Ciencias Cardiovasculares Medina y Asociados S.C., una empresa familiar del secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, obtuvo cerca de una quincena de contratos por servicios subrogados del ISSSTE desde 2022, cuando el cardiólogo ya se había convertido en el funcionario de más alto rango del sector salud en el estado.
A la empresa familiar de Medina Amarillas -en la que figuran su esposa Mónica Orejel Castro y sus hijas María Fernanda y Fabiola- le fueron entregados tres contratos por adjudicación directa y doce por licitación pública en el periodo referido.
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Por los 15 contratos, Medina Amarillas habría obtenido al menos 6.3 millones de pesos y un máximo estimado de 12.4 millones de pesos. Montos que representarían casi seis y 12 veces el salario neto del funcionario, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Algunas licitaciones destacan por qué la empresa familiar no tuvo competidores en las partidas concursadas; o sin tener la propuesta más económica, igualmente le fueron adjudicados los contratos.
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En este caso hay un conflicto de interés del secretario de Salud, señalaron las legisladoras locales de la Comisión de Salud, Daylín García y Alejandrina Corral, así como la diputada federal Eva María Vásquez.
“Es una situación que huele a tráfico de influencias, aunque quieran disfrazarla de legalidad. No es ético; y en política, lo ético importa. Este tipo de vínculos manchan la confianza ciudadana en las instituciones y confirman lo que venimos señalando desde la oposición: que en Baja California la salud pública se ha convertido en un negocio para unos cuantos”, señaló Daylín García.
En cualquier país con una “cultura mínima” de rendición de cuentas, este caso ya habría detonado una “investigación seria y la renuncia inmediata del funcionario”, porque el secretario de Salud no puede desligarse de los beneficios que obtiene su empresa familiar mientras él ocupa un cargo público, aseveró la diputada de Movimiento Ciudadano.
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CONTRATOS DE 2025
Los últimos contratos otorgados por el ISSSTE son de este 2025 por un monto conjunto de hasta tres millones de pesos. En los documentos con fecha del 13 de mayo se observa la firma de Medina Amarillas en su calidad de administrador único de la empresa.
También estamparon su rúbrica Fausto Enrique Loera González, representante legal del ISSSTE en Baja California y María Elena Juárez González, jefa del Departamento de Recursos Materiales y Obras. Además de Edna Nallely Méndez Hernández, subdelegada Médica del ISSSTE, quien fue identificada como discípula y amiga de Medina Amarillas por una persona que denunció los contratos a ZETA.
Los funcionarios federales que otorgaron los contratos a la empresa familiar de Medina Amarillas dejaron de lado el artículo 8, fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que expresamente establece la obligación para todo servidor público de:
“Abstenerse de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, a quien desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte”.
UNA NECESIDAD, APROVECHADA
La empresa familiar de Medina Amarillas se compromete a prestar servicios médicos especializados por medio de 12 estudios de cardiología para derechohabientes del Hospital 5 de Diciembre de Mexicali y cuatro estudios para el Hospital Clínica de Ensenada, en los contratos de 2025 (REBC/RMYO/LP/SRV/0017/2025 y REBC/RMYO/LP/SRV/0023/2025)
De la revisión de ambos documentos destaca una diferencia de precio en dos estudios: el ecocardiograma transesofágico y el ecocardiograma dobutamina, cuyos costos unitarios en la Clínica de Ensenada son mil pesos y 500 pesos más caros que los establecidos para los mismos estudios en el contrato de servicios subrogados al Hospital 5 de Diciembre de Mexicali.
Cardiólogos consultados por ZETA señalaron que estas pruebas médicas son frecuentes. Ayudan a diagnósticos tempranos y a que los pacientes tengan un mejor tratamiento; sin embargo, en hospitales públicos de Mexicali “prácticamente no tienen nada para hacer eso”.
Explicaron que un ecocardiograma dobutamina es un estudio para saber si existe o no evidencia de que alguna de las arterias principales del corazón esté obstruida por más del 70 por ciento. Se solicita cuando existe sospecha de angina de pecho o isquemia residual.
El eco transesofágico se pide para saber la estructura o la función cardiaca; cuando se quiere ver detalladamente algunas estructuras como la válvula aórtica. Las pruebas de esfuerzo evalúan arritmias y si existe una obstrucción, mientras que la prueba de inclinación sirve para comprobar el diagnóstico de disautonomía para pacientes que se desmayan.
Estudios como el eco Doppler pulsado son básicos para evaluar la estructura y función en niños con soplo cardiaco o con sospecha de una cardiopatía congénita, pero en Mexicali “no hay personal que esté trabajando para hacerlo” en hospitales públicos.
La falta de personal en instituciones públicas para atención de infantes y adultos se debe a que “no hay material para trabajar” y el pago de un especialista es “muy poco” comparado con lo ofrecido en hospitales privados, comentaron los especialistas.
La diputada del PAN, Alejandrina Corral Quintero, lamentó la disminución del presupuesto en salud y criticó que en lugar de que el secretario de Salud promueva en Ciudad de México que todas las instituciones públicas en Baja California tengan medicinas, insumos médicos y especialistas que requiere la población, mientras el propio secretario incurra en conflicto de interés.
“Medina Amarillas debió estar consciente de lo que implicaba asumir el encargo”. Este asunto tiene que abordarlo la Secretaría de la Honestidad, primero de manera preventiva para hacerle saber que no se debe de incurrir en estas prácticas, y posteriormente, si insiste en las mismas, sancionar, señaló.
ADJUDICACIONES DIRECTAS
Los contratos asignados por adjudicación directa a la empresa familiar de Medina Amarillas tienen un monto conjunto que oscila entre 478 mil 620 pesos y 808 mil 620 pesos. 2024 fue el año en que más adjudicaciones directas recibió.
