En los patios de la aduana de Tijuana “hay más de cinco mil carros decomisados”, que obtuvieron sus placas mexicanas por el decreto de regularización de autos “chocolate” emitido en el sexenio de López Obrador, aseguró Fidel Villanueva Ramírez, presidente del Consejo Directivo de Anapromex.
Son autos robados, clonados, que fueron decomisados porque cruzaron a Estados Unidos sin pedimento. Cuando en inspecciones elementos de la Guardia Nacional observan que el título original indica salvage, Bill of sale; o es por facturas de remate “los quitan, los retienen y no los devuelven hasta que comprueban su legal estancia en el país, que es un pedimento”. Hay más de 400 mil vehículos en esa situación en la república mexicana, afirmó.
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Entrevistado con ZETA, Fidel Villanueva dijo que fracasó el decreto de regularización de autos “chocolate” -cuya vigencia se extendió hasta el 30 de septiembre de 2026-, puesto que crea inseguridad jurídica al sólo reconocer los vehículos usados de procedencia extranjera internados ilegalmente, pero no nacionalizarlos por carecer de un pedimento.
Desde su emisión, el decreto de AMLO se está prestando a que sigan introduciendo más carros a territorio nacional “sin control alguno” por las aduanas. “A la fecha, te garantizo, que llevan un millón y medio de vehículos de procedencia extranjera en todo el país que no se pueden regularizar”, porque entraron a México después de la fecha exacta contemplada en el decreto. “Ya estamos infestados con lo que todavía no regularizaron. Otra vez estamos en dos millones y medio de vehículos”, calculó.
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A decir de Villanueva, los amparos y la inexperiencia del personal del Registro Público Vehicular (Repuve) propiciaron que carros con reporte de robo fueran emplacados con el decreto.
“Es un cochinero y le estamos pidiendo a la Presidenta Claudia Sheinbaum que derogue, porque está creando principalmente un problema de inseguridad. Fracasó esta regularización de vehículos”.
Por las fallas del sistema del Registro Público Vehicular (Repuve) en Ciudad Juárez hay seis mil placas que no ha entregado el municipio, porque ya les cobraron, pero no les llegan los hologramas de la Federación, mientras que en Baja California Sur canceló el Repuve, añadió.
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En suma, dijo, la propuesta de Anapromex por 25 años es que se ataque de fondo el problema y se cree una Ley de Importación con la que pueda nacionalizarse un automóvil de forma barata, con pedimento, importándose en dos o tres días. “Que regulen, que la agencia aduanal que no se sujete la cancelen”, para frenar la introducción ilegal de vehículos porque hay ciudades donde hay más carros que gente.
ANAPROMEX ESTÁ DE VUELTA
Fidel Villanueva aseguró que Anapromex está de regreso en Tijuana, gracias a que ganó un amparo definitivo y dos de plano.
“Este amparo es para no decomiso. No hay un amparo para carros extranjeros, tampoco es para que circulen”. Este amparo es contra el decomiso de todos los bienes de Anapromex, aclaró el representante.
“La estrategia es que la persona con un auto ‘chocolate’ nos dona el vehículo, nosotros le devolvemos la posesión y le ponemos un sticker (etiqueta engomada) que indica que este carro es propiedad de Anapromex y es como esos carros están circulando”.
Los costos del procedimiento con Anapromex son “muy módicos”, dijo, sin precisar el precio del engomado, arguyendo “razones de seguridad”. Éste incluye seguro contra terceros, y permite que estos autos circulen por Baja California, Baja California Sur y hasta San Emeterio. “No pueden ir a Estados Unidos”.
Actualmente hay 25 mil vehículos adheridos a Baja California, según Fidel Villanueva, quien indicó que la organización está operando en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango y Tamaulipas.
Mostrando el amparo 553/2019-A, promovido por él mismo en su calidad de presidente y director general de la Mesa Directiva de la Organización de Protección a los Mexicanos, Asociación Civil, la sentencia de recurso de revisión en 2024 ordenó reponer el procedimiento en el juicio de amparo notificándole al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que rindiera su informe justificado para seguir con el proceso.
En este expediente radicado en un juzgado de Mexicali, la última audiencia del 3 de julio de 2025 fue diferida porque faltaba información de diversas autoridades, con residencia en Hermosillo, por lo que se fijó el 14 de agosto próximo para la audiencia constitucional.
A propósito, Fidel Villanueva aseguró que el amparo está activo aun cuando el proceso legal está en espera de que las autoridades contesten. “Está concedido” y al ser una suspensión de plano es “de contestaciones, de desahogos, de pruebas… en fin, puede durar años”.
El dirigente de Anapromex mostró también el amparo 74/2025-1 contra el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, en el que se decretó el 10 de enero de 2024 la suspensión de plano para que las autoridades se abstengan de ejecutar la confiscación de bienes contra la Organización de Protección a los Mexicanos, Asociación Civil, siempre y cuando la quejosa acredite ser propietaria de los mismos.
No obstante, el 7 de marzo de 2025 se sobreseyó el juicio de amparo. Resolución que fue impugnada por los representantes legales de la asociación civil que encabeza Fidel Villanueva ante el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito; recurso que fue admitido el 29 de mayo pasado, pero aún no se ha resuelto.
“Eso va a suceder siempre cuando son amparos de plano. ¿Cómo es el mecanismo? Tú ahorita metes, desahogas y se te concede la suspensión de plano. Empiezas a desahogar, te dicen ‘se sobreseyó el amparo’, pero el amparo está activo, entonces nosotros vamos a impugnar, contestamos y sigue, y esa es la consecuencia de cualquier amparo de plano”, aseveró Fidel Villanueva.
Este recurso legal es una ampliación del juicio de amparo que originalmente no se había considerado el IMOS, y que fue solicitada luego de que personal de la institución les quiso empezar a quitar “uno o dos carros. Pedimos la ampliación y nos amparamos contra ellos”, sostuvo.
El otro amparo exhibido es el 53/2025, radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Veracruz, promovida por la Organización de Protección a los Mexicanos Asociación Civil. El cual obtuvo el 10 de abril de 2024 la suspensión de oficio y de plano para que las autoridades se abstengan de cualquier acto tendiente a confiscar los bienes de su propiedad, siempre y cuando la quejosa acredite la propiedad de los bienes.
Expediente en que se da cuenta del incumplimiento de la suspensión de plano por parte de la policía municipal de Tijuana, y en el que el IMOS y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California rindieron su informe sobre el incumplimiento de la suspensión ganada por la Organización. Las suspensiones a favor de la Organización estarían vigentes, ya que no se ha celebrado otra audiencia constitucional, según el portal del Consejo de la Judicatura Federal.
