Un año ha pasado desde que la pequeña Lara, de entonces cuatro años, quien tiene autismo de grado dos, fue presuntamente abusada sexualmente por el hijo adolescente de su niñera, y a la fecha su caso (0204-2024-90367) no ha sido judicializado y por lo tanto impune.
Según relató Yareli Mariana Gregorio Ledesma, madre de Lara, el 18 de julio de 2024 tras recoger a Lara de la casa de su niñera, la menor le manifestó que sentía dolor en su zona íntima, y al revisar notó como su área genital estaba lastimada; supuestamente la infanta habría señalado que el hijo de 16 años de su niñera jugó a los “esposos” con ella y fue cuando la lastimó.
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Tras la confesión de la menor, sus padres acudieron a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), quien calificó el caso como “abuso sexual y violación equiparada”, pero desde entonces no ha habido avances.
Además de la demora en las investigaciones, Yareli acusó que el dictamen pericial donde el médico señaló que la menor tenía una fisura en su himen, lo que demuestra que hubo un tipo de penetración, no aparece dentro de la carpeta de investigación, así como que no le fue brindado a la infanta el personal capacitado para que pudiera rendir su declaración por su condición, a pesar de que ésta se acreditó.
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“Se despierta en las noches con pesadillas, tiene alucinaciones; hemos tenido muchos retrocesos donde literal hay días en los que no entra a ninguna terapia, simplemente porque no quiere que tengan contacto físico con ella. Se acercan y empieza a gritar diciendo que no quiere que la toquen”, manifestó la madre de Lara.
Cuestionada sobre el caso, la Fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes, Luz María Félix Figueroa, aceptó que ha habido retrasos, los cuales justificó explicando que “probablemente” se debieron a los dictámenes periciales que en “ocasiones tardan un poco”, esto por la carga de trabajo de dicha área.
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Además, la Fiscal señaló que de la entrevista que se le hizo en un primer momento a la menor víctima, con la ayuda de un psicólogo, que cabe señalar no era especialista en autismo, no se pudo obtener información que acreditara un daño a la menor, esto porque no pudo ofrecer circunstancias de modo, tiempo y lugar debido a la edad que tenía cuando ocurrió el abuso y a su condición autista. Aunque aclaró que esto no es un requisito indispensable para acreditar el hecho denunciado.
Es por ello que ahora solicitaron -a un año de abierto el caso- un psicólogo con especialización en la condición autista al Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), al DIF y al CRIT, donde es atendida la menor, para que le brinde acompañamiento y se pueda obtener una certificación de su declaración, pero siguen esperando a que se los proporcionen.
Caso similar ocurre con Yareli, de quien dijo está citada el próximo 25 de julio para que amplíe su declaración, pues hay algunos datos diversos en cuanto a fechas del hecho que deben establecerse.
Será una vez que se cumpla con la certificación de la declaración de Lara y de su madre que el caso podrá ser judicializado.
FGE descarta violación, pero no abuso sexual
En cuanto a las pruebas periciales, la Fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes reveló que estas descartaron la violación, pero no la posibilidad de un abuso, por lo que la investigación continúa.
Sobre el adolescente, presunto responsable, la funcionaria compartió que éste fue llamado a declarar, pero se reservó su derecho y permaneció callado, no aceptando su responsabilidad, por lo que sigue en libertad.
Respecto a la pena de la que pudiera hacerse acreedor el joven de 16 años, de encontrarse responsable, la Fiscal comentó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece caso de encontrar responsable al adolescente éste podría permanecer internado cinco años, que es la pena máxima, pero sólo aplica de comprobarse una violación, no así para el abuso sexual.
De llegar a determinar el juez esto último, el joven sería acreedor a otra sanción que lo haga hacerse responsable del daño e incluso se le puede hacer sujeto de una medida cautelar, la cual dependerá de sus condiciones particulares y a una serie de estudios para justificar la medida.
