José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital (ATDT), del Gobierno Federal, afirmó, el 1 de julio de 2025, que con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no se espiaría, ni censuraría.
Durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal aseguró que en las modificaciones actuales en el Congreso de la Unión, se incluía prácticamente la misma redacción de la regulación previa de 2014.
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“El Gobierno ni espía ni censura con la nueva Ley de Telecomunicaciones, y ahorita lo explico, el artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados, es exactamente igual de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es exactamente igual a la ley vigente, es decir a la ley que estaba vigente que está todavía vigente, en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014, por [Partido Acción Nacional] PAN y [Partido Revolucionario Institucional] PRI”, afirmó Peña Merino.
Además, el titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal dijo que la nueva norma obligaba a los concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia, pero únicamente en los términos que establecían las leyes aplicables, como el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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“No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador ni, por supuesto, a la Agencia”, enfatizó Peña Merino, quien también recordó que el artículo 182 del dictamen -equivalente al artículo 189 vigente- exigía que cualquier colaboración con las autoridades fuera mediante mandamiento escrito, fundado y motivado, emitido por una autoridad competente.
Además, el funcionario federal citó el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecía que la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados sólo podrían realizarse con autorización judicial, y los datos debían destruirse si no eran útiles como prueba.
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“Lo que hace la nueva ley, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos de la ley. Y los términos de la ley exigen autorización judicial”, subrayó el titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal.
Para exponer sus argumentos, Peña Merino presentó una comparación textual entre los artículos 190 de la ley vigente y el 183 del nuevo dictamen, destacando que la redacción era idéntica y que no se introducían cambios que modificaran las reglas actuales sobre intervención de comunicaciones.
“Sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hay quienes afirman que es una ‘ley espía’ porque, dicen, permite geolocalización sin orden judicial. Completamente Falso: 1. La redacción no cambió respecto al artículo vigente (escrito por PAN/PRI en 2014)”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X, el 30 de junio de 2025.
“2. Esa redacción sólo obliga a operadores a colaborar en los términos de otras leyes; 3. Esas otras leyes (i.e. Código Nacional de Procedimientos Penales) piden autorización judicial para geolocalización. En suma, no se estableció nada nuevo ni se vulnera el procedimiento establecido en las leyes en la materia sobre autorización judicial para geolocalización de dispositivos cuando autoridades lo soliciten a operadores”, insistió Peña Merino.
El 28 de junio de 2025, los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT), aprobaron, con 77 votos a favor -y 30 sufragios en contra del Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN)-, el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el que se estableció la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada por cinco elementos con capacidades operativas y de gestión necesarias para emitir resoluciones.
¿QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO PEÑA MERINO?
José Antonio Peña Merino, de 50 años de edad, nació en la Ciudad de México en 1974. Es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especializado en economía política y metodología. Asimismo, cuenta con un Doctorado en Ciencia Política, en la Universidad de Nueva York (NYU), en donde se especializó en economía política y metodología cuantitativa.
Es cofundador de Data Cívica, organización no gubernamental, creada en 2015 dedicada al uso de datos y tecnología sobre temas de derechos humanos y violencia. Fundó la empresa Data4, dedicada a la generación, gestión, análisis y visualización de datos.
Además, es docente del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el cual integra desde 2006. De 2014 a la fecha es profesor en la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE.
Ha escrito libros como ‘El Consumidor Mexicano del Siglo 21’ y ‘Ciudadanos.mx: Tuiter y cambio político en México’. Es colaborador frecuente en la revista Nexos, el diario El País y el medio digital Animal Político. También ha escrito en: Letras Libres, Americas Quarterly, el suplemento Enfoque de Reforma, Este País, Quién, Chilango, El Economista, Excélsior y Milenio.
Desde el 5 de diciembre de 2018, fungió como titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, primero durante la Administración de Claudia Sheinbaum Pardo -hasta el 16 de junio de 2023- y luego de la encabezada por Martí Batres Guadarrama, hasta el 30 de noviembre de ese último año, cuando se sumó a la campaña de la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM).
Peña Merino fue coautor del artículo ‘La ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19: evidencia de un análisis cuasi-experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México’, el cual fue publicado en la revista SocArXiv y eliminado, en febrero del 2022, por su director.
