El próximo mes de octubre, Mexicali cumplirá cinco años de estancamiento de la implementación de la Justicia Cívica, un mecanismo de resolución de conflictos orientado a los problemas que se viven en las comunidades.
La intención de este esquema de impartición de justicia radica en atender, prevenir y resolver de una forma más eficiente adversidades que se generan entre los integrantes de una comunidad, con la intención de que no escalen a situaciones que deban ser atendidas por un juez penal o civil.
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Casi un lustro después y con la intervención de tres presidentas municipales, la Justicia Cívica sigue sin ser una realidad. Actualmente se carece de reglamentación, de instalaciones y la capacitación que se dio al personal hace más de cinco años requerirá una actualización, pues nunca se implementó el nuevo esquema de trabajo.
Desde la administración del último alcalde panista, Gustavo Sánchez Vásquez, se viene anunciando y trabajando a nivel federal el tema de Justicia Cívica, donde hubo dinero para habilitar instalaciones y para capacitar personal, mediante acuerdos con la organización USAID, pero ahora, los gobiernos se verán obligados a resolver su implementación con sus propios recursos.
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Para la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, quien ha empujado mediante exhortos y propuestas de Ley para la operación de la Justicia Cívica, los cinco años de estancamiento obedecen a un desinterés en la creación de mecanismos para la prevención del delito, pues sólo se han enfocado en una visión punitiva para resolver los conflictos y sancionar las acciones que lo ameriten. Mientras, el PAN, a través del regidor Manuel Rudecindo García, consideró que el Cabildo tiene facultades para reglamentar la operación de la Justicia Cívica, pero no lo ha hecho, cuando se trata de un proyecto empujado -supuestamente- por el partido en el poder.
ZETA solicitó una entrevista al director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali, pero en su lugar envió una ficha técnica donde se hace referencia a las actividades relacionadas con la Justicia Cívica.
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Gustavo, Marina, Lupita y Norma
Desde el año 2017 el Poder Legislativo Federal estableció las bases para dirigir la política de prevención del delito y resolución de conflictos hacia la Justicia Cívica y el Consejo de Paz, pero dejó una libre configuración para las entidades federativas y los municipios.
Gracias al apoyo del Gobierno Federal y de USAID, la administración de Gustavo Sánchez Vásquez, arrancó el proceso de capacitación y la construcción de una sala en la Subcomandancia Zona Noreste, donde se tenía previsto arrancar con un programa piloto.
Según el regidor “Rude”, durante este periodo se capacitó al 70 por ciento de los policías y a prácticamente todos los jueces calificadores de ese momento, con la visión de que el próximo gobierno se encargaría de culminar la reglamentación y el arranque del proyecto.
En octubre del 2020, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó un evento en las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calzada Anáhuac, donde se hizo acompañar de prácticamente todo el Cabildo de Mexicali y de sus funcionarios, además de representantes empresariales.
Todos acudieron para participar en el banderazo de arranque de obra, donde se construiría un inmueble que se habilitaría como una nueva sala de arranque a las audiencias públicas de justicia cívica.
Ese fue el último avance real que se hizo en el proyecto de Justicia Cívica por parte del Ayuntamiento de Mexicali.
El regidor José Ramón López Hernández aseguró en 2023 que ese mismo año podría arrancar el programa piloto de este nuevo esquema, pero no ocurrió. También dijo que se habían apartado 3 millones de pesos para impulsar la obra, pero tampoco se concretó.
El regidor morenista dejó el cargo y se volvió director de Bienestar Social Municipal, pero nadie más tomó el proyecto ni creó la reglamentación.
Marina del Pilar fue anunciada como candidata a Gobernadora por parte de Morena, dos meses después y en marzo dejó el cargo para dejarlo a su suplente, Guadalupe Mora Quiñones, quien dejó el tema en la congeladora.
Norma Alicia Bustamante, asumió la Presidencia Municipal en 2021 y uno de los principales pendientes era avanzar con la implementación del Consejo de Paz y la Justicia Cívica. Con tres años por delante y un Cabildo a su favor, además de comprometerse a continuar con los pendientes que dejó Ávila Olmeda, se avizoraba un buen escenario para avanzar con el proyecto.
La diputada Daylín García Ruvalcaba presentó exhortos y posteriormente un proyecto de Ley de 134 artículos que retomaba un marco jurídico exitoso como el de otras entidades como Nuevo León, con sus respectivas tropicalizaciones, con la intención de articular los primeros trabajos en la materia.
