El coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, Carlos Atilano Peña, señaló que con todo y la tipificación del acoso sexual y el hostigamiento sexual desde marzo de 2022, en Baja California “subsiste la impunidad” ante la comisión de ambos delitos.
Sostuvo que en los primeros dos meses de 2025 Baja California se situó como la tercera entidad con mayor número de llamadas al 911 por abuso sexual y por acoso u hostigamiento sexual, con 187 y 168 denuncias, respectivamente, sólo por debajo de la Ciudad de México y el Estado de México.
Remitiéndose a estadísticas globales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que en la que va de 2025 se han abierto mil 867 carpetas contra la libertad y seguridad sexual (las cuales incluyen acoso, hostigamiento, abuso, violación, incesto) en Baja California.
Recordó que en el primer trimestre de 2024 BC concentró 377 llamadas por acoso u hostigamiento, lo cual constituyó una tasa de 9.26 por cien mil habitantes, cuando el promedio nacional era de 2.23.
Expuso que ese año, hubo mil 896 denuncias por acoso u hostigamiento en educación básica y media, con el pormenor de que sólo se removió a 21 trabajadores.
Recalcó que el acoso sexual amerita de seis meses a un año de prisión, y el hostigamiento sexual, cuando hay subordinación, de 2 a 4 años de prisión y multa.
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“Existe pues una deficiente atención en la fiscalía, principalmente por falta de personal y nula aplicación de medidas cautelares como son restricciones para acercarse a las víctimas, lo que inhibe su denuncia”, manifestó.
El litigante participó en una conferencia referente a víctimas de acoso sexual, celebrada en un establecimiento de la Zona Río de Tijuana este viernes 4 de julio.
Consultado al respecto, Atilano Peña refirió que las denuncias por acoso y hostigamiento sexual han incrementado.
“Lo que percibimos es que se mantiene a la alza desafortunadamente, por dos motivos. Uno es que la autoridad sigue sin atender con la debida seriedad este problema. Dos, la población sigue desatendida en términos de ayuda en cuanto a salud mental. Entonces estos dos factores son los que han incidido en que desafortunadamente se vayan incrementando estos números”, refirió a ZETA el coordinador de COCI.
Advirtió que las denuncias no redundan en investigaciones efectivas: “Son muy pocas las sentencias que se tienen en este caso”.
De las sanciones aplicables por acoso y hostigamiento sexual opinó: “La agravación de las penas no tiende a inhibir o disminuir los delitos. Quien comete un delito de esta y otra naturaleza no está pensando si va a alcanzar fianza, si son cinco o diez años. Delinque por algunas cuestiones personales, de problemas de salud mental, de pobreza, de malas condiciones, de estar relacionado con el crimen organizado. Le apuestan a la impunidad”.
Alertó que “hay un 98% de impunidad y muchas posibilidades de salir librado”.
Se pronunció porque se atiendan las denuncias correspondientes y se prevenga la comisión de los delitos de acoso y hostigamiento.
“Que se ponga énfasis en la salud mental, que se ha dejado de lado. Eso es lo más grave. Hay, ya sabemos, desabasto de medicamentos. Hay citas muy prolongadas en cuanto a tiempo para la atención de las personas. Entonces eso también se está presentando en términos de la salud mental. No hay una atención adecuada por parte de la autoridad”, concluyó.