Una agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California presentó en 2023 una denuncia penal por violación impropia y abuso sexual agravado en contra de un compañero de la misma corporación, quien en dos años solo ha recibido una suspensión laboral.
La indignación entre los mismos oficiales se intensificó recientemente, tras conocerse dos denuncias por abuso y hostigamiento sexual contra el exboxeador y exfuncionario de Bienestar en el gobierno de Tijuana, Erik “El Terrible” Morales, las cuales tampoco han sido judicializadas, según confirmó la fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Hortencia Noriega León.
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El caso de la policía ocurrió en Mexicali, durante horas laborales cuando la víctima y el agresor, identificado como Fernando “N”, realizaban un viaje de trabajo que les asignaron.
De acuerdo con el expediente, la policía había pasado momentos incómodos durante el trayecto de Ensenada a Mexicali, y en un momento dado, cuando estaban hospedados, fue agredida físicamente. Al regresar, fue apoyada por sus compañeros para interponer una queja, pero la corporación no brindó protección a la víctima, describieron los denunciantes.
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Ante la falta de justicia, sus compañeros, sobre todo hombres -porque ellos recibieron un llamado de auxilio el día de la presunta agresión por parte de la víctima-, clamaron justicia a su corporación en entrevista con Semanario ZETA.
“Todos hemos tenido que viajar con las compañeras -mujeres-, incluso dormir en las mismas habitaciones cuando no hay presupuesto; convivimos en los tiempos libres, pero nunca nos sobrepasamos y ese viejillo – refiriéndose al agente Fernando- tiene varias pendientes”, indicó uno de los oficiales quejosos.
La fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, quien comparecerá próximamente ante el Congreso estatal para abordar temas de presupuesto y resultados de la institución, dijo no tener conocimiento del caso ocurrido en Ensenada, pero que instruirá a los agentes a dar seguimiento.
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A pesar de tratarse de un delito grave, la Fiscalía, única autoridad en Baja California, siendo la misma dependencia encargada de investigar y sancionar los delitos sexuales, no ha podido resolver un caso propio.
Aunque la ley reconoce la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio, a través de un pago, los policías piden que se castigue conforme a la ley al responsable.
“Este caso tiene ya bastante tiempo y el agente no ha sido vinculado a proceso. Además, le han ofrecido dinero para que se desista de la denuncia”, señaló un fiscal que pidió el anonimato. Agregó que se ha insistido a la víctima en no aceptar ninguna propuesta económica, ya que esto podría afectar la credibilidad del caso.
Según la carpeta de investigación, el agente Fernando “N” enfrenta dos procedimientos: uno administrativo, que derivó en su suspensión por parte del Órgano Interno de Control, y otro penal.
Según la fiscalía, el 24 de agosto de 2023 se solicitó audiencia de formulación de imputación por los delitos de violación impropia y abuso sexual agravado.
Inicialmente, se fijó la audiencia para el 2 de junio de 2025, pero la defensa del oficial suspendido solicitó una nueva fecha, la cual fue aplazada para el 4 de julio. No obstante, nuevamente los abogados del presunto agresor solicitaron diferirla, argumentando que “aún no conocen el caso”.
Se espera que el próximo 25 de septiembre el Ministerio Público cite a la Defensoría Pública para designar un asesor jurídico y remitir copia de la carpeta de investigación, con el objetivo de evitar una nueva postergación de la audiencia inicial de formulación de imputación.
DENUNCIAN ABUSOS LABORARES, ACOSO Y OTRAS REPRESALIAS
En una carta anónima redactada por el mismo personal operativo y administrativo de la FGE de Baja California, trabajadores señalan presuntos casos sistemáticos de acoso laboral, hostigamiento sexual e irregularidades administrativas dentro de la institución.
“Ofrecemos una disculpa por el anonimato de la presente, pero es altamente conocido las represalias que el alzar la voz podría atraer”, inicia el documento girado a diputados del Congreso del Estado.
De entrada, aseguran existe un clima de miedo generalizado entre el personal del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), así como entre agentes estatales.
Las represalias, según narraron, incluyen asignación de horarios extenuantes, cambios de adscripción sin base legal y acoso constante, tanto laboral como sexual.
Uno de los principales señalamientos es contra la titular de una unidad, identificada como Hortensia, quien cuenta con una denuncia por acoso, además de otra queja contra una licenciada de nombre Guadalupe, con dos denuncias por hostigamiento laboral. Sin dar mayores detalles, los autores de la carta acusan de que ambas funcionarias han sido protegidas por los altos mandos.
Otros graves señalamientos recaen sobre el titular de la Licencia Oficial Colectiva, a quien acusan de acoso sexual y de entorpecer la entrega de armamento a los agentes, reteniendo los cartuchos para presuntamente revenderlos.