De las licitaciones destaca el proceso número LA-51-GYN-05GYN030-N-23-2023 en el que la empresa familiar de Medina Amarillas “concursó” sin oponente en las partidas 1 (cardiología), 8 (hemodinamia) y 22 (cardiología) obteniendo sendos contratos por importe global de hasta 2 millones 180 mil pesos.
Mientras que, en la licitación LA-51-GYN-051GYN030-N-102-2023, la empresa familiar de Medina Amarillas no ofertó un precio unitario más bajo, pero le fue adjudicado el contrato.
La empresa familiar de Medina Amarillas propuso como importe unitario 37 mil pesos; mil 300 pesos más que Imagenología Digital Diagnóstica, S.C., que planteó 35 mil 700 pesos. Pero la delegación del ISSSTE en BC le adjudicó el contrato, porque obtuvo 48.8 de 60 puntos máximos en la evaluación, mientras que la empresa con la propuesta más económica tuvo 42 puntos.
La diferencia estribó en la presentación de uno a cuatro documentos que acreditaran experiencia. La empresa con la propuesta más económica sólo presentó un contrato que abarcaba de 2018 a 2022 y, según el fallo de la licitación su metodología de trabajo no establecía las especificaciones y condiciones señaladas en la convocatoria.
LAS EMPRESAS DE MEDINA AMARILLAS
Medina Amarillas aparece como socio en tres empresas según registros públicos. Su empresa familiar, Ciencias Cardiovasculares Medina y Asociados S.C., fue constituida el 26 de mayo de 2012; su objeto social es la consultoría, estudio y tratamiento en general de enfermedades del corazón mediante intervenciones quirúrgicas, angioplastias con stent, cateterismos cardiacos, colocación de marcapasos y cualquier estudio médico, como electrocardiogramas, estudios Holter y pruebas de esfuerzo, entre otras.
Según la información de los contratos otorgados por el ISSSTE y la publicada en los registros de la plataforma federal Compranet, Ciencias Cardiovasculares Medina y Asociados es una microempresa y sus accionistas no tienen cédula profesional relacionada con el área médica, salvo el propio secretario de Salud.
Tiene domicilio en la calle C, No. 148, Segunda Sección de Mexicali. Dirección donde están las instalaciones del hospital Especialidades Almater, propiedad de los médicos Pablo y Manuel de Jesús Chee Rodríguez. El primero, Pablo Chee, es socio de Medina Amarillas en la empresa Grupo Cardiológico del Noroeste, S.A. de C.V., constituida en 1993.
La tercera empresa en la que aparece Medina Amarillas como socio es Ciencias Cardiovasculares Mexicali, S.A. de C.V., constituida en 2014. Todos los socios de las últimas dos empresas mencionadas son profesionales de la salud según el registro de cédulas profesionales de la SEP y, Medina Amarillas figura como presidente del Consejo de Administración de cada una.
De modo que llama la atención que sea precisamente la empresa familiar del funcionario la que obtuvo los contratos con el ISSSTE desde que él asumió la titularidad de la Secretaría de Salud.
MEDINA AMARILLAS NIEGA CONFLICTO DE INTERÉS
En un principio, Comunicación Social de la Secretaría de Salud aseguró que se llevaría a cabo una entrevista sobre el tema con Medina Amarillas a solicitud de esta casa editorial, pero luego indicó a ZETA que no se concretaría por cuestiones de agenda del funcionario.
En su lugar se envió un pronunciamiento en el que se asegura que “el servicio fue contratado por la institución federal (ISSSTE), desde el año 2014, en apego a derecho y bajo las reglas establecidas por la institución”.
“La empresa, de ninguna manera ha sido favorecida por la actual administración, ya que este contrato es ajeno al Estado (…) Se trata de continuidad en el servicio otorgado desde la fecha mencionada, elegido por su calidad y accesibilidad”.
Para acreditarlo, se adjuntaron tres imágenes de un contrato asignado a la empresa familiar de Medina Amarillas, firmado por Guillermo Peñúñuri Yépez, quien fungió como delegado estatal del ISSSTE en 2014. En ninguna parte del documento se indica que se trate de un contrato plurianual y menos con una vigencia hasta 2025.
El argumento falaz del secretario de Salud queda más exhibido cuando señala que el “proveedor fue parte de una licitación para obtener el contrato”. Afirmación que contradice el propio documento enviado, el cual señala textualmente que la adjudicación fue “mediante el procedimiento de Adjudicación Directa”.
“Según los ordenamientos jurídicos en la materia, al tratarse de una institución federal y no estatal, la que requiere el servicio, no existe un conflicto de interés ni está prohibido por la ley la continuidad de este contrato existente desde años anteriores a la actual administración”, finaliza el pronunciamiento enviado por la Secretaría de Salud.
Para la diputada federal, Eva María Vásquez Hernández, los contratos de la empresa familiar de Medina Amarillas son “totalmente amorales”.
Enfatizó que sí se encuadran en conflicto de interés, toda vez que él es titular del sector salud en Baja California, “tiene acceso a información privilegiada” para poder llegar a la adjudicación por la vía que fuese, y el servicio subrogado es en el mismo estado, dijo la legisladora al referir el artículo 3, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas local
La diputada Daylín García Ruvalcaba dijo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no sólo castiga el acto ilegal, también el conflicto de interés real, potencial o incluso aparente; y “en este caso, la apariencia es evidente: contratos millonarios de servicios médicos dirigidos a una empresa con su apellido, mientras él dirige la política estatal de salud”.
