A Orlando Navia Flores, de 27 años, le falló la justicia en Baja California Sur. Policías viciaron su caso, y hoy su agresor goza de total libertad, pese a que fue entregado por la parte ofendida que lo arrestó con uso de la fuerza proporcional y racional en legítima defensa de su vida, su hogar y su familia.
Después del trabajo, Orlando llegó a su casa, comió con su padre, su esposa e hijo de tres años, y salió a hacer su rutina diaria de regar sus plantas, cuando de pronto le cayó una persona encima que estaba armada con un machete y un cuchillo; esto el pasado 28 de julio en las calles Cayuca entre Alga Marina y Mangle de la colonia El Progreso, en el municipio de La Paz.
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El primer golpe lo recibió en la parte derecha de la cabeza, un poco arriba de la frente de aproximadamente 10 centímetros, además de puñaladas en los brazos. Se trataba del vecino incómodo de la colonia, de nombre Gonzalo.
“Me cayó enfrente y me atinó; yo para ese entonces sentí como un tubazo, un fierrazo, porque me retumbó mucho la cabeza, y en ese momento me cayó y quise dialogar porque no entendía la situación. En ese momento, él me dijo: ‘ya aquí vamos a quedar, aquí vamos a valer madre, te voy a matar’, y trata de atinarme un machetazo y en eso le agarro una mano y me trata de apuñalar con la otra, y por inercia me cubro con los brazos que fue donde me picó los brazos y el cuello. En eso me cercioro que tiene un cuchillo en la mano y me prendo de las dos manos de él y comienzo a forcejear y lo empujo con todas mis fuerzas hacia el pasillo para tratar de tumbarlo”, relató Orlando.
Durante el forcejeo, el joven de 27 años le asestó golpes al rostro con el codo hasta desmayarlo.
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Gonzalo, su agresor, ya había sido reportado ante la Policía por meterse a su propiedad, subirse al techo; así como otros vecinos lo denunciaron por robo, lesiones y otros incidentes, un vecino problemático y con serios problemas de drogas.
“En ese momento ya había salido mi papá, había salido mi esposa. Mi niño gracias a Dios estaba dormido en el sillón, no se dio cuenta de todo el ruido. Todo fue muy rápido, todo fue en uno o dos minutos, yo no entendía lo que estaba sucediendo. En ese momento le decía a mi esposa que le marcara el 911, pero estaba muy nerviosa, opto por salir a la calle a pedir auxilio y empiezo a tocar las puertas de los vecinos, gritarles. Como a los 20 minutos llega la primera patrulla, que era una muchacha y un señor ya adulto como de la tercera de la tercera edad. La muchacha se porta muy bien, pero el señor lo ve y pues me trata mal, como que lo justifica y me dice: ‘te pasaste, lo dejaste muy mal’, pero diciéndome de una manera como amedrentándome, como defendiéndolo”, dijo el joven.
El oficial de la Policía Municipal empezó a decirle que lo podían demandar por intento de homicidio, aun cuando él era la víctima; por un momento se sintió como el victimario.
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El agente quería que se subiera con Gonzalo, el agresor, a la misma ambulancia y sin supervisión.
“Despertó Gonzalo, lo querían subir a la camilla pero no se quería subir, lo fuerzan a que se suba a la camilla y lo suben a la ambulancia, y me dicen que yo me suba con él, y yo, no me subo, o sea, no me quería acercar a él”, añadió el agredido.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito en Baja California Sur, indicó que esta clase de mediación de las fuerzas de seguridad afectan la justicia, en este caso a la víctima, ya que el agresor está libre y todo por la deficiencia como primer respondiente de la municipal.
“La Policía Preventiva en la función de primer respondiente debió limitarse a presentar al lesionado y al lesionante ante el Ministerio Público, pero en lugar de eso hacen una emisión de juicio, y le dicen: ‘no te conviene presentar la denuncia, porque pues te van a acusar de exceso, porque mira, tú lo golpeaste’. Es un criterio absurdo, es una actuación irresponsable, hay una responsabilidad oficial, hay un incumplimiento del deber, hay una modalidad de encubrimiento a una conducta delictiva y ése es parte del problema, es intimidación a la víctima”, afirmó Rubio Ruiz.
