El exalcalde del XVI Ayuntamiento de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, y los exregidores, Pilar Eduardo Carballo Ruiz y Juan Ramón Domínguez Leyva, fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, esto por el caso “Misión Punta Norte”.
En otro proceso distinto, la excontralora del Gobierno del Estado durante la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis (2015-2021), Sonia Murillo Manríquez, fue vinculada por el delito de peculado.
Desde 2023, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción buscó la vinculación a proceso de Sonia Murillo y Rubén Muñoz, sin embargo, el proceso penal se estancó debido a que ambos gozaban de fuero constitucional.
De 2021 a 2024, Sonia Murillo, por el Partido Acción Nacional (PAN), y Rubén Muñoz, por Morena, ostentaron una curul en la Cámara de Diputados como legisladores federales por Baja California Sur.
Ante la protección que impedía en esos momentos que el proceso avanzara, por primera vez en la historia de la entidad, la Fiscalía solicitó el desafuero de dos diputados federales, sin embargo, nunca procedió.
Fue hasta que finalizaron sus cargos, en 2024, cuando las investigaciones avanzaron y se fijaron fechas de audiencia inicial en abril de 2025.
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A pesar de que los representantes legales de los imputados lograron aplazar la primera etapa del proceso penal, fue el lunes 7 de julio cuando el juez de control determinó que hay elementos suficientes para que los cuatro exfuncionarios queden sujetos a juicio.
CAMBIO DE USO DE SUELO ILEGAL
Como ZETA lo ha informado previamente, la Fiscalía Anticorrupción ha detallado que el caso del exalcalde y los exregidores del XVI Ayuntamiento de La Paz se debe a que en marzo de 2021, en sesión de Cabildo, se otorgó de manera ilegal un permiso de cambio de uso de suelo a favor de “Misión Punta Norte”.
Se trata de un proyecto inmobiliario promovido por Grupo SiNow, con el que buscan lotificar en cuatro mil 613 fracciones un área de casi 187 hectáreas, tanto para área habitacional, comercial y tres lotes para la construcción y operación de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
“Misión Punta Norte” se traduce como un fraccionamiento en el que pretenden construir más de dos mil 600 viviendas.
En marzo de 2022, con el arranque del XVII Ayuntamiento de La Paz, ahora encabezado por la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, se advirtió que el cambio de uso de suelo entregado al consorcio carecía de legalidad.
Por ello, en sesión de Cabildo se instruyó a la Sindicatura Municipal que iniciara el proceso legal correspondiente para quitar este permiso.
La Fiscalía Anticorrupción señala al exalcalde y los exregidores por el delito de ejercicio ilícito del servicio público en coautoría, estipulado en el Artículo 270 Fracción VII del Código Penal de Baja California Sur.
La instancia acusa que los hoy vinculados a proceso otorgaron este permiso sin llevar a cabo una consulta ciudadana y en contra del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PDU-CP) de La Paz.
“En su calidad de presidente municipal y regidores del Ayuntamiento de La Paz aprobaron el dictamen y sus modificaciones presentado por la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, mediante el cual se propone integralmente la aprobación del desarrollo y construcción de un ubicado en la salida norte de la ciudad de La Paz en la fracción del predio denominado ´Zacatecas´ con clave catastral 1-01-014-0165”, indicó la Fiscalía.
En el PDU esta zona estaba marcada con Protección Ecológica de Aprovechamiento, Bienes Nacionales, “H6” Habitacional Residencial Turístico, que se considera de bajo impacto, sin embargo, al otorgar el cambio de uso de suelo pasó a ser un “H3” Uso Habitacional de Interés Medio y Corredor Urbano.
Se les autorizó la lotificación de cuatro mil 613 lotes, aunque esta zona estaba señalada de riesgo y alto impacto por esta actividad por las afectaciones al medio ambiente y al acuífero de La Paz.
“La Comisión de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito que autorizó el cambio de uso de suelo del predio Zacatecas que en su momento presidía el hoy imputado ´Rubén N´, legal y normativamente no le corresponde dictaminar sobre el cambio de uso de suelo, y al contrario como su nombre lo indica, esa comisión únicamente le toca atender cuestiones relacionadas con temas de seguridad pública del municipio de La Paz”, informó la Fiscalía tras la vinculación a proceso.
