Los marajás de BC

Desde que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció formalmente la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), en Baja California ya no les interesó actualizar las bases de datos relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, al grado que las nóminas gubernamentales no se encuentran actualizadas inexplicablemente, pues a nivel federal continúan trabajando con un esquema similar al que se laboraba anteriormente. Pero, aun así, aunque intenten ocultar cierta información, hay datos que todavía brindan información relevante, la cual quedó plasmada de años anteriores. Una de ellas es la que se publicó en julio de 2024, la última vez, tanto el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; donde destacan los salarios de sus titulares y donde muy pocos hicieron caso a los discursos de austeridad republicana. Según los datos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los marajás de Baja California en el servicio público radican en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), cuyos magistrados perciben un salario de 148 mil 297 pesos y 158 mil 403 pesos, en el caso del presidente de la institución. Basta con comparar los salarios de los magistrados Alberto Loaiza (quien se ha perpetuado en el cargo de magistrado, sin que nadie se preocupe por ello) y de Carlos Rodolfo Montero, este último presidente del TEJA. El salario de 148 mil pesos también dista mucho de los 107 mil que percibían en el año 2021, lo que confirma que encima de sus sueldos onerosos, han decidido aumentar sus percepciones, a las cuales se les agregan aguinaldos de 293 mil pesos al mes. No muy por debajo de los marajás del TEJA, aunque sin aguinaldos, se encuentran los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quienes perciben salarios de 139 mil 734 pesos, y detrás de ellos la fiscal María Elena Andrade Ramírez, la cual percibe un salario ligeramente superior a los 121 mil pesos mensuales, es decir, casi 20 mil pesos más que su antecesor, Ricardo Iván Carpio Sánchez. Debajo de ella se ubica la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, con 119 mil pesos, los magistrados electorales con 94 mil y los diputados con 84 mil pesos, de los cuales podría analizarse si es una percepción alta o baja dependiendo de sus funciones, sobre todo porque el ejercicio de las funciones de la mandataria estatal -en teoría- tendría mayor responsabilidad.