Este funcionario favorece a quienes le pagan por cambiar armas por modelos no autorizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que obliga a los elementos a costear su propio equipo, según describen en el escrito.
En áreas administrativas como la Dirección Jurídica también se reporta hostigamiento, y en el área fiscal se indica que hay empleados requeridos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a omisiones en el pago de impuestos durante los años 2020 a 2022. Pese a las reclamaciones, las autoridades internas no han ofrecido respuestas.
Asimismo, se denuncian irregularidades en los procesos de jubilación, pues algunos trabajadores en condiciones de pensionarse han visto sus trámites detenidos, enfrentando investigaciones presuntamente infundadas para evitar el pago de prestaciones.
En el aspecto salarial, el personal reporta una disminución en sus ingresos por doble tributación de ISR, aplicada tanto en nómina como en compensaciones. La reducción representa hasta un 30 por ciento del sueldo. Además, patrullas nuevas habrían sido entregadas únicamente a elementos que pagan hasta mil dólares por ellas.
También se resalta la falta de dotación de uniformes, entregados preferentemente a personas cercanas a los responsables. En cuanto a la violencia de género e institucional, el documento denuncia la inexistencia de protocolos o sanciones, lo que deja a víctimas sin protección.
“No existe paridad de género entre los titulares, lo que vulnera el derecho de las mujeres a ocupar cargos de dirección”, señalan.
Los firmantes critican la política que exige 30 años de servicio y 60 años de edad para la jubilación con el 100 por ciento del salario, alegando que el desgaste físico y emocional del trabajo operativo debe ser considerado para reducir los requisitos, como ocurre en otras entidades del país.
Pese a las condiciones denunciadas, los trabajadores aclaran que no se rehúsan a cumplir sus deberes, “sólo pedimos un trato digno. Tenemos familia, pero servimos con lo que tenemos a nuestro alcance”.
Asimismo hablan de la falta de condiciones mínimas de trabajo y ponen como ejemplo un problema tan básico como el del estacionamiento en instalaciones como el Centro de Justicia y el edificio CIAC en Río Nuevo y Tijuana.
Ahí, indican, los espacios están reservados para directivos o personas cercanas a ellos, obligando a empleados y ciudadanos a estacionarse en zonas prohibidas.
“Son los mismos titulares quienes llaman a la grúa para que remolque los vehículos – e los empleados-”, expresaron.
EL MIEDO NO DEBE GOBERNAR Y NO HAY INOCABLES, AFIRMAN LEGISLADORAS
El documento redactado por los agentes, fue dirigido a las diputadas Yohana Hinojosa, Santa Corral y Daylín García, quienes tienen la consigna de dar seguimiento.
Lo que se expone en esta denuncia anónima es sumamente grave, que, de ser verdad, estaríamos frente a un entorno laboral marcado por el abuso de poder, el hostigamiento, la falta de condiciones dignas y posibles actos de corrupción institucionalizada dentro de la Fiscalía del Estado, informó la congresista Daylín García, titular de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio.
“No se puede permitir que el miedo sea lo que gobierne a una institución encargada de procurar justicia”, agregó.
Consideró como inaceptable que no existan protocolos claros para prevenir y atender el acoso, la violencia institucional o la desigualdad de género, y aún más preocupante que no haya voluntad para escuchar a quienes denuncian estas situaciones.
“Urge una investigación imparcial y seria que aclare estos hechos y garantice que quienes trabajan en la Fiscalía lo hagan con respeto a su dignidad y derechos laborales”, concluyó.
Por su parte, la legisladora encargada de la Comisión de Igualdad de Género, Michelle Alejandra Tejeda, aseguró que en el gobierno no hay “intocables” en la investigación, por lo que la carpeta no debe ser tratada como una prioridad aislada, sino como parte de una dinámica institucional común, donde no haya impunidad.
Mencionó que en febrero de 2026, quienes integran las distintas áreas involucradas deberán haber sido previamente capacitados sobre estos problemas internos. Además, se propondrá enviar apercibimientos a quienes no asistan a las formaciones que marca la ley, y que esta normativa tendrá un carácter obligatorio.
Reconocieron que el machismo está profundamente arraigado en las estructuras, por lo que es necesario identificar los perfiles que representan un riesgo y evitar que ocupen áreas sensibles, como en el caso donde se encontraba la compañera afectada.
Pusieron como ejemplo el actuar de la fiscal encargada de sanciones internas, quien debe enviar un mensaje claro al resto del colectivo dentro de la Fiscalía: “Este tipo de conductas no serán toleradas y sí sancionadas”.
Agregó que es responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos iniciar una investigación con enfoque interinstitucional.
