Ante la ausencia de estabilidad económica y laboral, bomberos, policías y expolicías municipales en Baja California, se ven obligados a manifestarse en las calles para reclamar los derechos que la Ley supuestamente protege. Y con compensaciones insuficientes e injustas, las autoridades municipales desprecian el trabajo que realizan arriesgando de manera constante sus vidas.
En conferencia de prensa, el pasado 2 de julio, el General Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, confirmó que criminales de los cárteles de la droga amenazaron a bomberos y voluntarios que combatieron los incendios en Tecate en una zona del poblado de la Rumorosa, durante el mes de junio.
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Antes, ZETA había informado cómo decenas de estos delincuentes, a bordo de autos y motos, habían recorrido la zona serrana de la Rumorosa y la delegación Luis Echeverría durante los incendios, tratando de controlar y dirigir a los brigadistas con advertencias mortales.
Por la naturaleza de su trabajo extinguiendo incendios y realizando rescates, los traga humos ponen su integridad en peligro constante, con la finalidad de proteger la vida y las propiedades de los ciudadanos. Pero resulta obvio que en un estado como Baja California, donde las autoridades han sido incapaces de controlar a los grupos criminales que impunemente se empoderan, el riesgo de estos servidores se ha potenciado.
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Caso similar el de los policías, como ejemplo los uniformados de Tijuana, ciudad que, a pesar de estar en los primeros lugares de incidencia criminal del país, tiene también una de las corporaciones municipales con más detenciones de delincuentes en flagrancia, contrario a lo que sucede en otros estados, los agentes municipales tijuanenses sí capturan homicidas, traficantes, narcomenudistas, ladrones y etcéteras. Y en ese proceso, persecuciones y balaceras, que para los ciudadanos ya resulta infortunadamente común, arriesgan sus vidas, todos los días, al detener criminales, y para colmo, muchos de ellos después son liberados.
En este contexto, resulta que un alto porcentaje de los bomberos y policías bajacalifornianos han estado en peligro mortal “varias veces”, algunos han fallecido laborando y otros han sido retirados, dañados por causas del servicio, sin que el gobierno que explotó su trabajo tome la responsabilidad de velar por la atención y seguridad social que se ganaron y menos la seguridad de sus padres, sus hijos y sus viudas.
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Trabajar en condiciones laborales justas, dignas, seguras, igualitarias y justamente remunerados, es uno de los derechos humanos protegidos en papel por las leyes mexicanas, que los y las alcaldes no están respetando a los policías y bomberos en Baja California.
En fechas recientes los policías en Tijuana y Tecate, al igual que los bomberos de Ensenada y Tijuana se han manifestado en las calles para reclamar promesas incumplidas y derechos laborales. Pero esta falta de respeto por el trabajo de estos servidores no es nueva infortunadamente y tampoco un caso exclusivo de los municipios mencionados, porque reclamos similares se han dado en años recientes y en otras ciudades.
Los reclamos han sido todo el año, pero particularmente los últimos dos meses, en Ensenada, agentes municipales en retiro reclamaron por el cobro “indebido y no informados” de impuestos, también recordaron los impagos a jubilados y de los seguros de vida.
En Tijuana policías retirados y discapacitados pidieron que les homologaran los sueldos con la policía activa y exigieron el pago de pensión para las viudas de oficiales fallecidos, que sus familias no pierdan la seguridad social tras la muerte de los policías. Pidieron que no los trataran como “una merma”.
Los policías activos demandaron “la recuperación de sus derechos de seguridad social, deteriorados tras la sustitución del Servicio Médico Municipal en agosto del 2023 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali)”, y en este caso convendría que el alcalde Ismael Burgueño, el secretario Arnulfo Guerrero y Nelly Del Carmen Pabello Vega, la Oficial Mayor, se atendieran con la misma seguridad social que los policías, para que entendieran la situación y se aplicaran en mejorarla.
En cuanto a los bomberos, las peticiones de los traga fuego en todos los municipios se repiten cada año, conforme se acerca la temporada de incendios, que los Ayuntamientos cumplan con la obligación de crecer la plantilla de elementos, proporcionarles los uniformes, las unidades bomberas y el equipo necesario. Todas estas carencias afectan también a la ciudadanía, en la calidad y los tiempos de los servicios.
Actualmente en Tijuana los bomberos se han visto obligados a realizar, no solo manifestaciones públicas, sino paros laborales, frente a la desatención de las autoridades municipales, agravada por la falta de respaldo de algunos de sus supuestos representantes sindicales.
Los reclamos son más que justos, una compensación digna acorde a su esfuerzo y resultados, que se traduzcan en: bases para los bomberos porque más del 50 por ciento siguen catalogados como voluntarios o supernumerarios y ganan 200 por ciento menos que sus compañeros por el mismo riesgo; y el pago de horas extras, de las cuales ahora trabajan alrededor de 100 al mes, sin que se las paguen.
Frente a nóminas cargadas de alcaldes, secretarios, subsecretarios y directores con onerosos sueldos, nombrados por amiguismo y compromisos políticos, cuyo trabajo presenta además deficientes o dudosos resultados, resultaría oportuno y obligado el respaldo de regidores y diputados quienes como presuntos representantes ciudadanos, deberían apoyar para concretar la atención de las justas peticiones de bomberos y policías, con las necesarias ampliaciones y en la definición de los próximos presupuestos de ingresos y egresos.
Sin embargo, desde la comodidad de sus escritorios, los titulares de los Poderes ejecutivos y legislativos solo se han dedicado a desoírlos.
