La inseguridad crítica por la que atraviesa Baja California Sur “no será un impedimento para aplicar la justicia”, afirmó Antonio López Rodríguez, que oficialmente se encuentra al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), desde hace un mes.
Explicó que su gestión comprenderá cinco ejes principales para mejorar los aspectos laborales, atención efectiva y mayor coordinación interinstitucional, dando pie al primer eje que es la profesionalización del personal.
Publicidad
“Especialmente el sustantivo de Procuraduría: me estoy refiriendo a agentes del Ministerio Público, a policías y peritos auxiliares del Ministerio Público, que son los que desarrollan la función formal de la Procuraduría General de Justicia que es procurar justicia. Porque Procuraduría tiene otros empleados que son administrativos y que ellos se guían por los lineamientos o por el plan laboral que es el gobierno del estado”, dijo López Rodríguez.
El directivo reconoció que para contar con una profesionalización de carrera de los agentes se requieren recursos, áreas especializadas que dediquen tiempo y espacio para atenderlo y lineamientos para transitar en esta nueva estrategia laboral de forma integral.
En lo que refiere a la estrategia que se venía siguiendo desde el 2018 a la fecha, se mantiene el vínculo cercano con las fuerzas armadas y se extiende a las mesas de seguridad regional y municipal como segundo eje.
“Buscar la coordinación interinstitucional, no nomás con las demás fuerzas de seguridad, que se hace día con día en la Mesa de Seguridad, pero la Procuraduría también requiere coordinarse con las mesas regionales, con las mesas locales; requiere coordinarse con las policías preventivas de los municipios con la policía estatal y fortalecer esos lazos interinstitucionales. Pero esta colaboración tiene que ser también con los grupos de la sociedad civil”, añadió el funcionario.
Publicidad
Este nuevo modelo de coordinación incluye a la sociedad civil, desde los empresarios, los académicos y especialmente los grupos de colectivos feministas, colectivos de búsqueda y los ciudadanos en las colonias.
Un tercer eje considera una reorganización institucional, revisando a fondo procesos, operaciones y funcionamiento, y encontrar puntos de mejora y distribución.
Publicidad
“Esa reorganización interinstitucional se tiene que aplicar necesariamente en ver las áreas de oportunidad de cada una. Hay áreas de Procuraduría que tienen una mayor cantidad de personal, que tiene una mayor cantidad de recursos y tratar de ser más uniformes en recursos, no dejar desprotegidas unas áreas por proteger a otras”, apuntó Antonio López.
Algo que no había sido tomado en cuenta es la calidad de la atención en los procesos penales, ese momento en que los ciudadanos se enfrentan a la maquinaria de justicia, desde que interpone su denuncia, es investigada y que sea resuelta, y no se vaya al archivo y quede inconclusa.
Dejó en claro que es necesario terminar con los “carpetazos” y atender con detenimiento cada caso y que se resuelvan.
“Cuando alguien es víctima de una conducta delictiva y acude a presentar su denuncia o su querella, tenemos que buscar primero las formas de atención temprana de esos usuarios; esa forma de atención temprana va desde oficinas confortables, que sean óptimas, que tengan una estancia lo más cómodo posible. Otro punto es la investigación que se realiza de sus denuncias, que se resuelvan de una manera eficiente y que se dé una resolución. La función de los agentes del Ministerio Público es resolver de una manera motivada y fundamentada, se le diga ‘sí o no’, pero se resuelva, y no dejar indefinidamente carpetas abiertas o dar carpetazo como la gente lo conoce”, sostuvo el procurador de justicia.
Si bien es cierto, durante la estadía de Daniel de la Rosa Anaya, poco antes de la llegada de Antonio López, aumentó el número de denuncias ante la institución, es sabido que la confianza se sigue perdiendo.
Y no hay mejor manera de recuperar la confianza de la ciudadanía, dijo López, que aplicando la justicia contra los delincuentes.
