El recién ratificado Procurador General de Justicia en el Estado, Antonio López Rodríguez, expuso que el responsable de colgar los últimos narcomensajes fue identificado gracias a cámaras de vigilancia. Se trata de Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y lo hizo a bordo de unidades oficiales.
“La continuación de las investigaciones, se localiza el vehículo responsable, mismo que pertenece al Gobierno del Estado en la dependencia de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dicha unidad se encuentra bajo el resguardo físico de la persona de nombre Raúl N, mismo que desempeña el cargo de director de Recursos Materiales de la dependencia mencionada”, reconocieron miembros de la Mesa de Seguridad.
Las investigaciones refieren que el día 09 de julio se instaló una narcomanta sobre el puente que se dirige al Aeropuerto Internacional de La Paz. Las amenazas en manta fueron colocadas alrededor de las 5:12 de la madrugada por un vehículo tipo Urban de color blanco.
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En seguimiento a ello, el 16 de julio fue colocado un nuevo narcomensaje en el kiosco del malecón de La Paz, fue amarrado de la infraestructura turística por dos masculinos durante la madrugada, también a las 5:00 de la mañana.
“Identificamos que estos vehículos son propiedad de particulares, pero también de Gobierno del Estado. El tema es que de la investigación que realizamos y de los vehículos que localizamos en ambas mantas, enfocamos nuestras investigaciones a vehículos de acuerdo al logotipo que vimos ahí, propiedad del Gobierno del Estado y localizamos estos tres vehículos, que son propiedad del Gobierno del Estado y como observan del lado derecho es un vehículo Frontier color blanco con el logotipo”, confirmó Antonio López Rodríguez.
Los funcionarios públicos colocaron narcomantas amenazando a fuerzas de seguridad y acusando al Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, de recibir sobornos semanales de hasta 700 mil dólares por parte de la delincuencia organizada.
“Esta persona, de acuerdo a todas las investigaciones que realizamos y otros datos que tenemos, es la persona que tiene a cargo los tres vehículos, y es la persona que tiene las llaves de los tres vehículos. Y algunos otros datos que nos tienen nos indican que puede tener el carácter de investigado en estos temas que están apareciendo de mantas”, añadió López Rodríguez.
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No solamente las narcomantas han exhibido la presunta colusión de servidores públicos con miembros de la delincuencia organizada, también ciudadanos lo han manifestado.
“Como muy amablemente nos recibieron el día de ayer, sí, precisamente las autoridades de nuestro estado están coludidas con estas personas que nos están agraviando”, planteó en enero de 2025 la activista sudcaliforniana Gemima Hernández Avalos en el Zócalo de la Ciudad de México.
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Ésa fue la denuncia de la activista en pro de la búsqueda de personas desaparecidas que recurrió a las autoridades federales y que hoy se encuentra en exilio por parte de miembros del Cártel de Sinaloa que operan en la comunidad de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, al norte de Baja California Sur.
Es el miedo que tienen familias sudcalifornianas de denunciar por el nivel de infiltración y colusión de las fuerzas de seguridad desde las Policías Municipales, Policía Estatal, Ministerios Públicos y hasta las fuerzas armadas.
“¿Cuál ha sido el factor principal de esta nueva oleada de violencia en Baja California Sur? -se pregunta el experto-, pues es justamente el nivel de infiltración, comprobarse ambas facciones del Cártel de Sinaloa quién tiene mayor control sobre las instituciones. Ya van dos comandantes, un militar y más de 40 narcomensajes, ¿por qué nos quieren hacer creer que hay un sólo detenido o responsable de ello y de un sólo lado? Nos están dando sólo la verdad que ellos quieren contar”, dijo uno de los representantes del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Social.
ES FÁCIL QUE EL ENEMIGO SE META A CASA: PGJE
Tras las investigaciones, al menos en el municipio de La Paz, la relación que existe entre la colocación de narcomantas en diferentes puntos de la ciudad y con el uso de recursos públicos, como son los vehículos oficiales y funcionarios públicos, el Procurador General de Justicia dio a entender que el crimen los infiltró.
Lamentó que, como el caso de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dependiente de la misma Procuraduría, el enemigo se metió a casa.
“A veces es muy fácil que el enemigo se meta a casa, y que desde ahí empieza a generar un daño hacia fuera y es desafortunado, pero es algo que tenemos siempre tener en cuenta y visualizando y revisando y supervisando para que estas acciones no ocurran”, sostuvo Antonio López.