El Juez de control impuso como medida cautelar la firma periódica, por lo que el exalcalde y los exregidores deberán presentarse cada mes ante la Coordinación de Servicios Previos a Juicio en La Paz mientras el proceso esté abierto.
De acuerdo con el Código Penal de Baja California Sur, los imputados pueden ser sancionados con una pena de tres a ocho años de prisión y una multa de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

CONFIAMOS EN LA JUSTICIA: RUBÉN MUÑOZ
Hasta el momento, Rubén Muñoz ha evitado dar declaraciones extensas en medio del proceso que enfrenta, no obstante, posterior a la vinculación a proceso se expresó brevemente para subrayar que confía en la justicia. Sin ahondar en el asunto legal, se limitó a recalcar que el proceso penal está en espera de resolución.
Asimismo el expresidente municipal confirmó que la siguiente audiencia, en donde inicia la etapa intermedia para presentar pruebas y depurar hechos controvertidos, se llevará a cabo hasta inicios de 2026.
“El proceso está sub judice, no hay una definición. Hemos sido notificados de la determinación del juez, habrá que esperar a la determinación de la justicia. Se emplaza el desahogo de la investigación para el 23 de enero y confiamos en la justicia”, declaró.
Por su parte, el exregidor, Juan Ramón Domínguez Leyva aún no ha respondido a la solicitud de réplica de ZETA. Con respecto al exregidor Pilar Eduardo Carballo Ruiz, hasta el cierre de esta edición no respondió al espacio para su versión de los hechos.
EXCONTRALORA SEÑALADA POR PECULADO
El otro caso que se presentó esta semana fue el de la Fiscalía Anticorrupción contra Sonia Murillo, quien fungió como contralora del Gobierno de Baja California Sur durante el mandato del exgobernador panista, Carlos Mendoza Davis.
La Juez de Control del sistema de Justicia Penal decretó auto de vinculación a proceso en contra de la exfuncionaria por el delito de peculado, esto debido a que la Fiscalía la acusa de haberse entregado a sí misma bonos que provenían de recurso etiquetado.
Según la acusación a detalle de la Fiscalía, del periodo que comprende del 21 de diciembre de 2016 al 18 de diciembre de 2020, la excontralora cambió el destino de 125 mil pesos a través de diversas transferencias.
Se especifica que la cantidad antes mencionada se movió desde la cuenta bancaria institucional de la Contraloría General del Gobierno del Estado a la cuenta bancaria personal de la imputada.
La Fiscalía subrayó que este recurso tenía un fin exclusivo, que no se llevó a cabo por la sustracción del monto.
La etiqueta del recurso era para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control de obras que debió llevar a cabo el personal de la propia Contraloría General del Estado.
“Se denominaba ´5 al millar estatal´ y nunca se realizó, máxime que el concepto de ´Pago de estímulo por única ocasión´, que fue el fundamento que utilizó la excontralora general del estado de Baja California Sur para justificar el desvío del recurso”, informó la Fiscalía.
“No es una prestación que corresponda a los servidores públicos del poder ejecutivo autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur”, agregó.
Entre los datos de pruebas presentados ante el juez, los representantes de la instancia contaban con la denuncia presentada por el director jurídico de la Contraloría, declaraciones patrimoniales de Sonia Murillo, pólizas de egreso y autorización de pago autorizadas, recibos firmados por la imputada y una copia certificada de la consulta de movimiento de cuenta de cheques de la cuenta de la Contraloría General del Estado a la cuenta bancaria personal de la exfuncionaria.
La Juez de Control estableció una medida cautelar que consiste en la firma mensual de la excontralora; asimismo, otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que el delito de peculado se establece en el Artículo 285 del Código Penal y recalca que comete este ilícito “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.
El Código Penal expone que cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de mil hasta diez mil veces el valor diario de la UMA en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a ocho años de prisión y una multa de 100 a 300 veces el valor diario de la UMA.
En 2016 y 2020 el valor de esta unidad osciló entre los 73.04 y 86.88 pesos, por lo que el monto que señala la Fiscalía como sustraído alcanza hasta las mil 438 UMAS.
ZETA buscó a Sonia Murillo para solicitar su réplica ante los señalamientos que enfrenta; en respuesta, la excontralora mencionó que consultará con su representante legal para dar su versión de los hechos sin perjudicar el proceso.