Se supone que el secretario de gobierno es el parachoques del gobernador, o de la gobernadora en el caso actual de Baja California, y aparte de las labores administrativas y de coordinación, tiene tres tareas fundamentales: es el encargado de la política interna en el estado, representante de la gobernadora y principal asesor de la titular del Ejecutivo. Pero Alfredo Álvarez Cárdenas -el actual y todavía secretario de Gobierno-, parece estar lejos de cumplir con esas prácticas. En las crisis recientes que ha tenido Marina Ávila Olmeda, su secretario general sólo aparece a su lado, pero no opera nada a favor de la mandataria, ni la representa, y si la asesora; está fallando. No sólo en materia de seguridad, de política y recientemente con el visagate, cuando tanto a ella como su esposo les fueron revocadas las visas para cruzar a los Estados Unidos. Hace unos días, evidenció, de nueva cuenta, la poca influencia que tiene sobre la gobernadora. Cuando a Marina Ávila la reportera Dianeth Pérez Arreola le preguntó -porque así se lo confió a ella una fuente-, sobre las empresas que habían ganado una obra en Tecate y que se decía estaban ligadas al crimen organizado, la gobernadora reaccionó con temor. No es gratuito asustarse si se asocia a su gobierno con actividades ilícitas, especialmente cuando ella está tratando de que el gobierno de los Estados Unidos le entregue de nueva cuenta una visa para entrar a ese país. Pero la gobernadora tomó a mal la pregunta de la reportera, y para desligarse dijo que pediría una investigación (ni siquiera respondió de cuales empresas se trataba). Y su secretario de Gobierno, en lugar de bien asesorarla, especialmente siendo abogado, fue y presentó a la FGR la denuncia. La FGR terminó enviando una notificación a la reportera, y el tema escaló al ámbito nacional e internacional, debido a la presunción de un acoso gubernamental hacia Pérez Arreola, por tan sólo hacer una pregunta con información que ella recibió. El abogado, Secretario General de Gobierno, tiene más capacidad que eso. Pues en lugar de sacar a la gobernadora de otra crisis, la hundió más, y hoy el gobierno de Baja California es señalado de acosar con denuncias a periodistas que acuden a las conferencias oficiales, por lo menos a Dianeth. Creció el problema, en lugar de solucionarlo, presentando la información de las empresas y los filtros que utilizaron para determinar que toda su actividad es lícita. Además, no midieron fueros. En la FGR efectivamente, atendiendo a Álvarez Cárdenas, iniciaron una investigación, pero se han dado que cuenta que, en la entrega de obras referida, no fueron utilizados recursos del orden federal, por lo tanto, se declararán incompetentes para conocer del caso, y lo enviarán a la FGE, o sea, la Fiscalía Estatal, para que sea Elena Andrade quien investigue… Ahora sí que, por todos lados, una mala decisión denunciar la pregunta de una reportera. Porque pues sí, eso es acoso.
Publicidad