En un comunicado acerca de esta decisión, SocArXiv aseguró que los autores del informe, “a través de su agencia que administra el medicamento, reclutaron sujetos experimentales de manera no ética, aparentemente sin consentimiento informado, y por lo tanto el estudio es un estudio no ético”. Asimismo, la revista científica British Medical Journal (BMJ) calificó como “poco ético” la distribución de este medicamento, en un artículo publicado en febrero de 2022.
Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de la República electa, anunció, el 26 de junio de 2024, que José Antonio Peña Merino dirigirá la nueva Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal.
Durante una conferencia de prensa -llevada a cabo desde su casa de transición- Sheinbaum Pardo destacó el “gran trabajo” realizado por Peña Merino en el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que, según ella, lo convertía en la persona idónea para liderar la nueva Agencia.
“Recuerdan que planteamos la Agencia de Transformación Digital del Gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino, ya les di la nota, lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que habiendo hecho un gran trabajo en la Ciudad va a estar en esa área y ya lo podemos presentar un día de cómo estamos planteando”, informó Sheinbaum Pardo.
No obstante, la virtual presidenta de la República electa aclaró que la creación de esta Agencia no representaría un aumento en el presupuesto, ya que se buscaba integrar distintas áreas del Gobierno Federal, para trabajar en la transformación digital.
“Porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuesto, sino juntar distintas áreas del Gobierno Federal que nos permitan trabajar en ello”, explicó Sheinbaum Pardo, quien también mencionó que la digitalización en diferentes áreas de su Administración permitiría incrementar los ingresos.
“Entonces, digitalizando en distintas áreas vamos a tener más ingresos y ya en su momento cuando ya se vaya a presentar el Presupuesto lo platicamos”, apuntó la virtual presidenta de la República electa, quien también enfatizó la importancia de los proyectos de digitalización, al interior y al exterior del Gobierno Federal.
“Hay muchos proyectos de digitalización hacia dentro del Gobierno que es muy importante. Al presidente [Andrés Manuel López Obrador] no le dio mucho tiempo esa parte de mejorar toda la normatividad interna y es importante hacerlo para facilitar los trámites y hacia afuera también. La inversión pública y la inversión privada se facilitan cuando hay trámites sencillos”, agregó Sheinbaum Pardo.
Asimismo, la virtual presidenta de la República electa externó que si bien no se realizaría una una reforma fiscal para incrementar los ingresos del Gobierno Federal, la digitalización de trámites provocaría ahorros en el gasto y una mayor eficiencia del presupuesto.
“No pensamos hacer una reforma fiscal. ¿De dónde vamos a obtener recursos? De la digitalización hacia el interior del gobierno, digitalización del [Servicio de Administración Tributaria] SAT, que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante”, finalizó Sheinbaum Pardo.
El 14 de mayo de 2025, Sheinbaum Pardo informó que los artículos 109 y 210 de su propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones e Internet quedarían eliminados, a fin de no generar confusiones.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional explicó que ambos artículos eran parte de una serie de cambios que se harían dentro de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, esto en un entorno donde en el Senado de la República se llevaba un parlamento abierto con analistas, organismos, empresas del sector, entre otros.
Por una parte, el artículo 109 señalaba que las autoridades competentes podrían solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que fuera procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les fueran aplicables.
En tanto, el artículo 210 en la propuesta de Ley contemplaba que los concesionarios que prestaban el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrían transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural.
También se indicaba dentro de la propuesta que tampoco se permitiría que gobiernos extranjeros utilizaran los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país.
La presidenta recordó que la nueva ley buscaba, además de incrementar la conectividad y acceso de internet en México. Según ella, entre los cambios que también se estaban contemplando, tras las diversas críticas realizadas, destacaban el separar las funciones de competencia económica para transferirlas a la nueva Comisión Antimonopolio, nueva entidad que sustituiría a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Además, las atribuciones que estaban a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasarían tanto por comisiones dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
La mandataria nacional aclaró que se contemplaba recuperar el derecho de las audiencias a tener información veraz; el de las radios comunitarias para su promoción; y en el caso del internet, permitía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgara servicio en zonas sin cobertura y en igualdad de circunstancias que los privados.
