“Cuando el hacha entró en el bosque, los árboles dijeron: ‘El mango es uno de los nuestros’”.
-Proverbio antiguo
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En la colaboración anterior decíamos que en el mes de febrero del 2025 se presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de castigar a quienes recluten a menores de edad para actividades al servicio de la delincuencia organizada. Sin embargo, 30 días después se presentó una propuesta en donde se impusieron agravantes para la captación de los menores de edad y adolescentes mediante la utilización de las redes sociales o en delitos de acto impacto. Actualmente, en el Senado de la República se ha hecho una puesta por imponer penas que van -asómbrese usted- hasta los 40 años de prisión y multas en miles de salarios mínimos que a nadie detendrán porque, aunque esos delitos tienen penalidades gravísimas, el índice de detenciones por quienes los cometen es poco significativo.
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Habría que reflexionar a conciencia sobre el papel que desempeñan los legisladores y fundamentalmente, las autoridades. No sólo se requiere la aprobación de una ley; si ésta no se encuentra vinculada a políticas públicas que limpien el terreno de los adolescentes, el reclutamiento seguirá creciendo, mientras haya deserción escolar, ausencia de espacios seguros para la participación ciudadana, falta de oportunidades educativas y pobreza.
Es interesante examinar las experiencias de otros países que nos brindan lecciones sumamente valiosas. Un ejemplo, Colombia: es de todos conocidos el grave conflicto interno que vivió, muertes, ejecuciones, terrorismo, en donde la participación de niños y adolescentes era sumamente activa; se reconoció el problema y se legisló creando un marco legal que perseguía a los reclutadores como a los financiadores y de igual forma estableció programas muy activos y con seguimiento de desmovilización, desarme y reintegración a los programas educativos y de integración familiar de los antiguos niños soldados. Por su parte, Inglaterra estableció en el programa “County Lines” graves sanciones para la explotación de menores en el transporte de drogas, integró a la policía local con las escuelas y los servicios sociales para detectar a tiempo la captación de menores con los grupos delictivos.
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México podría y debe ver las experiencias de otros países y adaptar programas para desvincular a niños y adolescentes del círculo vicioso de la violencia y la marginación en que hoy viven muchos menores de edad de nuestro país. Si un niño tiene un radio que utiliza para avisar la llegada de la policía a la delegación, la colonia o la cuadra, no es un fenómeno aislado, pero pone de manifiesto el fracaso o la ausencia, en su caso, de un programa de protección integral.
Las ausencias familiares son vitales en este drama de los menores delincuentes, tales como la separación de los padres ya por divorcio o ruptura del concubinato, la migración, el feminicidio y el encarcelamiento de un padre o de un hermano, provocando una grave crisis económica cuya solución ve el menor de unirse a un grupo delictivo con tal de llevar dinero a casa o tener dinero en el bolsillo para atender sus necesidades más apremiantes. Así surgieron las grandes figuras de los líderes criminales; la ausencia del mentor es importantísima, se le ofrece al menor un celular que por supuesto no puede comprar, dinero y la promesa de que su familia estará bien y tendrá el manto protector de la delincuencia.
El escenario no requiere de mucha imaginación: el salario semanal por ser halcón duplica o triplica lo que muchos hogares perciben por jornadas completas en el campo o en el comercio informal; luego viene la aprobación de los padres y los hermanos mayores porque ya hay un proveedor de recursos y no faltarán los alimentos y los satisfactores. No importa que el niño esté involucrado con la delincuencia, ahora es el salvador, el protector y, desde luego, el nuevo mesías familiar.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