“La recuperación de la confianza y la paz de los ciudadanos, desde que ingresé, como ustedes bien saben, se han generado eventos violentos, que son la muerte de personas por alto impacto. Hemos tenido bajas también de personal de Procuraduría: dos elementos que han sido privados de la vida por agresores exteriores, gente que nosotros catalogamos que pertenecen a grupos criminales; y recuperar esa paz, esa tranquilidad de los ciudadanos, pero a la par también recuperar esa confianza”, añadió.
CAEN 6 POLICÍAS MUNICIPALES POR DESAPARICIÓN FORZADA
Un duro golpe dio la Procuraduría Estatal este martes 29 de julio: lograron la captura de seis elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos en Cabo San Lucas; se les acusa por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. Se ejecutaron seis mandamientos judiciales en contra de cinco hombres y una mujer.
Los detenidos fueron ubicados en un domicilio de Lomas del Sol y fueron identificados como: Alejandra N., de 32 años, originaria del estado de Sinaloa; Ramón N., 30 años y originario de la Ciudad de México; Sergio N., de 23 años, del estado de Chiapas; Jesús N., de 33 años; José N., de 26 años y Pedro N., de 21 años, éstos originarios del municipio de Los Cabos.
El móvil principal es que los oficiales detuvieron a dos jóvenes el pasado 26 de junio, la última vez que vieron a Pablo Figueroa Martínez, de 21 años, y Xandro Jesús Torres Procopio, de 17 años, estaban siendo detenidos por los agentes hoy involucrados, señaló Antonio López, procurador general de justicia en el estado.
“Los datos indican que hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes, y que después de la detención ya no fue posible localizarlos. La investigación que se realizó por la desaparición de estos dos jóvenes: se iniciaron las investigaciones y se desplegaron diversas líneas de investigación; se logró recabar cierta información que poco a poco se fue recopilando y, desafortunadamente, apuntó a agentes de seguridad municipal de la información, en un grado de todavía de probabilidad”, confirmó López.
Al respecto el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de su Secretario General de Gobierno, Alberto Rentería Santana, se pronunció al respecto: dijo que serán respetuosos de las investigaciones y colaborarán con cualquier detalle que sea requerido.
“Redoblamos esfuerzos no sólo en capacitación interna, sino con la sociedad de este destino turístico en temas de prevención, porque nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan. La XV administración municipal refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a sus instituciones”, indicó Alberto Rentería.
BLINDAR AL PERSONAL
El pasado 22 de julio, el procurador como representante de la Mesa de Seguridad Estatal reveló que un servidor público del gobierno estatal de nombre Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, fue el responsable de colocar narcomensajes en el municipio de La Paz en el mes de julio, lo hizo a bordo de vehículos con logotipos oficiales.
Esto incomodó al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, el cual aseguró que “no vamos a tapar a nadie. No es un asunto de que haya sido un ataque hacia nosotros, sino simplemente las evidencias dieron con ellos y que es bueno que logramos dar con quienes estaban generando esta situación, acusaciones y además las amenazas, y anda huyendo el responsable”.
Explicó que se usaron vehículos oficiales, personal y tiempo, y que seguramente estas personas que participaron están ligadas al crimen organizado por lo que llegarán hasta los verdaderos responsables.
Antonio López explicó que debe haber un control muy cercano con los agentes operativos, evitar que caigan en manos del crimen organizado y sirvan como infiltrados para atacar a las propias instituciones.
“Sobre el Ministerio Público, las policías, siempre se ha ido buscando una manera de evitar infiltraciones, corrupción, mala atención y a nosotros por eso nos sacan de un sistema laboral, dicen: ‘A ver, tu sistema laboral que es el derecho burocrático, tú no aplicas ahí Ministerio Público y Policía, tú te vas por una ley administrativa, donde te pongo ciertas reglas, ciertos límites a nivel constitucional, que si por alguna razón te pierdo la confianza y sales, ya no te puedo reinstalar, te podré indemnizar, pero no te puedo reinstalar, y nuestros filtros son los exámenes de control de confianza”, añadió López.
Sin embargo, reconoció que lo exámenes no son siempre eficaces, ya que algunos han encontrado la forma de burlar estas evaluaciones y seguir por el mal camino.
