De los 12 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada que fueron detenidos por desaparición forzada cometida por servidores públicos y homicidio, tres llevan el proceso en arraigo domiciliario, uno sigue amparado, mientras otro falleció en las celdas del Centro de Reinserción Social (CERESO).
En los últimos dos meses, algunos de los casos penales contra estos agentes han comenzado a disolverse ante la falta de pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva.
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Quienes llevan el proceso bajo arraigo domiciliario son el agente de apellido Parma, quien en el mes de julio salió del penal, así como Raúl “N” y Esteban “N” que salieron la primera semana de agosto; otro más, de apellido Lampar, se presentó a la audiencia con un amparo y fue imposible que el Ministerio Público lo vinculara a proceso.
El oficial Edy de Jesús Morales murió el domingo 31 de julio debido a una supuesta complicación médica, un paro cardiaco, cuando se encontraba en las celdas preventivas. Edy había sido arrestado bajo un fuerte operativo y vinculado a proceso desde el pasado 7 de marzo.
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Los detenidos, incluyendo los arraigados, amparados y prófugos, eran parte del grupo de operaciones especiales y fueron catalogados por las autoridades como policías coludidos con una célula del Cártel de Sinaloa en la zona del Valle de Guadalupe, específicamente en las delegaciones de El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de las Minas.
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POLICÍAS LIBRAN LA CÁRCEL, MIENTRAS FAMILIAS BUSCAN A LOS DESAPARECIDOS
Los dos eventos violentos registrados en la Ruta del Vino, en los meses de febrero del 2024 y marzo de 2025, resultaron en la desaparición de 11 personas.
El hecho más reciente -del pasado mes de marzo- se registró en un rancho, ubicado en la calle Tierra Santa y Monte Parnaso, en la delegación El Porvenir. Un lugar rodeado de campos de vid, vinícolas y restaurantes.
Esa tarde los agentes municipales involucrados reportaron una supuesta intervención de seis hombres que iban a bordo de una camioneta en la calle Tierra Santa con actitud sospechosa.
Al realizar una inspección de rutina les hallaron entre las pertenencias armas, droga y cartuchos. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
El problema fue que uno de los propietarios del rancho denunció la desaparición de otros cinco hombres que eran sus empleados, la mayoría traídos de Sinaloa y otros de Tijuana.
Cuando la FGE inició la investigación, detectó en las cámaras de videovigilancia, que al menos diez patrullas municipales habían ingresado ese día al rancho de donde sacaron a los 11 hombres.
Cuando fueron cuestionados por el Ministerio Público, los municipales reconocieron las acusaciones, pero declararon que los otros cinco trabajadores que habían detenido se les “perdieron” en el trayecto hacía la FGR.
En una inspección a una de las casas de esa propiedad encontraron pertenencias de las víctimas, restos de sangre y otros indicios que sugieren actos de tortura dentro de la propiedad.
Los desaparecidos en este hecho son: Rigoberto Rivera Rangel (Sinaloa), Josué Fernando Tiznado Vidaca (Tijuana), Juan Edgar Mayorga Pérez (Tijuana), Rubén Efren Ray Ordaz (Sinaloa) y Ángel “N” (Sinaloa)
Un caso previo, registrado la madrugada del domingo 25 de febrero de 2024, involucró también a policías municipales acusados de proteger a una célula delictiva que agredió a un grupo de personas en otro rancho en las inmediaciones del Valle de Guadalupe.
Las víctimas desaparecidas en ese evento fueron: Karla Estefanía Soto García, de 32 años; Ignacio Faviel López Méndez, alias “El Nacho” y/o “El Güero”, de 37 años (pareja sentimental de Karla); Juan Carlos Barreras Goycolea, de 57 años; José Ángel Martínez Castillo, alias “El Dólar”, de 35 años, identificado como presunto miembro del Cártel Arellano Félix (CAF). También Pedro Damián Patrón López, de 27 años, desapareció el mismo día.
FISCALÍA NO CORRIGE E INSISTE EN QUE 12 POLICÍAS ESTÁN “TRAS LAS REJAS”
Sobre estos casos, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, había informado anteriormente que eran veinte agentes municipales que estaban siendo investigados por desaparición y homicidio.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el miércoles 13 de agosto, Andrade Ramírez reiteró que estos operativos contra la corporación fueron un logro.
Además explicó cómo algunos elementos están coludidos con la delincuencia organizada, actuando como “encargados de dar perímetro” o brindando protección a grupos criminales.
“La detención no fue sencilla, tuvimos el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por los homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto”, dijo.
Finalmente, reiteró que hay doce agentes relacionados con estos eventos están “tras las rejas”, sin aclarar que uno de éstos falleció recientemente, tres con arraigo domiciliario, otros amparados y el resto prófugos.
AGENTES EN PROCESO PENAL Y FAMILIA RECIBEN UN SUELDO
El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que todos los agentes que aún figuran en la nómina continúan recibiendo prestaciones parciales, conforme a lo que establece la ley, mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
Por ley, aclaró, no se les puede dejar sin ingresos. Los oficiales que han sido detenidos en los últimos dos años continúan percibiendo el 30 por ciento de su salario, el cual se entrega a sus familias, explicó Monreal.
En relación con el reciente fallecimiento del agente Edy, ocurrido en el CERESO, el director señaló que, al no existir aún una resolución judicial que lo inhabilite, el elemento sigue siendo considerado como activo, por lo que su familia tiene derecho al pago del seguro de vida, finiquito y demás beneficios derivados de su servicio como policía, independientemente de que estuviera bajo proceso penal.
Asimismo, agregó que los agentes que se encuentran bajo arraigo domiciliario también continúan recibiendo el 30 por ciento de su salario, al igual que aquellos que permanecen en prisión preventiva.
En todos los casos, las familias tienen acceso a prestaciones como gastos funerarios, seguro de vida, pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los beneficios correspondientes, según las semanas cotizadas.
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