En un país marcado por la violencia, la impunidad y la desconfianza institucional, el Congreso de la Unión aprobó, en poco más de una semana, sin una discusión, ni un parlamento abierto o una escucha a las preocupaciones, una serie de reformas legales que en su conjunto representan una amenaza a los derechos de las personas y son conocidas popularmente como la “Ley Espía”, consideran activistas y académicos, quienes cuestionan si este paquete legislativo representa un avance en inteligencia estatal o nos encontramos ante una arquitectura de vigilancia masiva sin precedentes.
El mote con el que se ha bautizado popularmente al conjunto de reformas aprobadas entre junio y julio de 2025, otorga al Estado mexicano amplias facultades para acceder, sin orden judicial previa, a bases de datos públicas y privadas que contienen información sensible de los ciudadanos, como registros telefónicos, geolocalización en tiempo real, mensajes de texto y datos biométricos, en casos considerados de “seguridad nacional” o “emergencia”.
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Además, la ley obliga a las empresas de telecomunicaciones a proporcionar esta información al gobierno de manera expedita, bajo amenaza de sanciones severas.
Algunas de las legislaciones reformadas y que en conjunto dan vida al presunto control del Estado sobre la vida privada de los mexicanos, son las siguientes:
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*Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
*Ley General de Población (introducción de la CURP biométrica).
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*Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
*Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
*Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
*Ley de Competencia Económica.
*Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
*Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
*Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
*Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP).
En el caso de las reformas a las leyes de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia, ordenan que se conecten bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin ningún tipo de control, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y permiten la creación de una Plataforma Central de Inteligencia que integrará datos biométricos, fiscales, bancarios, médicos, telefónicos, de geolocalización y más.
Las reformas relacionadas con la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, proponen la imposición de una Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos para que ésta sea una condición obligatoria y se pueda acceder a servicios públicos y privados. Esto incluye una plataforma única de identidad que permite validar, monitorear, gestionar, información sobre todas las personas para ciertas autoridades. Y se complementa con otra ley para eliminar los trámites burocráticos que busca la creación de la llave MX, que se vincularía con la CURP.
Por su parte, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a decir de expertos, vulnera la privacidad de las personas -a partir de la ley que ya existía- porque mantiene el sistema de acceso a datos con geolocalización en tiempo real, sin ningún tipo de controles judiciales y sin especificar a las autoridades facultadas para su uso. También crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una entidad dependiente del Ejecutivo que reemplaza al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y que tendrá facultades para regular el sector de telecomunicaciones, intervenir en el mercado y, según críticos, facilitar la vigilancia estatal, generando sensaciones de censura y persecución.
REFORMAS AL VAPOR
La llamada “Ley Espía” surge de las políticas impulsadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a iniciativa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desde 2018 promovió una agenda de centralización del poder y austeridad republicana. Durante su mandato, el tabasqueño criticó repetidamente a los organismos autónomos, como el IFT y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), acusándolos de ser instituciones costosas y al servicio de intereses privados. Varias de estas instituciones fueron disueltas en 2024.
La iniciativa del cuestionado paquete de reformas fue presentado el 23 de abril de 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien justificó su necesidad como una medida para modernizar el marco regulatorio de las telecomunicaciones, fortalecer la seguridad nacional y combatir el crimen organizado. El grupo parlamentario de Morena, liderado por personajes como Ignacio Mier Velazco en la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal en el Senado, han dado celeridad al proceso legislativo que también tiene como impulsores a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia; Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión; y los partidos PT (del Trabajo) y PVEM (Verde), así como MC (Movimiento Ciudadano), que apoyaron la reforma.
Aunque los dictámenes de las diversas iniciativas avanzaron en comisiones y el Pleno del Senado de la República en los meses de abril y mayo recientes, su consumación ocurrió entre el 15 y el 20 de junio, cuando el dictamen del paquete de reformas se aprobó en comisiones de la Cámara de diputados y el día 25 del mismo mes se aprobó en el pleno con 329 votos a favor, 98 en contra y 40 abstenciones.
El 30 de junio se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo su entrada en vigor a partir del 1 de julio, aunque artículos transitorios prevén un plazo de 90 días para que el Ejecutivo emita un reglamento de la ley -a más tardar el 29 de septiembre- y se realicen las reformas complementarias, como la operación de tribunales especializados en protección de datos, en fecha límite del 20 de noviembre de este año.
LA DESCONFIANZA
La “Ley Espía” representa un punto de inflexión en la relación entre el gobierno mexicano y sus ciudadanos. Si bien el gobierno argumenta que es una herramienta para combatir el crimen y modernizar las telecomunicaciones, los críticos ven en ella un intento de consolidar el Poder del Ejecutivo y erosionar las libertades fundamentales. La eliminación de organismos autónomos, la centralización de la regulación y la ambigüedad en los límites de la vigilancia han colocado a México en el centro de un debate global sobre la privacidad y la democracia.
