EU acusa a mexicanos en Texas, de sobornar a funcionarios de PEMEX, en Gobierno de AMLO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) impuso, el 11 de julio de 2025, cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas, por sobornos por hasta 150 mil dólares, a tres funcionarios de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), con el objetivo de obtener contratos de la paraestatal entre 2019 y 2021, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy se hizo pública una acusación formal en el Distrito Sur de Texas que acusa a dos empresarios mexicanos por su participación en un presunto plan de soborno para retener y obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (PEMEX), la empresa petrolera estatal de México, y PEMEX Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de propiedad absoluta de PEMEX”, detalló el DOJ, en un comunicado.

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“Los acusados -ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos- presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, declaró Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino, de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU.

“Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, enfatizó Galeotti, citado en el comunicado.

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Según documentos judiciales, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años de edad, de The Woodlands, Texas, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas, ambos ciudadanos mexicanos y residentes legales permanentes en EE. UU., junto con otros, presuntamente conspiraron para pagar y ofrecieron pagar al menos 150 dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP, para obtener y retener negocios de dichas compañías paraestatales, para empresas asociadas con Rovirosa.

El DOJ detalló que, “al menos”, entre 2019 y 2021, Rovirosa Martínez, Ávila Lizarraga y sus cómplices, presuntamente ofrecieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos, a al menos tres funcionarios de PEMEX y PEP, a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con el primero de los acusados, a obtener y mantener negocios con las compañías paraestatales.

“Estas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con PEMEX y PEP por un valor de al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos”, explicó el DOJ.

“Rovirosa y Ávila están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres violaciones sustanciales de la FCPA. De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Tras su arresto, Rovirosa compareció hoy ante el juez. Ávila se encuentra prófugo y continúa prófugo”, indicó el Gobierno de EE. UU.

“El [Buró Federal de Investigaciones] FBI y el HSI investigan el caso, con la asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia crucial en este caso. Los abogados litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi y Paul G. Ream de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Brad Gray para el Distrito Sur de Texas están procesando el caso”, abundó la citada institución.

La Sección de Fraude se encarga de investigar y procesar los asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA). Puede encontrar más información sobre las iniciativas del Departamento de Justicia para aplicar la FCPA y la FEPA en www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act. Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal”, finalizó el DOJ.