La escuela está en disputa. Tras el caso Damián, docentes exigieron certezas mínimas para educar sin miedo a ser procesados. La consigna se sostiene: no volver al aula sin protocolos actualizados. Pero esa demanda comienza a tensar el vínculo con las familias. La postura de muchos maestros es replegarse; se convierte en un blindaje preventivo. En medio del desconcierto, los sindicatos —tras años de opacidad— hoy intentan representar la seguridad del magisterio. Pero en nombre de la seguridad y la incertidumbre podríamos estar desmontando el sentido más profundo de la escuela.
Del otro lado, madres y padres exigen atención, prevención y rutas claras. ¿Por qué no actuaron?, ¿por qué no detectaron?, ¿por qué no protegieron? Ambas posturas revelan lo mismo: la niñez está atrapada en una disputa que no le pertenece, entre el temor institucional, la frustración magisterial y social.
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La escuela ha sido mucho más que aula. Ha ofrecido escucha, refugio y cuidado emocional. Pero si cerramos la puerta puntual para evitar riesgo, si dejamos de involucrarnos con lo que viene de casa, debilitamos lo que hizo la escuela en primer lugar: ser comunidad y lugar seguro.
Aquí es donde debe recordarse lo esencial: el interés superior de la niñez es mandato constitucional. Está por encima de la opacidad gubernamental, del miedo, la burocracia o las cargas laborales. Obliga a cada actor a responder. No como gesto voluntario, sino como exigencia legal. Es claro que todos somos corresponsables en la educación. Y esa corresponsabilidad no exime del conocimiento ni de la aplicación del marco legal vigente.
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El protocolo vigente de Baja California de 2022, identifica trece riesgos escolares y propone rutas básicas de intervención. Pero no fue armonizado con normas federales ni actualizaciones legales, nunca se validó su aplicación efectiva y operativa en los planteles, y tampoco se definió el presupuesto requerido para cumplirlo de forma efectiva.
Sin embargo, el protocolo no limita lo que la ley obliga. Si una norma nacional o internacional establece una medida, el hecho de que no aparezca en el documento estatal no exime su cumplimiento. Hoy el deber legal incluye el Acuerdo 14/12/23 para prevenir el acoso escolar, el Protocolo Federal de Cero Tolerancia a la Violencia Sexual (DOF 30/05/25) y más de veinte disposiciones vinculantes. Las escuelas pueden —y deben— actuar con la normatividad aplicable y vigente.
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Cada comunidad escolar puede construir su propio ABC —un modelo legítimo de actuación adaptado a su contexto. Este ABC puede incluir acciones para la prevención, atención integral (detección, notificación, intervención, canalización y seguimiento) y medidas de no repetición, conforme a los protocolos federales que rigen a todos los planteles de tipo básico: preescolar, primaria y secundaria. Está autorizado implementar comités funcionales, rutas éticas ante violencia digital, registros técnicos de casos, coordinación interinstitucional y estrategias de formación con perspectiva de derechos humanos. No es improvisación: es aplicación legítima del cuerpo normativo vigente.
Y aunque el Congreso y las autoridades educativas tienen la obligación constitucional de garantizar infraestructura, presupuesto, conectividad, seguridad y condiciones laborales dignas, también están obligadas a capacitar de manera continua a las figuras educativas en prevención, derechos humanos, sexualidad, protección legal y actuación ética. Incluso si persiste la omisión gubernamental, las escuelas, el magisterio, padres de familia y sociedad civil pueden avanzar con lo que sí existe, mientras exigen lo que falta. Por eso es vital que todos los actores del sistema educativo conozcan sus derechos y obligaciones.
Además, las escuelas deben estar atentas a reformas, protocolos y actualizaciones normativas. Ninguna medida comunitaria sustituye al Estado, pero sí puede complementarlo y exigirlo. Porque cuando el magisterio conoce su marco legal, fortalece su capacidad de proteger. Y cuando las familias y sociedad conocen sus rutas, fortalecen su capacidad de reclamar.
Mientras el Estado armoniza, Baja California puede avanzar. Mientras el presupuesto llega, la comunidad escolar puede organizarse. Mientras el protocolo local se actualiza, los planteles pueden activar el marco legal federal y local aplicable. Porque cuando se trata de proteger a la infancia, la corresponsabilidad no depende de una hoja oficial: depende de una voluntad colectiva que decide educar, cuidar y prevenir.
Por cada niña, niño y adolescente que entra hoy a la escuela creyendo que ese lugar es su refugio, su hogar y su lugar seguro. Luchemos juntos para que lo sea siempre.
Guillermo E. Rivera Millán es director general de De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
