El deporte favorito de la SCJN es dejar en ridículo al Congreso de BC, al menos desde la llegada de gobiernos morenistas, pues sus ocurrencias le han costado exposiciones públicas
Como es sabido, el Congreso de Baja California es el patio de juegos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien dicta los proyectos que deben impulsarse y que le interesan a su gobierno. Sin necesidad de cabildeo, los diputados acceden a cualquier medida o planteamiento sin cuestionarse sobre legalidades o consecuencias.
Sí bien esto es negativo porque representa una subordinación política de un poder cuya una de sus funciones es la de auditar las acciones de los otros poderes, pareciera que los resultados son peores cuando la gobernadora se enfoca en otro sector que no sea el Parlamento.
Porque como en la conocida película animada, Toy Story, los muñecos del patio de juegos cobran vida y se dedican a hacer ocurrencias que los meten en problemas; en el Poder Legislativo comienzan a crear iniciativas, proyectos y exhortos, que responden a una realidad totalmente alterada.
Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, u otros entes federales, han tenido que salir a responder ante las ocurrencias de legisladores morenistas de Baja California.
Ejemplos podemos enumerar muchos, como el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la revocación de mandato, donde los ministros emitieron una sentencia donde, punto por punto, evidenciaron los motivos de la omisión legislativa del Congreso de Baja California para homologar la Ley y permitir la revocación de mandato.
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El diputado Juan Manuel Molina presentó la iniciativa hace apenas unos días, cuando ya el tema estaba encima del Poder Legislativo, pues tenían conocimiento del sentido del proyecto de la SCJN.
Pero ese no es el único, pues hace unos días, luego del terrible caso ocurrido en San Quintín, donde una joven fue asesinada y descuartizada por otro menor de edad, la respuesta de los diputados Juan Manuel Molina y Dunnia Monserrat Murillo López fue solicitar al Poder Legislativo federal que endureciera las penas en contra de menores de edad que cometieran delitos de tal magnitud.
Sí bien se trata de una medida que popularmente pudiera ser bien vista, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre esta posibilidad en una de sus mañanera, donde fue clara y aseguró que no se debe criminalizar de facto a la juventud. El discurso de la Presidenta se orienta más al análisis y atención estructural y no exclusivamente punitivo, lo que es fácilmente una lección de una política de izquierda y de derecha para el Congreso morenista.
Esto no es nuevo, pues durante el Congreso que acompañó al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, de 2019 a 2021, los diputados promovieron un impuesto por emisión de contaminantes hacia las empresas gasolineras del estado, mismo que provocó una lluvia de amparos, entre ellos, nada menos que de PEMEX, la empresa pública que más apoyo recibió del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para eso también se han generado iniciativas como la del diputado Jaime Eduardo Cantón, quien pretende impulsar desde el Congreso local, al Federal, para que se avance en la agenda de la reducción de la jornada laboral a 40 horas.
Muchas personas podrían verse engañadas por la medida populista, pero la realidad es que sus planteamientos no fueron tomados en cuenta por los diputados federales, por el simple hecho de que la reforma es de competencia exclusivamente federal y forma parte de la agenda de la presidenta.
En otras palabras, Jaime Eduardo Cantón intenta apurar a la presidenta para avanzar en una agenda que ella misma ha impulsado desde que llegó al cargo que ocupa.
O el revés de la SCJN para permitir a los agentes policiacos que puedan llevar sus armas a sus casas, como una medida de protección, cuando los ministros ya establecieron que el Poder Legislativo no puede modificar leyes sobre esa materia.
Las problemáticas sociales del estado son complejas y hay mucho que se puede hacer desde lo local, pero los legisladores prefieren convertirlo en un patio de juegos en el que puedan correr, brindar y deformar, sin consecuencia alguna.
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