Cuando un niño de 12 años de edad se encuentra vigilando la entrada a una calle para estar al pendiente de la presencia de la policía, se dice que nos estamos ante el caso de un simple “halcón”, sino que se ha presentado una fractura temprana entre una temprana edad (la infancia) y la captación de las futuras generaciones de las asociaciones delictuosas y crimen organizado. En México la práctica de la captación de niños que aún no terminan su instrucción primaria dejó de ser, desde hace mucho tiempo y de manera muy lamentable, una excepción, para convertirse en una práctica común del crimen organizado para captar a sus futuros miembros.
De acuerdo a la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim) y al Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos, más de 250 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran en un grave riesgo de ser captados por los grupos de delincuencia organizada.
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Esta mano de obra infantil abarca prácticamente toda la cadena delictiva y sus diversas etapas: Empezando desde el “halconeo” y la venta al menudeo de drogas, iniciando por sus compañeros de primaria, secundaria y hasta preparatoria, continuando con la extorsión, el sicariato, hasta llegar a la explotación de índole sexual.
Reinserta es una organización que trabaja arduamente dentro del sistema penitenciario y a su vez, en el ámbito de los centros de orientación social de los menores de edad y que estima que al menos 33 mil ya han participado en más de alguna de las tareas enunciadas con antelación, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula que más de ocho mil menores de edad fueron detenidos por delitos vinculados al crimen organizado en estos últimos 15 años.
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Lo que parece sumamente dramático es que entre los “niños que hoy están en riesgo” y los que ya empuñan un arma o la llevan en su mochila, es el tiempo en que un cártel tarda en hacerles una oferta que muy desafortunadamente la desigualdad, la falta de educación y principios que no se dan en casa, la pobreza y desde luego la ausencia del Estado Mexicano no les permite rechazar.
La labor de reclutamiento empieza con la seducción y la coerción, incluso para los más pequeños de edad entre los 6 y los 13 años; la puerta que les da entrada a estas organizaciones puede ser la observación encubierta o la mensajería. En cambio, para los adolescentes las asignaciones de su trabajo son sumamente temerarias: Trasladar cuerpos, ejecutar homicidios, cobrar piso o incluso participar en secuestros.
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Los incentivos que suelen recibir los menores de edad y sus familias varían entre promesas de pertenencia, compensaciones económicas que generalmente serán falsas, amenazas a la familia; se ha podido documentar que hoy en día las “amistades” en la escuela son los canales de reclutamiento que resultan más eficaces que las antiguas invitaciones que se hacían cara a cara.
Desafortunadamente se debe de reconocer la grave ausencia del Estado Mexicano, donde existen zonas del país “totalmente abandonadas” por la policía local, la estatal; la federal es totalmente inexistente; y por supuesto no interviene el Ejército; y la Guardia Nacional, si existe, sólo se dedica a la extorsión. Así pues, ante el abandono total de las instituciones encargadas de la seguridad en zonas como la sierra de Chihuahua o las zonas rurales de Michoacán o Guerrero, los miembros de los grupos delincuenciales actúan a plena luz del día por la ausencia de los cuerpos policiacos; en cambio, en las zonas urbanas la trampa para ingresar a los grupos delincuenciales es a través de las plataformas digitales, donde se anuncian “supuestas vacantes”.
Por supuesto que la legislación ha tenido que ver; la ignorancia y la dejadez de senadores y diputados han hecho crecer dimensionalmente el problema. Por ejemplo, en la trata de personas, se contempla el uso de los menores con fines de carácter de explotación y actividades sexuales, sin embargo, el reclutamiento forzado no se encuentra previsto en el Código Penal Federal de México, lo que propicia una gran impunidad y desde luego el desarrollo de los grupos delictivos con gran tranquilidad.
Ante este panorama, se han hecho algunos intentos en el ámbito legislativo, y en febrero del 2025 un grupo plural de legisladoras presentó una iniciativa que establece reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al Código Penal Federal y la Ley Federal de Delincuencia Organizada para castigar a quienes recluten a menores de edad.
Sin embargo, el reto que tiene hoy México no es simplemente aprobar una ley, sino qué tipo de políticas púbicas se pueden aplicar para el cumplimiento y ejecución de dichas leyes. Pero mientras no se limpie con una actividad gubernamental efectiva a la sociedad, en donde haya pobreza, falta de oportunidades educativas, ausencia de espacios seguros y deserción escolar dentro de otros, el terreno será fértil para los grupos delincuenciales.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
