Hasta ocho años de cárcel por instalar cámaras en vía pública en Baja California

Hasta ocho años de prisión es la pena que contempla la propuesta de Ley Antihalconeo por la instalación clandestina de cámaras de videovigilancia en la vía pública. La iniciativa será presentada este miércoles 20 de agosto de 2025 por el diputado del Partido Verde, Jorge Ramos Hernández.

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Lo que se reformará es el artículo 317 Ter del Código Penal de Baja California, aumentando la pena e incrementando las modalidades de vigilancia clandestina a beneficio de organizaciones criminales, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Sancionar a personas que obtengan información de seguridad a un tercero para cometer o planear un delito. Vamos a aumentar de uno a tres años a ocho años; incluso vamos a incluir el delito de intervenir el sistema de videovigilancia público y sancionar lo que se instale en la vía pública. No se va a sancionar lo que se aplique en sus domicilios. Incluso se va a sancionar a servidores públicos que intervengan canales oficiales de seguridad”, explicó Juan José Pon, director de la Consejería Jurídica del Estado.

“Hemos retirado más de 1,600 cámaras de procedencia desconocida que atentan contra la seguridad, y agradezco al diputado Jorge Ramos, que es inicialista y que nos permitirá darle paz a este estado”, explicó la gobernadora Ávila Olmeda.

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La titular del Poder Ejecutivo fue enfática en que la ley está enfocada en las organizaciones que cuentan con centros de monitoreo clandestinos.

“Que atentan contra la seguridad de las familias de Baja California”, dijo Ávila Olmeda.

La Consejería Jurídica del Gobierno bajacaliforniano dejó en claro que los particulares pueden instalar equipos de vigilancia dentro de sus propiedades, sin importar la dirección o visibilidad que capten los dispositivos.