Nabor Medina Garza (inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP) seguirá preso en tanto continúa el proceso judicial en su contra, en el que tanto la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, como la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusan del delito de abuso por retención, derivado de la resistencia de la banca y del directivo, a devolver 123 millones de pesos pertenecientes a las arcas estatales.
Hay que recordar que Nabor es directivo de la banca contratada por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Jaime Bonilla Valdez, y la empresa Next Energy, para realizar el pago concerniente a la construcción de una planta fotovoltaica que pretendía abastecer de energía al acueducto que traslada recurso hídrico a la Zona Costa del Estado.
El contrato, del que no se consiguieron los permisos, continúa vigente, según han referido los abogados de Medina Garza, y el fideicomiso no se ha extinguido, por lo que la responsabilidad penal recayó en el administrador de la banca.
Durante las últimas dos semanas, la novela de Nabor continúa llevándolo a escenarios complicados, pues luego de presentarse a una audiencia por otro delito vinculado también al caso Next Energy, Nabor fue capturado en su trayecto a su residencia provisional que contrató para llevar su proceso judicial.
Tras la intervención y derivado de una prolongada fuga que incluso presentó una solicitud de asilo político en los Estados Unidos, además de 12 amparos y 7 audiencias a las que no acudió, el juez determinó iniciar el proceso en su contra, además de otorgar la prisión preventiva para evitar otra fuga.
La argumentación de Nabor en el caso se sustenta en que, si bien es administrador del fideicomiso, carece de facultades para extinguirlo, pues corresponde a varios directivos de la banca emitir las firmas para su desaparición.
Publicidad
Esto no ha ocurrido, bajo el argumento de que se trata de un proceso bancario complejo que puede durar varios años.
Nabor Medina Garza permanecerá en prisión preventiva en tanto no exista una nueva determinación, ya sea mediante una apelación; o bien, un amparo de la justicia federal.