Según la carpeta de investigación LPZ/6067/2025/NUC por el delito de lesiones dolosas, Orlando fue agredido, pero también le notificaron que fue denunciado por exceso de fuerza, aun cuando actuó en legítima defensa.
“Muchos policías me dieron muchas vueltas por el testimonio; algunos me dijeron que ‘por qué lo había apuñalado, que le había sacado las tripas’. Y les digo: ‘no mientas, no mientas, yo sé lo que hice y no me esté mintiendo porque eso no es verdad’, como para sacarme alguna otra cosa. Estuve como tres horas en el hospital; como 50 policías me sacan testimonio, enfermeros, ministeriales. Saliendo de ahí me vengo a levantar demanda y a lo cual, yo ya estaba demandado por exceso de fuerza, y me decían: ‘Ya te chingaste si se muere y vas a pisar la cárcel”, recordó Navia Flores.
Orlando exige justicia, ya que fue atacado dentro de su propio hogar con machete y cuchillo, él simplemente se defendió a golpes de su agresor.
Incluso ha sido desplazado por este vecino incómodo, que optó por sacar a su familia de casa y buscará vender su patrimonio.
BCS REQUIERE UNIFICAR CRITERIOS DE LA LEGÍTIMA DEFENSA
En Baja California Sur la legítima defensa, establecida en el Artículo 31 del Código Penal, no aplica como principio de exclusión de un delito, para que una agresión en defensa de una vida, patrimonio o de la familia sea válido, ha tenido que intervenir un Juez Federal mediante amparo.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para la Atención a Víctimas del Delito, recalcó que para que se dé deben cumplirse ciertos requisitos.
“Se trata de que la persona esté actuando en respuesta a una agresión real, actual o inminente. Tiene que ser en defensa de un bien jurídico tutelado. Como hablamos de la vida, hablamos de la integridad corporal, la libertad o el patrimonio. La clave es el uso de la fuerza, el uso de la violencia o la reacción del ciudadano sea la respuesta a una necesidad racional y proporcional”, explicó Arturo Rubio.
Pero el principal problema es que la legítima defensa aplica según el juzgador o el investigador, no a un criterio homologado.
“El problema es que la persona que tiene a resolver, por ejemplo, la parte de la racionalidad y proporcionalidad nunca ha vivido una situación de peligro. Entonces, no puede entender el fenómeno psicológico de alguien que ha sido víctima de esta situación. Necesitamos que en Baja California Sur se unifiquen los criterios. Si tú le preguntas a cinco agentes del Ministerio Público, a cinco jueces y a cinco magistrados sobre un caso en particular, de una supuesta o factible legítima defensa, vas a encontrar cinco respuestas distintas. Es un grave problema de incertidumbre jurídica, no tenemos certeza”, sostuvo Rubio.
En el caso de Orlando, quien estaba desarmado y fue atacado con cuchillo y machete, usó sus propias manos para golpear a su agresor y lo noqueó, pese a ello, está demandado por su agresor; y aparte, está libre del delito, porque fue tratado como víctima por los oficiales y no como infractor.
Rubio lamentó que la justicia no llegue al estado, que sean los mismos oficiales los que transgredan a las víctimas del delito, que revictimicen a los afectados.
“En los casos referentes de Baja California Sur, invariablemente se ha tenido que recurrir al amparo, porque no hay una unificación de criterios. Esa necesidad racional no ha sido identificada en la proporción, y eso necesitamos que se haga, tenemos que ir ante la Suprema Corte, entonces el ciudadano prefiere no tener problemas y aguanta las embestidas, porque pudieran resultar como le estaban diciendo la policía, ‘te vas a quedar detenido’, y eso inhibe la denuncia ciudadana”, exhibió el representante legal del Consejo Ciudadano.
Apuntó que la justicia está del lado de los criminales, más si los policías buscan inhibir la denuncia, proteger a criminales y evitar el papeleo.
Expresó que el encubrimiento es muy grave, más si hay una revictimización. Actuar sin protocolos, sin conocimiento y sin capacitación, es una negligencia.
“Es víctima, primero del agresor; y luego resulta que el Ministerio Público deja en libertad al sujeto porque la Policía Preventiva no hizo la remisión adecuada de la persona, y el agresor fue presentado como víctima; entonces, necesitamos que la Policía Preventiva en la actuación como primer respondiente sea eficaz y sea eficiente”, finalizó Rubio Ruiz.
REVISIÓN DE RUTINA
El lunes 11 de agosto, a las 22:30 horas, Humberto Antonio Olaves salía de la casa de su mamá en dirección a su auto sobre las calles Yate y Océano Atlántico de la colonia Arcos del Sol, vestía short negro, camisa negra, y mochila negra.
Según los oficiales, justificaron, como siempre ocurre en los operativos, que al patrullar por la zona, los elementos Alejandro Trasviña Vargas y policía Emanuel Arath Leyton, notaron que “se puso nervioso y trató de alejarse de ellos”, por lo que optaron por realizar una “revisión de rutina”.
“Mi hermano iba de salida de ahí, de la casa de mi mamá hacia su casa, ya era en la noche como a las 11:00 pasadita, yo creo, y en eso dice que entró una patrulla ahí, como un tipo callejón, donde nosotros vivimos en la colonia, se llama Arcos del Sol. Entonces, pues mi hermano iba cruzando la calle hacia su carro y en eso la patrulla entró en chinga y le comenzó a decir ‘párate ahí, párate ahí’. Le comenzaron a decir que revisión de rutina y mi hermano les dice ‘pero ¿por qué revisión de rutina, si no estoy haciendo nada? O sea, si yo ya me voy a mi casa’; no, que revisión de rutina, y no se dejó porque dice que lo forcejearon y que le comenzaron a preguntar por un tal Chuy Montufa, que supuestamente había robado o había asaltado una farmacia hace días y entonces que lo andaban buscando y a mi hermano le estaban preguntando por él”, comentó Eduardo Olaves, hermano de la víctima de agresión policial.
Los elementos de la Policía Municipal de la unidad SPM-232 justificaron la revisión porque andaban buscando a un presunto ladrón de la zona, que no se parecía al joven Humberto Antonio, pero sintieron la necesidad de preguntarle por él.
Desde ese momento los oficiales lo empezaron a jalonear y usar la fuerza para obtener información del supuesto delincuente que buscaban, al sentir “resistencia” los oficiales actuaron con violencia y lo golpearon hasta sacarle sangre de uno de los brazos.
“Mi hermano no es vago, no bebe, no fuma, no sale, se va de la casa de mi mamá a su casa y a dormir. A mí me da coraje cómo los policías abusando de su uniforme cometan esos atropellos, nomás se la pasa en la iglesia, es bien calmado, o sea bien noble. Se pasaron de abusivos. Entonces, al momento de querer someterlo, mi hermano no se dejó, no se dejó y le comenzaron a pegar con un bastón retráctil, que son los que traen como de fierro, le comenzaron a pegar con ése y pues mi hermano como pudo se soltó y corrió hacia la casa, ya que estaba cerquita de la casa fue cuando me gritó a mí y yo salí corriendo, no sabía ni qué estaba pasando”, explicó Eduardo.
Por fortuna, los familiares grabaron momentos después; los oficiales no dejaban de repetir revisión de rutina y que él no lo permitió, fue cuando sus padres le dijeron que sólo caminaba a su carro para irse a su casa.
Según los oficiales de la Municipal, el joven de 25 años les respondió: “Van a valer verga, no la arman a la verga, trabajo para gobierno del estado y conozco a muchas personas”; sin embargo, el denunciante pidió a los oficiales que muestren libremente sus grabaciones de las cámaras corporales, allí denotará que nunca les faltó al respeto.
Es por ello que no sólo interpuso la denuncia LPZ/6462/2025/NUC, sino que también acudió la mañana del martes 12 de agosto a Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz para solicitar se abra una investigación y exigir la destitución de los elementos de seguridad.
Luis Alfredo Cancino Vicente, Secretario de Seguridad Pública Estatal, indicó que los elementos de seguridad son evaluados cada tres años, lo que ocurra entre este periodo no se puede avalar esas conductas.
“Evalúa los elementos en diferentes parámetros, como es el examen psicológico, el polígrafo, un examen médico y un examen socioeconómico. Este examen se hace cuando ingresan a las corporaciones los elementos y se evalúan por permanencia cada tres años. Lo que nos garantiza el examen de C3, es que hasta el momento de su evaluación, el personal de las corporaciones de seguridad es confiable. Lo que pase en los próximos 3 años, lógicamente, no lo podemos avalar”, finalizó el Secretario.
