Organizaciones de la sociedad civil en México podrían iniciar una colaboración con el gobierno de Baja California para acelerar el proceso de transición hacia modelos energéticos “justos”.
Luisa Sierra, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Energía y Ambiente (IDEA), explicó que el objetivo es apoyar a entidades subnacionales para que puedan estructurar proyectos de energía renovable con viabilidad técnica, legal y financiera.
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Esta asistencia incluye desde el desarrollo de planes de ingeniería, capacitaciones, hasta la elección de esquemas de contratación, así como mecanismos de financiamiento. Estas medidas ayudan a reducir los efectos del cambio climático.
“Una de las iniciativas más destacadas es la electromovilidad, enfocada en la electrificación del transporte público como un componente clave en la descarbonización del sector energético. Buscamos transformar un modelo basado en combustibles fósiles hacia uno más limpio”, señaló.
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Sierra enfatizó que una transición energética justa implica no sólo reducir emisiones contaminantes y mitigar el cambio climático, sino también cerrar brechas de desigualdad.
Cada emisión tiene un impacto distinto, dijo, por eso es fundamental que todos los grupos sociales participen en las decisiones.
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En este proceso, el grupo de trabajo subnacional, conformado actualmente por unas 24 entidades federativas con atribuciones en energía, ha sido clave.
A través de este espacio se comparten conocimientos y experiencias, además de ofrecer capacitación y acompañamiento técnico a gobiernos locales y comunidades.
Aunque Baja California aún no ha establecido una colaboración formal con el IDEA, Sierra afirmó que existe interés por iniciar conversaciones que permitan avanzar hacia una planeación energética alineada por el potencial que existe en la región.
Mencionó que algunas entidades ya han publicado sus propias leyes estatales de energía, lo que les ha permitido iniciar procesos de planeación con mayor autonomía mientras se definen las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional federal en materia energética.
Como ejemplo de avances, señaló que hace unas semanas se realizó un encuentro presencial en Baja California Sur, donde se firmó un convenio de colaboración con IDEA en el marco de estos esfuerzos nacionales. Sin embargo, reiteró que el objetivo es que cada estado, conforme a sus capacidades, pueda desarrollar instrumentos propios para avanzar hacia una matriz energética limpia.
Según un análisis técnico, México deberá alcanzar una capacidad instalada de 44 gigavatios en energías renovables, de los 4 que genera en este momento, particularmente solar y eólica, para el año 2030, a fin de sustituir gradualmente plantas basadas en carbón y combustóleo.
