Reincidencia

Si alguna de las instituciones en el derecho penal mexicano ha representado siempre un fracaso, lo es el sistema penitenciario, actualmente con un gran costo y una ineficiencia verdaderamente total. Uno de los más graves problemas que encuentra el derecho penitenciario y que es muestra de su alta inoperatividad, es precisamente la reincidencia, esto es, el regreso al delito de personas que ya cumplieron con su sentencia, se encuentran en libertad y delinquen nuevamente.

Es precisamente la reincidencia la que pone de manifiesto la falta de eficiencia en el sistema de justicia penal, pero no sólo analizado desde el enfoque social, legal, sino ahora en el plano económico. Muchos de los abogados que litigamos y que nos dedicamos a la materia penal nos hemos preguntado si vale la pena mantener el modelo actual de castigo sin rehabilitación, y qué tan funcional es el sistema que está reciclando actualmente a los reclusos para que nuevamente cuando estén en libertad delincan; sin lugar a dudas ésta es una de las más apremiantes preguntas sin respuesta para la política criminal de México.

Publicidad

¿Sabe usted, lector, cuánto les cuesta a todos los mexicanos el mantener a una persona privada de su libertad en una de las casi todas malas prisiones que hay en México? La cifra puede variar de acuerdo a cada Estado, aunque los datos oficiales indican que cada interno nos cuesta a todos los mexicanos entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales. ¿Qué incluye esta cifra? Desde luego la alimentación, el sistema de custodia, la atención médica miserable que se les da pero que cuesta, el mantenimiento de las instalaciones. Tendríamos que considerar algunos otros factores importantes, como que existen aproximadamente 220 mil personas privadas de su libertad en nuestro México, de tal suerte que el gasto anual del sistema penitenciario supera fácilmente los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, con este presupuesto tan costoso no se ha logrado reducir en nuestro país la reincidencia, lo que plantea una cuestión sumamente difícil de resolver: ¿A dónde va ese dinero?

Quizá el mayor factor que explica claramente el fracaso económico se encuentra en la falta de programas verdaderamente eficaces en la reinserción social. Para nadie es ningún secreto que las prisiones en México no rehabilitan, se han convertido en espacios de control criminal interno, hacinamiento y violencia. Otro factor importantísimo que destaca es que una gran mayoría de internos son personas jóvenes, esto es, se encuentran en la edad productiva y muchos de ellos están detenidos y procesados por delitos no violentos y no relacionados con el narcomenudeo. Por lo que, la autoridad judicial y penitenciaria en lugar de reintegrarlos a la sociedad los encierra en un entorno donde necesariamente se involucraran con las redes criminales y perfeccionan sus conductas delictivas. El amable lector debe llegar a la conclusión de que esta es una política criminal pesimamente enfocada hacia la reincidencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos dice que más del 45 por ciento de las personas liberadas por cumplimiento a una sentencia vuelven a delinquir y son reingresados al sistema penitenciario en un plazo de cinco años. Estos números nos hablan de un enorme gasto público repetido por cada individuo reincidente. A nivel económico también significa que el Estado paga una y otra vez por fallar en su función de reeducar. Téngase en cuenta que cada reincidente representa una pérdida de dinero en su primer encarcelamiento y un costo desproporcionado que se genera en su nueva detención, proceso judicial y estancia en prisión.

Publicidad

Lo anterior implica que el sistema penitenciario actúa como un barril sin fondo. Invertir en encarcelar sin cambiar el régimen estructural, es insostenible. El castigo sin resocialización es igual a tirar el dinero a la basura, no produce ahorro a futuro y representa lo más amargo para el causante fiscal, incrementa sus impuestos en seguridad pública sin resultados, justicia penal que nunca se cristaliza y el mantenimiento interminable de quienes nuevamente volverán a delinquir.

Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.

Correo: [email protected]