Mediante varios ejercicios de parlamento abierto citó a diversos sectores interesados como los Ayuntamientos, Fiscalía, además de organismos de la sociedad civil como Verter, para crear una propuesta, pero el Congreso de mayoría morenista no lo dictaminó.
Tanto los diputados como los cabildos tienen la facultad de modificar la normatividad e incluso abrogar los reglamentos de policía y buen gobierno, con la intención de habilitarlo para la Justicia Cívica, pero no lo hicieron.
El regidor del PAN, Rude García, aseguró que en varias ocasiones se intentó colocar el tema en la mesa, pero los mismos ediles morenistas lo retiraban de la agenda. Con el pasar de los años se tiene que volver a hacer un diagnóstico, toda vez que las capacitaciones ofrecidas a los policías y jueces calificadores, puede que ya no sean funcionales o al menos debe retroalimentarse.
Y es que la totalidad de los jueces calificadores fueron capacitados para convertirse en jueces de paz, durante los últimos años del panismo, pero ahora no se sabe si los actuales juzgadores son los mismos que recibieron la capacitación. En el mismo sentido se desconoce cuántos de los agentes capacitados siguen en la fuerza.
Rude García aseveró que si bien se plasmó en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, no se cumplió con lo planteado. Ahora, retomar el proyecto será sin el apoyo de USAID que ya no opera en Estados Unidos.
Justicia Cívica
En la ficha técnica enviada por el Ayuntamiento de Mexicali se dio a conocer que hace apenas una semana se recibió una propuesta por parte del Gobierno de México, para establecer un reglamento de Justicia Cívica y Consejos de Paz.
Los jueces calificadores actualmente tienen una visión punitiva, donde sólo se emiten sanciones que van de multas o arresto, con atribuciones limitadas, sus acciones de conciliación sólo se limitan casos donde hubiera daños a terceros. Mientras que el juez cívico busca mejorar el comportamiento social y atender los orígenes del conflicto y en una última instancia imponer sanciones.
Se amplía su rango de acción y permite canalizar a programas preventivos a infractores, como, por ejemplo, si una persona es detenida en estado de ebriedad por primera vez, existe la posibilidad de que pueda recibir un criterio de oportunidad sometiéndose a un procedimiento preventivo o de atención en vez de recibir una multa de 9 mil pesos.
El objetivo además es buscar una resolución pacífica entre las partes y podrá armarse de un equipo técnico, desde médicos, psicólogos, criminólogos, entre otras profesiones, para llegar a emitir acuerdos o sanciones.
“El Juez Cívico deja de ser una figura que meramente ‘califica’ una falta para convertirse en un gestor de la transformación de conflictos con un enfoque restaurativo y preventivo, buscando la raíz del problema para evitar su repetición”, refiere el documento.
Respecto a los policías, el nuevo enfoque también promueve acciones de proximidad y de solución de problemas, a diferencia del actual, donde se limita a la reacción y vigilancia, además de preservar el orden y ocuparse de la seguridad pública.
Su nueva forma de trabajo sería orientada al diálogo y la mediación comunitaria, en vez de aplicación limitada de la Ley.
Tanto la reglamentación como la actualización de los reglamentos recaería en el Consejo de Paz, que sería un órgano asesor, consultivo y articulador con el que se impulsará el diseño y la política pública orientada al funcionamiento de la justicia cívica y la reconstrucción del tejido social.
Según los planteamientos de la diputada Daylín García Ruvalcaba, para la justificación de la Ley, el 30 por ciento de los mexicanos padece conflictos de este tipo con familiares, amigos y vecinos, los cuales pueden evitarse de una manera temprana, mediante este mecanismo.
Actualmente, quienes trabajan en la justicia cívica son la Secretaría del Ayuntamiento, Coplademm, la Policía Municipal, el Jurídico y la Oficialía Mayor, pero ningún regidor.
La legisladora emecista, comentó que nuevamente subió el tema en enero del 2025, con la intención de que el Poder Legislativo revise el tema, pero no ha ocurrido. Ahí, se establecen lineamientos que van desde los grados de estudio y capacitaciones para cada integrante de los juzgados cívicos, hasta los alcances que pueden tener para operar.
Autoridades municipales aún no tienen fecha de arranque de este modelo de impartición de justicia en las comunidades, sobre todo porque existe un importante rezago en capacitación e infraestructura, pues sólo se cuenta con una sala en la Subcomandancia Noreste, donde, dicho sea de paso, no se habían construido áreas de detención, considerando que todo podría resolverse por medio de la justicia cívica, pero esto nunca ocurrió.