Mónica Meltis, directora de la organización de la sociedad civil Data Cívica, explica el sentir del activismo en México:
“Les cuento un poco de por qué nos preocupan los datos biométricos. Los datos biométricos son características físicas individualizadas que lo que permiten es reconocer, identificar a una persona de forma individual. Es decir, estos son huellas dactilares, que son las huellas de los dedos, que son huellas que son únicas para cada persona. Esto también puede incluir estrategias de reconocimiento facial, patrones de voz; incluso ya en las cámaras de algunos lugares se puede identificar la forma de caminar de las personas. Esto lo que genera es la posibilidad de acceder de forma individualizada y única a identificar quién es una persona”.
La investigadora no descarta que existan elementos positivos, por ejemplo, para la búsqueda de personas desaparecidas, pero “lo que nos preocupa es que esto está conectado, es decir, con una serie de posibilidades, no solamente para la búsqueda de personas, sino para que el CNI tenga acceso irrestricto a toda esta serie de bases de datos que van a estar conectadas a través de una plataforma única para hacer investigación de cualquier tipo y para cualquier fin. Es importante mencionarlo porque, esto en paquete, desde nuestra perspectiva, consolida un poder que potencialmente puede ser utilizado para vigilar a la población sin ningún control de ningún tipo, por parte, no solamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también para las Fuerzas Armadas”.
La entrevistada destaca y cuestiona el contexto que vive México al dar participación a los militares en la seguridad pública, tareas para las cuales considera no están preparados y ahora se les invita a que participen en investigaciones, después de que una nota en Israel “muestra el entramado de corrupción y lavado de dinero que se dio con la compra del software espía Pegasus en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mismo que fue utilizado por el Ejército para espiar a periodistas y activistas en México, defensores de tierra y territorio; por ejemplo, periodistas como la periodista Carmen Aristegui”.
“Lo digo con evidencia en mano: en términos generales, lo que ha sucedido en el pasado es que sí se han utilizado estrategias de espionaje en contra de personas que no son delincuentes, es decir, personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos o personas que están defendiendo su territorio del despojo. En este contexto vemos que hay ciertos grupos de personas que pueden ser incómodas para el Estado. Son personas que cuestionan, que evalúan, que monitorean y que sí hemos visto en el pasado, incluso en la administración del presidente López Obrador, este tipo de estrategias de espionaje sin que hubiera un sistema como esto consolidado”, enfatizó Mónica Meltis.
LA IMPUNIDAD
Ante quienes expresan que esto no les afecta, la directora de Data Cívica advierte que al a conocer las autoridades sus movimientos personales a través de los datos biométricos y la geolocalización, nadie escapará de la vigilancia, pues, por ejemplo, en su caso, como activista que acude a manifestaciones o protestas estará sujeta a una interconexión de lo que ven las cámaras con reconocimiento facial, su ubicación en tiempo real, dónde vive y demás datos sensibles. Sabe que estas reformas son irreversibles y “creo que lo que queda es, dentro de ese no retorno en el que estamos, lo que sí tenemos de frente es poder intentar fortalecerlo. ¿Eso qué significa? Exigir rendición de cuentas a las autoridades sobre cómo se están utilizando nuestros datos”.
Cuestionada por Semanario ZET sobre si ahora los delincuentes no escaparán del control del Estado y serán identificables como cualquier ciudadano, Meltis destacó que “al final de cuentas el sistema de justicia no se ha tocado en términos de lo que implica los resultados de impunidad, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante pensar en todo el sistema de corrupción que sigue existiendo, entonces creo que estos dos elementos, a mí personalmente, me impiden creer que este sistema va a resolver la crisis de seguridad pública, lo mismo que este sistema va a resolver la crisis de desaparición”.
“Es un momento en el cual realmente sigue habiendo mucha violencia de forma cotidiana. Sigue habiendo mucha impunidad. Sigue habiendo mucha corrupción. Mientras esto no se aborde de manera sistémica y realmente se fortalezcan las policías, se fortalezcan los ministerios públicos, se fortalezcan las estrategias de investigación, podemos tener el sistema de consolidación de información más importante, pero realmente los demás pasos no van a suceder. Entonces la pregunta es: ¿Queremos que las Fuerzas Armadas investiguen y estén realizando labores de seguridad pública en el contexto en el que estamos de opacidad, de poca transparencia sobre cómo ocupan sus recursos?”, finalizó la activista.
DATOS QUE PODRÁ RECOLECTAR EL ESTADO
A través de una plataforma central de inteligencia el gobierno mexicano podrá acceder a:
*CURP biométrica (huellas, rostro, iris).
*Registros fiscales y bancarios.
*Historial médico.
*Geolocalización en tiempo real.
*Registros de telecomunicaciones.
*Información vehicular y de propiedad.
*Redes sociales y actividad digital.
Además, se prevé el uso de Inteligencia Artificial para analizar estos datos y generar “productos de inteligencia” automatizados, lo que algunos han llamado un “ChatGPT del gobierno”.
