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lunes, julio 28, 2025
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El Plan México ante la amenaza arancelaria: ¿una estrategia en jaque?

 

 

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Jerónimo Delgado

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En un contexto global marcado por la reconfiguración de cadenas de suministro tras la pandemia y las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, México ha emergido como uno de los grandes beneficiarios de la tendencia de relocalización industrial, conocida como nearshoring.

Esta coyuntura favorable ha sido capitalizada por el gobierno mexicano a través del Plan México, una ambiciosa estrategia de desarrollo económico que busca consolidar al país como destino preferente para la inversión productiva en América del Norte. Desde el punto de vista de un inversor de private equity, el Plan México representa una oportunidad estratégica con un potencial significativo de retorno, pero también con retos que deben ser cuidadosamente evaluados ante nuevos focos de tensión comercial, especialmente desde Estados Unidos.

El nearshoring se ha acelerado tras las disrupciones logísticas de 2020-2022 y el endurecimiento de la competencia estratégica entre potencias. Empresas multinacionales buscan ahora reducir su dependencia de Asia y acercar su producción a los mercados consumidores. En este contexto, México se encuentra en una posición privilegiada gracias a su vecindad con Estados Unidos, el marco jurídico del T-MEC, una fuerza laboral competitiva y una sólida red de tratados de libre comercio.

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, si Norteamérica reemplaza apenas el 10% de sus importaciones desde China, México podría incrementar su crecimiento económico en hasta 1.2 puntos porcentuales anuales por encima de la tendencia actual.

Con este telón de fondo, el Gobierno Federal lanzó en 2025 el Plan México, una hoja de ruta con metas claras hacia 2030. Entre sus objetivos destacan alcanzar una inversión total del 28% del PIB, generar 1.5 millones de empleos industriales, aumentar en 15% el contenido nacional en cadenas globales de valor y lograr que el 50% del consumo de bienes clave provenga de producción nacional. Además, se propone reducir a la mitad los tiempos y trámites para concretar inversiones y capacitar a 150 mil técnicos y profesionistas cada año. Todo ello se articula a través de políticas industriales modernas centradas en incentivos fiscales, desarrollo regional, infraestructura, formación de talento y digitalización gubernamental.

Uno de los pilares es el portafolio de más de dos mil  proyectos productivos por un valor conjunto de US 277 mil millones. Esta cifra equivale a 1.5 veces la IED acumulada en la última década y abarca sectores como manufactura avanzada, logística, energía, turismo y tecnología. Para los fondos de private equity, este pipeline ofrece múltiples puertas de entrada: coinversiones, financiamiento estructurado o adquisiciones. El Plan también formalizó la creación de un Consejo Asesor Empresarial con figuras clave del sector privado que participa activamente en la definición de prioridades y seguimiento. Este modelo de gobernanza mixta mitiga la incertidumbre política y alinea intereses público-privados.

En términos territoriales, destacan los 15 Polos de Desarrollo para el Bienestar, hubs industriales integrados con vivienda, escuelas y servicios, distribuidos en 14 estados. Sólo estos polos proyectan 300,000 empleos y 1.5% del PIB en inversiones; por ejemplo, en Altamira (Tamaulipas), se habilitaron mil 600 hectáreas con incentivos especiales. En lo fiscal, se emitió un Decreto de Estímulos que contempla deducción acelerada de inversiones en activos fijos, créditos fiscales para capacitación e innovación, y facilidades para PYMEs industriales. Nacional Financiera ha complementado esto con bonos para fondear proyectos estratégicos, facilitando estructuras mixtas de financiamiento.

El Plan identifica sectores tractores donde canalizar los esfuerzos: automotriz y movilidad eléctrica, semiconductores y electrónica, farmacéutico y químico, energías limpias, y turismo y logística. Claro ejemplo de ello es el objetivo de integrar a México en la cadena global de semiconductores y añadir 22 GW de capacidad de generación energética para 2030. Estos sectores representan oportunidades clave para capital de crecimiento, buyouts o coinversiones.

En 2024, México alcanzó un récord de IED con US 36.8 mil millones. En 2025, apenas iniciado el sexenio, se anunciaron más de US 20 mil millones en nuevas inversiones (Amazon, Royal Caribbean, Walmart, Bimbo, entre otras). Estas cifras respaldan la tesis de que el Plan está acelerando decisiones de inversión. Voces como la del CCE han expresado respaldo pleno al enfoque de colaboración entre gobierno y empresas.

Sin embargo, el escenario externo plantea una amenaza seria: el retorno de políticas proteccionistas por parte de EE. UU. De concretarse los aranceles unilaterales del 30% propuestos por la administración de Donald Trump, incluyendo sectores sensibles como acero, tomates o componentes automotrices, el efecto podría ser severo para la cadena de valor instalada en México. Estudios recientes estiman que una ola arancelaria sostenida podría recortar hasta 6.7% del PIB mexicano, además de erosionar márgenes industriales y debilitar flujos de inversión extranjera directa. El nearshoring, lejos de acelerarse, podría ralentizarse si el entorno arancelario genera incertidumbre regulatoria o afectaciones sistémicas a la competitividad.

Para mitigar estos riesgos, México deberá desplegar una estrategia dual. En primer lugar, fortalecer su marco institucional para blindar jurídicamente sus exportaciones vía los mecanismos de solución de controversias del T-MEC, y reforzar alianzas comerciales con Canadá y otros socios estratégicos. En segundo lugar, acelerar la sustitución de importaciones y el desarrollo de cadenas de proveeduría local, de forma que las plantas instaladas en México puedan reducir su dependencia de componentes asiáticos y así cumplir más fácilmente con reglas de origen que eviten tarifas punitivas. Iniciativas de contenido nacional, formación técnica especializada y certificación de proveedores serán cruciales.

Asimismo, los inversionistas deberán reevaluar estructuras de capital y planes de negocio incorporando posibles escenarios adversos. El uso de cláusulas de contingencia arancelaria, estrategias de cobertura financiera, y la selección geográfica cuidadosa de los proyectos -priorizando regiones con infraestructura logística competitiva- se volverán elementos clave en el análisis de inversión. Por último, será esencial mantener un diálogo fluido entre sector público y privado, aprovechando el Consejo Asesor como espacio para anticipar impactos regulatorios y coordinar respuestas políticas.

El Plan México es, en esencia, una apuesta de largo plazo para convertir al país en una plataforma industrial regional de alto valor. Su éxito no está garantizado, pero su diseño estratégico y el momentum político actual abren una ventana inédita para el capital privado. Para los fondos de private equity, el reto está en identificar los nodos reales de crecimiento, evaluar la calidad de la ejecución pública y estructurar vehículos que combinen rentabilidad con resiliencia regulatoria. Apostar por México en 2025 no es sólo una decisión financiera; es una decisión estratégica que exige visión de largo plazo y capacidad de adaptación frente a un entorno global cada vez más incierto.

 

Jerónimo Delgado es graduado en Negocios Internacionales y Finanzas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Northeastern University en Boston; cuenta con cerca de cuatro años de experiencia en banca de inversión en Wall Street y comenzará en septiembre como inversor en un fondo de private equity en Nueva York.

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Autor(a)

Redacción Zeta
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Redacción de www.zetatijuana.com
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