El proceso electoral del Poder Judicial Federal ha sido tan inédito como confuso y apresurado, y, sin embargo, produjo participación ciudadana. La sociedad civil, medios de comunicación, colegios de abogados y universidades en Baja California hicieron lo mejor que pudieron para que la población conociera a las personas que aspiramos a ser juzgadoras federales; nosotres también hicimos lo mejor que pudimos para compartir con la población votante nuestra visión y reflexiones sobre el Poder Judicial y el día de las votaciones. Una pequeña parte de la población votó.
El INE hizo una labor ardua para poder darnos noticias definitivas al respecto y hoy estamos recibiendo las constancias de mayoría de votos en la Ciudad de México.
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Otra bondad de las elecciones es que revelaron que existe un juicio en México, el juicio de amparo, cuya vocación es la de proteger a las personas de las autoridades que lastiman sus derechos; y, también, que existen personas juzgadoras cuya misión es protegerles del abuso de poder de esas autoridades.
Sin embargo, la reforma no resuelve un problema muy añejo: en México no hay acceso al juicio de amparo.
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Para navegar con éxito esta vía de protección es indispensable que quien requiere la protección de las decisiones de los jueces federales sea representado por una persona con conocimiento técnico y especializado, preferiblemente con experiencia en este juicio. Es un servicio costoso en el mercado profesional porque es altamente especializado.
También encontramos el apoyo de alta calidad y profesionalismo de personas especializadas en el juicio de amparo en el Instituto de la Defensoría Pública Federal y excepcionalmente en algunas asociaciones civiles; ambos sectores se encuentran rebasados de casos y muy cortos en su personal. Por todo esto, sólo algunas personas pueden defenderse de la autoridad que lastima sus derechos mediante un juicio de amparo.
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Es indispensable que todos los sectores de la sociedad inviertan en lograr que más personas puedan presentar juicios de amparo para protegerse de las autoridades, por ejemplo, mediante la obligatoriedad del trabajo pro bono para la colegiación de las personas que saben cómo operar el juicio de amparo; o bien, mediante el financiamiento adecuado para que la sociedad civil pueda acceder a fondos que permitan la contratación de abogados especializados en el juicio de amparo con condiciones laborales dignas y, por supuesto, mayor presupuesto para el Instituto de la Defensoría Pública Federal.
Las causas sociales son, en su mayoría, planteadas por estos sectores cuyos servicios son gratuitos. Fortalezcámoslos para que todas las personas que necesiten defensa de sus derechos frente al Estado Mexicano puedan acceder el juicio de amparo y a las personas juzgadoras que han elegido para resolverlos.
Conocer esta realidad nos permite comprender lo que sucede en la cancha de la justicia en la que ahora nos toca participar, para dejar en el pasado problemas añejos. También nos permite ver la importancia de votar y de hacerlo, para poder lograr la justicia que queremos tener para vivir mejor.
Participemos desde el lugar que hayamos elegido y hagamos lo mejor que podamos: informarnos sobre el contexto, identificar las dolencias de los derechos de las personas frente al actuar de las autoridades, conectar a quienes requieren la protección del juicio de amparo con personas abogadas especializadas que se la puedan brindar; ser esas personas que pongan su experiencia al servicio de las víctimas, ser la persona juzgadora que resuelva con base en la ley y la interpretación protectora de los derechos o ser quienes lleven el mensaje de la justicia a todo mundo que pueda y quiera vigilar que se cumpla desde su trinchera.
La justicia no está únicamente a cargo de quien sea juez o abogada, es un asunto de todas las personas.
Mientras tanto, las personas electas por la ciudadanía que decidió votar estaremos dedicadas a construir con nuestros actos como juzgadoras sobre nuestra actual legitimación y estaremos haciendo, por supuesto, lo mejor en nuestro poder.
Atentamente,
Graciela Zamudio Campos
Abogada mexicana especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
