El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, se alistó para imponer un arancel del 20.91 por ciento a las importaciones de tomate mexicano a partir del 14 de julio de 2025. La medida se implementará tras la terminación del acuerdo suscrito en 2019 con productores mexicanos, que establecía precios mínimos de importación y suspendía una investigación sobre prácticas desleales de comercio.
Según un análisis del American Action Forum, la recaudación derivada del nuevo gravamen podría alcanzar los 346 millones de dólares anuales. El estudio también estimó que los precios de las distintas variedades de tomate en territorio estadounidense aumentarían entre 7 y 11 por ciento, dependiendo de la respuesta de los supermercados, productores y distribuidores.
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El Departamento de Comercio de EU informó en abril de 2025 respecto a la rescisión del acuerdo con los productores mexicanos, argumentando que se buscaba reemplazar los controles de precios por un esquema arancelario que generara ingresos directos para la Administración.
El análisis del American Action Forum advirtió que, en caso de que las importaciones mexicanas fueran suprimidas, EU requeriría un área de cultivo seis veces mayor que la superficie del Distrito de Columbia para abastecer la demanda interna de tomate.
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Por su parte, la empresa importadora NatureSweet Ltd, con sede en Texas y considerada uno de los mayores distribuidores de tomate en EU, informó a sus clientes que tendría que elevar sus precios en casi 10 por ciento si entra en vigor el arancel. Su director ejecutivo, Rodolfo Spielmann, señaló que “no hay ningún escenario en el que pueda absorber esos aranceles”.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EU, en 2024 se importó el 72 por ciento de los tomates frescos consumidos en ese país, de los cuales alrededor del 90 por ciento provinieron de México.
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La secretaria de agricultura de EU, Brooke Rollins, indicó que es probable un aumento en los precios de corto plazo y que “garantizar que nuestros socios internacionales sean justos, respeten las normas y cumplan con sus obligaciones es primordial”.
El 8 de julio de 2025, Bloomberg reportó que, a menos de una semana del vencimiento del acuerdo, era poco probable que se alcanzara una prórroga o nueva negociación. A pesar de ello, una delegación mexicana encabezada por el secretario de economía Marcelo Ebrard Casaubón tenía programado arribar el día 11 del mismo mes y año a Washington D.C. para sostener conversaciones con sus contrapartes.
Desde 1996, el acuerdo suspendía una investigación por dumping y permitía la importación de tomate mexicano siempre que se respetaran precios mínimos y controles de calidad. Aunque el pacto fue renegociado en distintas ocasiones, productores de Florida insistieron ante el Departamento de Comercio en su cancelación, alegando que no cumplía su propósito.
Robert Guenther, vicepresidente ejecutivo de la Bolsa de Tomate de Florida, afirmó que “en los últimos 30 años lo que se ha observado es una reducción constante de la cuota de mercado del tomate estadounidense”, que pasó de 80 a 30 por ciento.
Economistas agrícolas consultados señalaron que el incremento en la participación de mercado por parte de México respondió a su clima templado, la infraestructura de invernaderos y el bajo costo de la mano de obra, factores que favorecieron el cultivo de variedades como cherry, uva y heirloom.
Matt Mandel, vicepresidente de la empresa SunFed Produce de Arizona, la cual importa el 95 por ciento de sus productos desde México, indicó que el fin del acuerdo provocará un aumento de precios. “Va a subir los precios, punto. Trabajamos con márgenes muy, muy pequeños y es absolutamente imposible que podamos absorber el 17 por ciento”, explicó.
Además de las afectaciones a precios, analistas prevén impactos negativos en el empleo. Un estudio realizado en abril de 2025 por la Universidad Texas A&M concluyó que la importación y comercialización de tomate fresco desde México genera alrededor de 47 mil empleos directos e indirectos en EU.
Mientras legisladores de Florida han respaldado la terminación del acuerdo, funcionarios de estados fronterizos como Arizona y Texas, incluido el gobernador Greg Abbott, exhortaron al Gobierno federal a mantener el pacto vigente, advirtiendo de consecuencias económicas negativas para sus regiones.
