La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar las agresiones con cualquier tipo de ácido, sustancia química o corrosiva como un ataque en razón de género.
Con esto, el Poder Legislativo de Baja California Sur tipificó la llamada “violencia ácida” estableciendo una pena de entre 8 y 12 años de prisión, así como una multa de 300 a 700 días de salario mínimo a quien incurra en este delito.
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La reforma fue propuesta por la diputada de Morena, Teresita Valentín Vázquez, y dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Ahora el artículo 4 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce en su fracción IX que la violencia por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas “es cualquier acción u omisión que cause o pretenda causar daño no accidental arrojando, derramando o poniendo en contacto con algún tipo de gas, compuestos químicos, ácidos, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas, reactivas, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que por sí misma o en determinadas condiciones pueda provocar lesiones temporales o permanentes, internas, externas o ambas, algún tipo de discapacidad o pongan en peligro su vida”.
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Por su parte, el Código Penal incluirá el Capítulo II BIS, que detalla las sanciones y descripción del delito de lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas, o corrosivos.
Mientras que el artículo 389 del Código Penal también sufrió una modificación para reconocer la violencia ácida dentro del catálogo de agresiones que se consideran como razones de género para encuadrar un feminicidio.
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En su exposición de motivos, la diputada de Morena recalcó que en Baja California Sur no hay registro de este tipo de agresiones; no obstante, enfatizó que es necesario prever y dotar de herramientas jurídicas a las instancias encargadas de impartir justicia.
Cabe recordar que el Congreso del Estado también aprobó un incremento de la pena mínima de prisión para quien incurra en el delito de feminicidio, siendo ahora de 40 años y podría alcanzar hasta 60 años.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó ocho feminicidios en 2024, sin embargo, las colectivas feministas expusieron que fueron 14; en lo que va del 2025 se han registrado tres casos.
