La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, el 9 de julio de 2025, que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, incurrió en una violación a los derechos al honor y a la vida privada de Ricardo Monreal Ávila, actual diputado federal y ex senador de la República, al difundir en medios oficiales y redes sociales conversaciones privadas entre el político zacatecano y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como “Alito”.
Por unanimidad, la Primera Sala del máximo tribunal constitucional confirmó la sentencia de amparo concedida por un juez federal a Monreal Ávila, pero limitó sus efectos a que Sansores San Román elimine de redes sociales y páginas oficiales la emisión del programa “Martes del Jaguar”, transmitido el 25 de octubre de 2022, en el que se exhibieron los mensajes en cuestión.
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Según la sentencia presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, la mandataria actuó en su carácter de servidora pública, no como particular, al utilizar recursos institucionales del Gobierno de Campeche para difundir información obtenida de manera presuntamente ilegal, sin que existiera constancia de su veracidad o sustento en sus atribuciones constitucionales.
En ese programa, la gobernadora también acusó a Monreal Ávila de actos de corrupción y de traicionar a Morena en el proceso electoral de 2021, en la Ciudad de México. Tras la difusión de los mensajes, el entonces senador promovió una demanda de amparo y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por intervención ilegal de comunicaciones privadas.
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En su fallo, la SCJN determinó que, aunque los funcionarios públicos deben tener mayor tolerancia frente a críticas y cuestionamientos, las expresiones de Sansores San Román no estuvieron protegidas por la libertad de expresión, ya que se sustentaron en datos privados de difícil acceso para cualquier autoridad.
La SCJN concluyó que la gobernadora no cumplió con su deber de verificar la información, ni constató de manera razonable los hechos en los que basó sus acusaciones. En consecuencia, ordenó la eliminación del contenido señalado, pero no avaló una prohibición general de emitir comentarios futuros sobre Monreal Ávila, al considerar que ello constituiría censura previa.
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El juez Agustín Tello Espíndola, quien originalmente concedió el amparo a Monreal Ávila en noviembre de 2022, también había ordenado a la mandataria y a sus colaboradores abstenerse de continuar emitiendo manifestaciones respecto al ex coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Sin embargo, dicho criterio fue desechado por la SCJN en esta resolución.
En el mismo juicio de amparo, Tello Espíndola otorgó una suspensión que obligaba a la mandataria estatal a eliminar las publicaciones relacionadas con el legislador zacatecano. Según el juzgador, dicha orden no fue acatada plenamente, motivo por el cual dio vista a la FGR por una posible violación a la suspensión judicial.
El conflicto entre Sansores San Román y Monreal Ávila se intensificó desde octubre de 2022, cuando la gobernadora inició una serie de señalamientos en su programa semanal, en los que también acusó al político zacatecano y a su familia de poseer múltiples propiedades no declaradas públicamente.
Monreal Ávila calificó los señalamientos como parte de una “campaña de guerra sucia” dirigida desde el poder, y promovida en el contexto de la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena. A su vez, Sansores San Román insistió que los mensajes le fueron entregados y negó haber espiado.
Durante el mismo periodo, 87 senadores de distintos partidos, incluidos 38 de Morena, expresaron respaldo al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y condenaron el uso de recursos públicos para presuntas campañas de difamación.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se pronunciaron por la unidad del partido y evitar confrontaciones internas. El titular del Poder Ejecutivo calificó los ataques como “de mal gusto”, mientras que el líder partidista pidió a ambas figuras evitar imprudencias políticas que pudieran favorecer a la oposición.
En otro frente judicial, la mandataria estatal fue incluida, el 30 de mayo de 2023, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por expresiones contra diputadas federales del PRI, también difundidas en el programa “Martes del Jaguar”.
Respecto a Monreal Ávila, el legislador zacatecano reiteró que continuará ejerciendo acciones legales ante las instancias correspondientes, para que se respete el marco constitucional, luego de que la SCJN le concedió la razón respecto a sus derechos fundamentales.
