En el estado de Jalisco, fue aprehendido el pasado fin de semana, Óscar Gaucín Orozco, elemento de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Baja California, es el segundo agente detenido, de un total de seis funcionarios policiacos, identificados como presuntos participantes de un robo de droga ejecutado por la alianza, Cártel Arellano Félix (CAF)- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia el Lago en noviembre del 2023.
De acuerdo a información proporcionada por la FGR, Gaucín fue aprehendido y trasladado a Tijuana el 19 de julio y un juez calificó de legal su detención. Está acusado de “alterar escena y posesión con fines de comercio”, y fue vinculado a proceso este jueves 24 de julio y agendada su audiencia intermedia el próximo miércoles 24 de septiembre de 2025 por delitos contra la salud en posesión de metanfetamina y fentanilo con fines de comercio, variante de venta con agravante del uso de su posición de autoridad.
Los investigadores federales aseguraron que se quedaría preso bajo proceso, como sucedió en junio del 2024, con Miguel Ángel Vázquez, elementos de la Guardia Nacional, detenido y acusado por el mismo delito.
Gaucín Orozco, sumaba 21 meses prófugo, fue declarado como no localizado, después que el 24 de noviembre del mismo 2023, cuando el cártel de Sinaloa empezó a asesinar a policías, presuntamente, a los agentes participantes en la mencionada sustracción de la droga.
De la misma carpeta, el Ministerio Público Federal también informó, que el criminal que encabezó este operativo corrupto, ordenado por la asociación CAF-CJNG, con apoyo de los agentes corruptos, al que identificaron como “el Federal” -sin serlo. también fue detenido en Monterrey, “hace varios meses”, lo ubicaron con la información de la investigación de Tijuana, pero al ser aprehendido, se percataron que estaba cometiendo varios delitos del orden federal también en Nuevo León, razón por la que decidieron empezar a procesarlo en aquel estado, mientras la FGR bajacaliforniana termina de fortalecer su carpeta.
Lo identificaron oficialmente con el nombre de Luis Alfredo Villegas Quijano, su captura fue informada públicamente por las fuerzas federales el 19 de abril del 2025, como parte de una serie de cateos, lo capturaron en “la colonia Nuevo Obispado, en Monterrey, Nuevo León”, lo aseguraron en posesión de cocaína, metanfetamina, cartuchos, armas largas y cortas, equipo táctico, y lo vincularon por delitos contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y usurpación de funciones.
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SUSTRACCIÓN DE DROGA
En cuanto al origen de los delitos, la madrugada del viernes 17 de noviembre del 2024, sin orden de cateo, un comando integrado por militares a bordo de pick up -patrulla de la Guardia Nacional, y agentes vestidos de civil en de tres pick-ups, y un sedán, ingresaron a la casa con el número 52 de la Privada Altitud 58 del Fraccionamiento El Lago en Tijuana.
Como la irrupción fue denunciada, llegó una patrulla, y los municipales decidieron acordar con el criminal a cargo, reportaron a la central sin novedad y se quedaron para apoyar el falso operativo.
Como revancha del robo, el 18 de noviembre, criminales del cártel de Sinaloa, dispararon contra la fachada de las instalaciones de la delegación de la FGR en Tijuana; el 24 de noviembre asesinaron al policía municipal, León Bueno Loreto; el 27 de noviembre, el homicidio a balazos del agente Estatal de Investigación Salvador Vargas; y el 3 de diciembre, publicaron en redes sociales una llamada en la que el municipal, Hugo Alejandro Murúa Rico, reconoció haber participado en el robo, y asegura que ya regresó parte del cargamento
LA PARTICIPACIÓN DE GAUCÍN
De los cargos contra el recién detenido Gaucín, tienen origen en un procedimiento administrativo iniciado por Fiscalía de Contraloría y Visitaduría del Estado en contra de tres de sus agentes, presuntamente participantes del mencionado robo, el asesinado Salvador Vargas ,Óscar Gaucín y Melissa Ramos Curiel.
La carpeta entregada a la FGR contiene una declaración de Ramos, en la que la mujer policía declaró, que el día de los hechos, junto con su compañero Oscar, se había reunido dos veces con el criminal identificado como Federal quien les ofreció “un jale”, así participaron en “el baje”, además trasladaron y entregaron parte de la droga a otros criminales en: un lote baldío en Calle La Flamita del fraccionamiento Guaycura; y en el edificio de condominios en el número 10617 del Bulevar Agua Caliente, en Tijuana.
Los nuevos abogados de Gaucín, alegan que la participación de su cliente no está acreditada, recurriendo a la revisión de los relojes de las grabaciones del falso operativo contrastados con la información del geolocalizador de la unidad que tripulaba Gaucín y Ramos durante el 17 de noviembre de 2023.
ALTERAR ESCENA Y POSESIÓN CON FINES DE COMERCIO
En cuanto a las consecuencias judiciales para los agentes corruptos, al día siguiente de la irrupción extrajudicial, la Fiscalía del Estado reportó que, a raíz de una denuncia, el 18 de noviembre del 2023, ejecutaron un cateo oficial en el mencionado domicilio y aseguraron 15 mil 857 gramos de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, así como 70 mil pastillas de comprimidos de la misma sustancia y 217. 1 gramos de metanfetamina.
Diligencia que usó la Fiscalía General de la República posteriormente, tras identificar a los participantes, para fincarles cargos.
Teniendo evidencias de la presencia de los agentes en la escena del crimen, la FGR solicitó y un juez le concedió, las ordenes de aprehensión en contra de los elementos policiacos identificados porque “estuvieron en la actitud de ejercer acciones de dominio” de las bolsas que se llevaron de la casa y presuntamente contenían droga y también de los enervantes que se aseguraron 24 horas después, “por la cantidad, pueden presumir que era para venta” y por alterar la escena del crimen.
Por este caso, actualmente continúan prófugos y con orden de aprehensión: de la Guardia Nacional, el sargento Luis Reynaldo Espinoza Alfaro, el cabo Jesús Hernández Leonardo y Óscar Yahir Ríos Martínez; la agente estatal Melissa Ramos Curiel, quien recientemente solicitó un amparo que le fue negado; y el policía municipal de Tijuana, de los audios, Hugo Alejandro Murua Rico.
(Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP).