La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la reforma no contempla la eliminación de pensiones ya adquiridas. Específicamente se refirió a Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, señalando que ambos exministros tienen el derecho legal de conservar sus prestaciones. “Ellos tienen que decidir si la mantienen, en términos legales lo pueden tener”, afirmó desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina del 21 de agosto, tras la aprobación de la reforma judicial de 2024, la cual contempla el respeto al haber de retiro de los ministros.
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Sheinbaum subrayó que la reforma constitucional establece un “borrón y cuenta nueva” para el nuevo Poder Judicial, pero no revoca derechos adquiridos por jueces retirados bajo el marco anterior. En ese sentido, Zaldívar y Sánchez Cordero —quienes incluso colaboraron en la redacción de la reforma— conservan sus pensiones conforme a la legislación vigente al momento de su retiro.
“La reforma no planteó que a quienes tenían su pensión se les retirara”, reiteró Sheinbaum, defendiendo la legalidad de los beneficios que aún perciben.
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Desde el punto de vista jurídico, el respeto a las pensiones de los jueces retirados está respaldado por el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 14 constitucional. Este principio impide que una norma afecte derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor. En el caso de Zaldívar y Sánchez Cordero, sus pensiones fueron otorgadas bajo el régimen anterior, por lo que cualquier intento de revocarlas sería inconstitucional y podría derivar en controversias legales.
En contraste, los nuevos jueces que ingresen al Poder Judicial a partir del 1 de septiembre de 2025 estarán sujetos a un marco normativo distinto. La reforma judicial de 2024 modificó el sistema de pensiones complementarias, eliminando las llamadas “pensiones doradas” y estableciendo nuevos criterios de retiro. Según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los nuevos juzgadores podrán acceder a pensiones reducidas, con porcentajes que van del 45 % al 80 % del salario, dependiendo de la edad y los años de servicio.
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Este nuevo esquema también contempla la eliminación de fideicomisos que sustentaban las pensiones complementarias, lo que impide que los nuevos jueces se amparen bajo el régimen anterior. Al tratarse de una reforma constitucional, los cambios tienen fuerza legal plena y no pueden ser revertidos mediante amparos individuales. Además, el artículo décimo transitorio de la reforma garantiza que los derechos laborales adquiridos antes de su entrada en vigor serán respetados, pero no genera nuevos derechos para quienes ingresen posteriormente.
La presidenta Sheinbaum ha insistido en que esta transformación busca erradicar el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial, y que los nuevos jueces deberán ajustarse a los principios de austeridad republicana. “Se terminó la era de privilegios”, declaró, en referencia a los beneficios que antes se otorgaban a ministros y magistrados. La reforma también establece que los jueces serán electos por voto popular, lo que representa un cambio estructural en la forma de impartir justicia en México.
Mientras los jueces retirados como Zaldívar y Sánchez Cordero conservan sus derechos conforme a la ley, los nuevos integrantes del Poder Judicial enfrentarán un modelo “más austero y transparente”, presumieron los legisladores de Morena.
En los casos de las magistradas que fueron reelectas, como Yazmín Esquivel o Lenia Batres, al haber decidido permanecer en sus cargos como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no presentar su renuncia antes del plazo establecido en la reforma judicial de 2024, no podrán acogerse al régimen de pensiones previsto en la reforma de 1994. En cambio, estarán sujetas al nuevo marco legal aprobado en 2024.
La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, establece que los ministros que renuncien antes del cierre de la convocatoria electoral judicial (30 de octubre de 2024) podrán acceder a un haber de retiro proporcional al tiempo de servicio. Esquivel y Batres, al mantenerse en funciones, optaron por el pase automático como candidatas en las elecciones judiciales de 2025, lo que implica que no tienen derecho a la pensión vitalicia bajo el régimen anterior.
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