A raíz de la polémica generada en Guanajuato, por la adquisición de la casa del gobernador Diego Sinhué que se vincula con un representante legal de la empresa Seguritech, obliga a repensar: ¿qué mueve la necedad gubernamental en Baja California de recontratarlos?, a pesar de los años que lleva la empresa relacionada con temas de corrupción e ineficiencia
Pese a los múltiples señalamientos de incumplimiento de contratos leoninos con sobreprecios escandalosos, concedidos en concesiones injustificadas, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no acababa de sentarse en la silla del estado cuando ya estaba comprometiendo las finanzas de Baja California, en favor de la empresa propiedad de Ariel Picker, llamada Seguritech.
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En febrero de 2021, ZETA publicó un reportaje, donde punto por punto desmenuzamos los contratos relacionados con el proyecto Seguritech, que se arrastran desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid, pero que su verdadero impulsor fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues fue de 2012 a 2018 cuando la empresa dedicada a la tecnología y a los sistemas de videovigilancia, obtuvo su crecimiento exponencial. De ser una humilde empresa de venta de alarmas vecinales en 1995, se convirtió en un emporio beneficiado principalmente por el recurso público, ganaron más de 22 mil millones de pesos durante ese gobierno.
Pero más allá de las sospechas de corrupción y de los vínculos de políticos ligados al PRI y al PAN, y ahora a Morena, sería importante también medir si los millones de millones erogados se pueden comparar con su contribución con los resultados que ofrecen a la ciudadanía… y es mi deber informar que no son los mejores.
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Según la última evaluación del Índice de Paz en México, publicado en mayo de 2025, aunque en los últimos cinco años el número oficial de muertes violentas ha disminuido levemente, al comparar las cifras del año 2015 con las del 2024, queda claro que la violencia en el país ha crecido de manera impresionante; y como ejemplo, el índice de homicidios en México, que subió de 15 decesos diarios hace 10 años, a 23 homicidios por día el año pasado, lo que representa un aumento del 55 por ciento.
La misma evaluación ubica a las entidades como Colima, Guanajuato, Morelos y Baja California, como las sotaneras en torno a los resultados en materia de seguridad.
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La evaluación realizada por el Institute for Economic and Peace (IEP) hace una serie de análisis per cápita donde contempla la medición de homicidio, crímenes vinculados a la delincuencia organizada, delitos con violencia, cometidos con arma de fuego y el miedo que se tiene a la delincuencia.
Los resultados ubican también a estas entidades en las peores cifras, y por sí fuera poco, los cuatro estados embaucaron a su ciudadanía adquiriendo los sistemas de videovigilancia de la empresa Seguritech Privada, a través de sus filiales, donde comprometieron miles de millones de pesos para la compra o renta del equipo de videovigilancia.
La promesa de los gobiernos que firmaron contratos -algunos de ellos- desde el año 2012 (como en el caso de Guanajuato) nunca llegó, pues todas esas entidades optaron por invertir en el proyecto a costa del abandono operativo de las corporaciones de seguridad.
Tras darse a conocer el escándalo de un posible acto de corrupción del exgobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué, quien adquirió una vivienda en Houston, Texas, a través de un préstamo signado por Daniel Esquenazí Beraha, uno de los representantes de Seguritech, revive nuevamente el tema de corrupción que envuelve a la empresa tecnológica desde hace más de 10 años y que los gobiernos han insistido en respaldar, mediante esquemas opacos y abusivos en beneficio de la empresa, pues tan sólo en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Seguritech Privada se llevará casi dos mil millones de pesos, entre el pago del contrato que firmó Kiko Vega -y que no operó- y el que signó la mandataria estatal.
En ambos casos, la opacidad fue descarada, pues pese a que por Ley están obligados a brindar, al menos una versión pública, el Poder Ejecutivo se aferra a ocultar los datos, un esquema muy conveniente para los contratos signados por una empresa que en ningún estado del país ha pasado “limpia” de señalamientos de inoperancia, ineficiencia, sobreprecio y ahora también corrupción.
