Las ganancias obtenidas del comercio semifijo y el ambulantaje -incluyendo casos de explotación infantil- en la zona turística de Ensenada rebasan el millón de pesos mensuales en beneficio de particulares, así como cercanos al gobierno municipal y federal.
Un centenar de locatarios del corredor comercial de la calle Primera y bulevar Costero protestaron el pasado 29 de julio, para denunciar los problemas económicos que les deja la proliferación de dos mercados con puestos semifijos e improvisados en la vía pública.
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Los manifestantes forman parte del reducido grupo de locatarios de “curiosidades” que logró sobrevivir a la caída total de ventas durante la pandemia por Covid-19, y que en 2025 decidieron integrar un frente común.
Ellos estiman que hay más de 200 establecimientos con estas características que conforman los mercados situados de manera estratégica, para interceptar a turistas nacionales y extranjeros antes de que lleguen a la zona de negocios establecidos.
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El primero opera en la explanada principal del Puerto, al pie de la monumental asta ¨de la bandera y sobre el malecón. Este espacio originalmente era área de esparcimiento con vista al mar, ahora representa un obstáculo porque los visitantes deben atravesar los puestos.
Los promotores de este mercado son presuntamente trabajadores de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), dependencia a cargo de los permisos en esa área.
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Uno de los interesados que está identificado por Semanario ZETA acudió a las oficinas para conseguir un espacio; de inmediato se lo negaron, afirmando que todos están ocupados.
Según datos proporcionados por los propios vendedores en la zona federal concesionada, tres veces por semana se colocan entre 38 y 40 carpas. Cada puesto paga aproximadamente 2 mil 650 pesos por día, lo que se traduce en ingresos estimados de hasta 106 mil pesos semanales, considerando el promedio de 40 carpas rentadas.
Para conservar el permiso, los vendedores deben instalarse tres veces por semana, lo que al mes genera ingresos por alrededor de 1 millón 272 mil pesos hasta 1.5 millones por 15 días al mes. El pago incluye la renta de una carpa, una mesa y una silla proporcionadas por el mismo promotor.
Sin embargo, los locatarios advierten que esta cifra podría duplicarse. Por ejemplo, en el mes de agosto permanecen abiertos veinte días consecutivos.
Para corroborar cuánto dinero reporta la ASIPONA por este concepto relacionado con renta de espacios, se consultó el apartado de ingresos dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pero en estos años solo han publicado gastos y no transparentan los detalles de los ingresos.
SEGUNDO TIANGUIS DEL AYUNTAMIENTO DE ENSENADA
A escasos metros de este mercado federal, está otro con el aval del Ayuntamiento de Ensenada, sobre la calle Alvarado, entre el bulevar Costero y la calle de la Marina, justo frente al parque Ventana al Mar.
Los comerciantes establecidos denuncian que los vendedores informales en esa zona no revelan cuánto pagan al gobierno municipal, mientras su presencia genera una competencia desleal, pues no están sujetos a las mismas obligaciones fiscales ni laborales.
Asimismo, se detectó que una docena de vendedores semifijos, previamente autorizados para operar en la calle Miramar (a dos cuadras de ese sitio), frente al Mercado Negro, abandonaron esos espacios desde 2024 y se trasladaron de manera irregular a la calle Alvarado. Ellos están reutilizando esos mismos permisos.
Esta práctica contraviene el Reglamento de Alcoholes que establece que los permisos son personales, intransferibles y sólo válidos en el lugar autorizado.
Además de no pagar renta en dólares, como los comerciantes establecidos, los ambulantes evaden algunas contribuciones obligatorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de que no les vigilan que sus empleados estén afiliados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de no cubrir gastos de servicios como agua, electricidad o seguridad.
A esto se suma la falta de garantías sobre la autenticidad de los productos que ofrecen, pues muchos artículos no son artesanías mexicanas, sino mercancía genérica que afecta la imagen cultural del destino.
