Las insuficiencias de Andrade

A punto de cumplir dos años de haber sido designada en el puesto, directamente por la voluntad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el desempeño de la fiscal María Elena Andrade Ramírez no satisface a los ciudadanos.

De entrada, la funcionaria impuesta ni siquiera coopera con los diputados que votaron su nombramiento a favor por instrucciones de la titular del estado. Porque apenas el pasado 19 de junio, los legisladores se quejaron en tribuna, y a través de un comunicado; porque en múltiples ocasiones doña María Elena ha ignorado sus exhortos para comparecer ante uno de los tres Poderes del Estado y rendir cuentas.

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Como no se han cansado de ser desdeñados, ese jueves la citaron de nuevo y hasta le avisaron los temas: “…por las condiciones laborales del personal del 911 y del C5”, porque “las víctimas son ignoradas por agentes que se niegan a levantar denuncias por no trabajar, incluso en casos de violencia sexual”, y “se vulneran los derechos del personal operativo – de la FGE- al persistir un clima laboral precario y la falta de condiciones mínimas en los centros de atención de emergencia”, denunció la diputada Yohana Gilvaja.

Actualmente, los sindicatos de maestros en Mexicali y Tijuana, tampoco están contentos con el trabajo de la titular del Ministerio Público del Estado de Baja California, después que la última semana de junio el profesor Esteban “N” fuera declarado culpable por “omisión de auxilio”, en el caso del pequeño Martín Damián, un niño de 10 años que perdió la vida tras ser víctima de bullying y recibir un golpe en la cabeza, en el plantel escolar Eucario Zavala Álvarez, en el año 2023, en Mexicali.

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Gran parte de la frustración de los docentes y de los padres de la víctima es porque la fiscalía concluyó el caso contra el profesor, pero luego de casi dos años, continúan sin determinar la responsabilidad de la Clínica de Especialidades Internacional, propiedad de David Cervantes Torres, padre del Oficial Mayor del Gobierno del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, donde dieron de alta al menor sin brindarle la atención adecuada.

Destaca también la impunidad con la que la fiscalía de Andrade ha privilegiado a otros poderosos infames, los criminales y cabecillas de los cárteles de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación y del Cártel Arellano, incluidas todas sus células, llámense, Rusos, Arzate, Uriarte y demás grupos de hermanos delincuentes que trafican, envenenan, roban, extorsionan, cobran piso y asesinan en Baja California, sin que exista una carpeta de investigación… y menos una orden de aprehensión en su contra.

Como muestra más reciente, el mensaje de descargo que Andrade pareció dar para los criminales, cuando se apresuró a informar públicamente -como si fuera algo positivo- que ni ella ni su personal de Agencia Estatal de Investigación habían participado el 17 de junio, en el operativo para detener al cabecilla del Cártel Arellano, Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”. Incluso manifestó que no tuvo conocimiento y fue más lejos al declarar que después de 12 años de carrera criminal y de haber sido identificado como uno de los principales generadores de violencia, la FGE no tiene ni una sola orden de aprehensión en su contra, aunque “estaba involucrado en homicidios”.

Igualmente, la fiscal continúa sin atender en persona a los grupos de mujeres que reclaman el combate efectivo a los feminicidios y a los colectivos de padres que buscan desaparecidos, delito que ni siquiera cuenta con estadísticas oficiales.

La ciudadanía también se queja que la funcionaria no se ha ocupado de las denuncias anónimas en contra del personal de la fiscalía Narcomenudeo y de Robo de vehículos, señalados de pedir cuotas y extorsionar o los usuarios. “Los asaltantes impunes y amenazando a diario patrullan mi domicilio los delincuentes y los investigadores”, reclamó una víctima en Mexicali, como ejemplo de la desatención.

Otros ignorado, son los lideres comerciantes de distintos rubros en todo el estado, quienes continúan denunciando el incremento de las extorsiones. Y pese a que Andrade asiste a mesas de trabajo “con el objetivo de reforzar las acciones contra este delito que afecta a pequeños empresarios”, al momento de hablar, repite que no tiene denuncias oficiales, y declara que su escuadrón creado para Combatir el Cobro de Piso, sigue sin resultados.

Entonces, la frustración y el temor acumulado por dos años, se apodera del sector empresarial, frente a una fiscalía que continua sin detener a los homicidas de Minerva Pérez Castro, ex presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, asesinada en julio del 2024, después de reclamar públicamente que toda la cadena pesquera en Ensenada estaba siendo extorsionada desde el año 2018, sin que las autoridades hicieran algo al respecto.

En este contexto, algunos pequeños grupos, como el Consejo por la Paz de Mexicali, han exigido la renuncia de la fiscal Andrade y han llamado a las autoridades “a que hagan protocolos eficientes para combatir la delincuencia”.

Más allá de la publicidad que las autoridades la han dado a la reducción en la incidencia de homicidios, principal objetivo de la estrategia contra la inseguridad planteado por el gobierno federal, la gestión de la fiscal María Elena Andrade presenta deficiencias que han sido denunciadas públicamente; hay delitos que no se están investigando, en lo que no se están dando resultados, criminales a los que no están persiguiendo; y el cumplimiento de su segundo año resulta un buen período para que el Poder Legislativo haga que la funcionaria -finalmente-  rinda cuentas ante la ciudadanía, y proponga los cambios de estrategia necesarios para combatir las crisis de inseguridad en Baja California.