de Playas de Rosarito durante los últimos cuatro meses. Ante la falta de un protocolo para su uso y resguardo de los videos, así como su integración al nuevo reglamento de la policía, es como se ha permitido que ciudadanos y funcionarios públicos queden impunes luego de ser videograbados incitando al cohecho, intentando sobornar a los policías que ya cuentan con cámaras de monitoreo en vivo.
Fueron cuatro policías de Rosarito los que estrenaron las cámaras portátiles durante el Tianguis Turístico. En agosto ya son 20 elementos de la división turística y de tránsito que cuentan con el sistema de monitoreo en el C2 de la policía municipal. Cada equipo costó más de 60 mil pesos de una inversión total y capacitación 1 millón 425 mil 600 pesos.
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“La secretaría ha establecido a través de su protocolo interno que estamos elaborando, el uso de las cámaras corales para tratamiento de 30 días de almacenamiento. Eso puede variar a raíz del crecimiento de capacidad para almacenar. Puede ver modificación de 15 días o 20 días de almacenamiento de la información”, explicó Héctor Manzo, secretario de seguridad ciudadana de Playas de Rosarito.
Stephanie Esquivel, regidora del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y presidenta de la comisión de seguridad tampoco sabe cuándo podrían tener el nuevo reglamento y protocolos. “Vienen las cámaras corporales, vienen por parte del uso de la fuerza que tomamos como ejemplo al Estado de Puebla y otros estados más de cómo puede ser declarado un instrumento de auxilio o ayuda para todo lo que es la función policial. Después de eso vendría lo que es el protocolo, que no hemos podido aprobar este protocolo porque primero tenemos que aprobar el otro (reglamento)”.
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Tecnológicamente, las cámaras tienen deficiencias en la resolución, pues sólo cuentan con una definición de 480 pixeles, dos gigabytes de grabación y ocho horas de batería; su fuerza en conectividad es contar con un IP propio y vía la tecnología DHCP.
“Faltan muchos detalles. En cuanto al reglamento, por ejemplo, cambió hace dos años y ya hay zona de tolerancia donde el turista puede estar con su cerveza tomando en la calle en la zona del Barbachán, de los bares, y ese reglamento se debe dar a conocer con los turistas, los rosaritenses y los visitantes que no lo conocen y traen su cerveza en las zonas permitidas, y los multan o los extorsionan”, explicó Gustavo Torres, presidente CCE Playas de Rosarito.
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Parte del problema de la falta de protocolo y reglamento es que no hay una estadística de la cantidad de automovilistas captados en cohecho, ofreciendo sobornos a los agentes; tampoco del funcionario público que intentó llegar a un acuerdo con la policía para que no lo infraccionara en Popotla.
Lo que la regidora destaca es que el proyecto es un piloto que podría inhibir la corrupción y ayudar a esclarecer casos de inseguridad como la persecución registrada a finales del mes de julio.
La inversión de 1.4 millones de pesos que hizo Rosarito por el programa de cámaras corporales solo tiene una vigencia de un año que vence en abril; y el cabildo tiene hasta octubre para evaluar los resultados y definir si se amplía a 60 cámaras corporales, y si se destina más presupuesto para el monitoreo y videograbación del actuar de la policía de tránsito y turística de la ciudad.