Indicó que lo siguiente es aplicar filtros más rigurosos y mayor vigilancia para que los vehículos oficiales no formen parte de las líneas del narco, esto ha sentado un precedente muy doloroso para las instituciones de seguridad en Baja California Sur.
Y aunque el servidor público no regresó a su trabajo, están investigando su grado de participación y cuántas personas más apoyaron a cometer el ilícito.
“Debo mantener un resguardo más estricto de los vehículos, un seguimiento más estricto, poner a trabajar en las instituciones de auditoría, de supervisión para hacer un análisis de ello, pero pues ustedes saben que es muy complicado mantener esta información con tanto personal que tiene el Gobierno del Estado”, anunció el Procurador.
Dejó en claro que, no hay lugar a dudas, los autos oficiales fueron utilizados con el fin de causar miedo colocando narcomensajes en diferentes puntos y momentos en el municipio de La Paz.
Cuando estas “advertencias” fueron colocadas, no hay registro de que hubiera jornadas de búsqueda o alguna actividad que justificara el mover las unidades, además de que las llaves estaban resguardadas con una sola persona, en este caso la señalada.
“El día 9 y el día de 14 (de julio) no hubo a esa hora ninguna actividad de búsqueda, ni hubo ninguna actividad que ameritara sacar los vehículos de resguardo y trasladarlos a ningún otro lugar, y mucho menos que punteara justamente en lugares a esa hora, donde se instala una manta, o sea, a esta información nosotros le llamamos inferencias jurídicas. Desde que empezamos a pedir información, por ejemplo, el vehículo Frontier tenía un número económico y nomás pedimos información, le borraron el número, tenemos fotos con el número y ahora sin el número. Esta persona, cuando pedimos información, ya no se presentó a laborar”, añadió el Procurador.
Actualmente las unidades de análisis de contexto analizan cuál es la intención de esas mantas y ver qué delitos pueden ocurrir, ya que como ya lo han comprobado, hubo advertencias y amenazas en ciertos mensajes que fueron cumplidos y costaron vidas.
Y aunque, en los últimos mensajes todo parece indicar que están fuera de contexto y con información poco veraz, no descartarán ni un sólo dato hasta concluir la investigación. Lo que sí saben es que las dos facciones de Sinaloa ya están presentes en la entidad.
“No tienes que ser procurador, ni abogado, ni experto en crimen organizado, para ver que se están peleando en Sinaloa, que todos los días aparece esa información de que en Sinaloa hay dos grupos que se están peleando: los Mayitos y los Chapitos. La realidad es que nuestro estado desafortunadamente no es ajeno a la actividad de venta de droga aquí en Baja California Sur, y que esa actividad, pues, sea controlada por grupos de personas que se organizan para traerla, para venderla, para cobrarla, para cuidar su lugar de venta, eso no es de desconocido”, reconoció López Rodríguez.
REGIDORA DE LA PAZ AL ESTILO SUPER CHAPO BROS
El viernes 11 de julio, la séptima regidora del Ayuntamiento de La Paz, María del Carmen Aguilar Mendoza, se presentó a laborar y llevar a cabo sus labores cotidianas. Su primer encuentro lo publicó a las 09:17 de la mañana, una jornada de limpieza del Parque Laguna Azul, acompañada de personal de Servicios Públicos Municipales y algunos vecinos.
Sin embargo, su vestimenta no fue la más adecuada para asistir como servidora pública: resaltó una playera negra con la imagen del personaje de videojuegos Mario Bros, simulando al exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera; de hecho, en la gorra del personaje se lee “Super Chapo Bros”.
La imagen de la regidora causó revuelo, ya que además de la jornada de limpieza también asistió a la Sala de Cabildo para sostener un encuentro con vecinos de la colonia Colina del Sol.
Hasta el cierre de esta edición, María del Carmen Aguilar no se ha manifestado al respecto. Quien ya dio su punto de vista y hasta justificó el error, fue la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, quien dijo que “seguramente no fue con mala intención”, pero que ciudadanos aseguran que no deja de ser apología del delito.
“Hay que preguntarle a ella cuál fue el motivo, pero muy seguramente no fue con una mala intención. Bueno, va a quedar de aquí en adelante con esto que sucedió, vamos a tener cuidado con lo que nos ponemos cada quien. De lo malo, lo bueno, hay que tener más cuidado”, concluyó Quiroga