Consultado sobre la legalidad de estos espacios y la cantidad de permisos otorgados, el director municipal de Alcoholes y Espectáculos, Santiago Garín, evitó dar detalles. “Se está hablando con las partes”, fue la única respuesta del funcionario el mismo día de la manifestación.
AYUNTAMIENTO DICE QUE SON “EMPRENDEDORES”
Previo a la protesta, los locatarios enviaron un oficio a Santiago Garin Walther, donde enumeran la cantidad de artículos que se violan al permitir la proliferación de negocios relacionados con la economía informal.
En el oficio les enumeran catorce violaciones al Reglamento de Comercio para el Municipio de Ensenada que se violan en flagrancia; son el 4to, 5to, 10mo, 13vo, 15vo, 29, 35, 40, 42, 46, 46 BIS, 47, 49 y 51.
“Somos nosotros quienes generamos empleos, pagamos impuestos (adicionales) y somos responsables de todos los gastos que conlleva un negocio”, les advierten a la autoridad.
Asimismo, le reiteran que las carpas fueron colocadas de una manera estratégica en el primer punto de acceso de los turistas, a unos pocos metros del lugar de descenso, generando una desigualdad a quienes ejercemos el comercio formal.
Por lo anteriormente, expuesto, solicitan “la remoción o reubicación de las carpas, no continuar dando permisos para que sigan instalando carpas de comercio”.
La respuesta que recibieron del funcionario fue que este grupo de vendedores que opera en la vía pública son emprendedores. Sin embargo, por los años que han trabajo en dicha zona los comerciantes formales tienen bien identificados, tanto a los quienes venden dentro de las carpas como a quienes los manejan y aseguran que son los mismos que se han dedicado al ambulantaje.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO) Nicolás Ayud, así como Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente nacional del organismo, estuvieron previamente coordinando la movilización.
Menchaca citó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en relación en que los privilegios deben ser compartidos, pero en este caso, dijo, no lo es sino excedido hacia los ambulantes en comparación con la cantidad de trámites que obligan a cumplir al comerciante formal.
Pidieron a la presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, así como el director de Alcoholes y Espectáculos Públicos, que Garin Walther, así como los regidores, regulen esta actividad.
EXPLOTACIÓN INFANTIL, OTRO DELITO IGNORADO POR EL GOBIERNO
En las encuestas hechas por la organización Florida-Caribbean-Cruise a los pasajeros de las distintas líneas navieras, sobre la satisfacción de viajar a Ensenada, reprueba categóricamente la experiencia de ver niños y mujeres pidiendo dinero.
Los resultados de estas encuestas son públicos y entregados a los gobiernos para que corrijan esta situación, que particularmente todo lo relacionado con menores está relegada en tratados internacionales.
La mendicidad es uno de los círculos delictivos más notorios en la zona turística de Ensenada, donde bandas del crimen organizado se hacen pasar por artesanos indígenas para obtener permisos de venta de mercancías en puestos semifijos.
La mayoría de estos permisionarios son hombres que forman parte de una comunidad donde mujeres y niños son explotados con fines laborales y sexuales. Caminan descalzos por las calles, visiblemente lastimados, desaseados, mal alimentados y, evidentemente, obligados a pedir dinero o vender algún producto.
Los menores son forzados a mendigar en las calles, mientras que las mujeres permanecen en los alrededores, muchas de ellas embarazadas, otras adultas mayores, la mayor parte del tiempo, generando así un ciclo de abusos que las autoridades municipales, estatales y federales han normalizado.
En entrevistas realizadas en campo, se detectó que, por día de crucero, los extranjeros entregan entre 20 y 50 dólares a cada niño. En promedio, hay alrededor de 40 mujeres con al menos dos niños cada una, lo que representa una ganancia diaria aproximada de 2 mil 800 dólares.
En un mes, arriban a Ensenada alrededor de 18 a 23 embarcaciones, lo que se traduce en una ganancia de aproximadamente un millón 300 mil pesos, dinero que estos niños deben entregar a sus explotadores.