“Por experiencia te digo que, a veces, ni el control de confianza es suficiente, se tienen que tomar otras medidas y estas otras medidas son la supervisión, la auditoría interna. Ingresa aquí personal joven, personal de policía, personal Ministerio Público joven, que tienen su actividad de vida y a veces los lleva a otras circunstancias (a fallar)”, expuso el procurador.
Esta parte, expuso, es muy importante tomar en cuenta para que los agentes que ingresan a las filas de la seguridad en Baja California Sur no se sientan tentados por la delincuencia; inicialmente se tienen que brindar oportunidades de crecimiento y buena remuneración, ya que la mayor parte de los elementos que se corrompen es por alguna necesidad.
“Un agente del Ministerio Público que de nuevo ingreso pues también tenga la posibilidad de ir creciendo y obviamente que la función que ellos realicen también reciban una remuneración superior, porque actualmente nos encontramos que todos tienen el mismo salario, todos tienen el mismo sueldo, a excepción de los que tienen categoría de jefe de grupo, de comandante, pero ese incluso tiene que ser una categoría aparte. De tal manera que hay Ministerios Públicos que son especializados y tienen sueldo de un agente del Ministerio Público que recién entra y eso pues no da una seguridad laboral, da una percepción de injusticia”, consideró López Rodríguez.
AVANZAN INVESTIGACIONES SOBRE HOMICIDIO DE COMANDANTES
Las muertes de los comandantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ulises Omar Cota Montaño, asesinado el 22 de abril de este año; y dos meses después Mario Quezada Mendoza, atacado y muerto el 21 de junio, ambos en el municipio de La Paz, encendieron las alertas.
Los dos casos dieron la bienvenida a Antonio López en la PGJE, y aunque no se tienen aclarados totalmente los móviles, en ambos casos hay avances y detenciones, sólo falta lograr un vínculo más sólido para aplicar la justicia contra los responsables.
“Si ese vehículo que accionó contra el comandante (Cota) hubiera sido detenido en algún punto y ahí hubieran encontrado a las personas, hubieran encontrado las armas, pues fuera un asunto que hubiéramos resuelto, relativamente. No ocurrió. Sí tenemos un dato y pensamos que con algunas acciones que estas personas que realizaron ya están detenidas, no por este delito, pero están detenidas por otro delito. Estamos buscando nomás el vínculo para vincularlo completamente. Para el caso de Quezada sí tenemos información directa”, aclaró el procurador de justicia.
Sobre los ánimos del personal tras estas dos pérdidas tan dolorosas, sin duda fue un impacto muy fuerte a las insignias, sobre todo en las áreas de narcóticos y de alto impacto, que eran los puntos de operación de ambos líderes.
Su trabajo los definió al frente de los grupos que dirigieron, y hoy en día se sostiene el luto, son dos huecos muy difíciles de llenar.
“Procuraduría todavía está de luto por la pérdida de nuestros compañeros; hay compañeros que son muy cercanos a ellos y mantienen ese luto y todos los días les recuerdan, y todavía en ese proceso de duelo, el duelo de la falta que hacen y de reponerlos”, reconoció el Procurador.
Dos bajas muy importantes para la corporación y que sí generó incertidumbre, sin embargo, las enseñanzas de ambos elementos, dijo, se ha sobrepuesto al dolor y los agentes de investigación han sido quienes mantienen las pesquisas.
Uno de los compromisos de Antonio López es brindar atención integral para todo el personal que lo requiera para afrontar estas pérdidas, pues comentó que lo importante es que estén sanos tanto física como mentalmente para dar seguimiento a investigaciones y brindar un buen servicio.
“Especialmente ellos, los investigadores, que son los que todos los días andan en la calle y andan haciendo investigaciones, y que ocurren estas circunstancias (homicidios), hay una reflexión que tenemos que hacer, de cómo cuidarnos todos, de cómo sobreponernos todos a estos elementos, especialmente en las unidades donde ocurre el evento. No tenemos todavía un indicio que haya generado en nuestros compañeros que se encuentran trabajando en un estrés postraumático”, finalizó López Rodríguez.
