Curarse de espantos

No hay de otra; el Congreso del Estado debe abrir el debate público a la revocación de mandato, pero prefiere intentar proteger a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando ya ni siquiera le afectaría la reforma al respecto

Desde el año 2020, el Congreso del Estado de Baja California tiene pendiente de análisis, una iniciativa para regular la revocación de mandato en el estado, la cual tiene como objetivo definir los mecanismos para llevar a cabo un sufragio que comprometa la continuidad de un gobierno a través de la decisión popular; un planteamiento que ya existe en otros países, que ya se ha ejercido en México, pero que en Baja California -pese a que están obligados a legislar- prefirieron ignorar la promesa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Actualmente, el artículo 12 constitucional establece que tanto ediles como diputados pueden ser removido del cargo mediante un juicio político promovido desde el Poder Legislativo, pero deja fuera al gobernador o gobernadora, por lo que en estos momentos nadie -salvo el Senado- puede solicitar remover a un mandatario (a) estatal bajacaliforniano.

El proyecto presentado por el entonces gobernador, Jaime Bonilla Valdez, era un plagio de otra iniciativa presentada en el año 2012 por el entonces diputado federal, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, la cual no prosperó en el Congreso de la Unión, pero le sirvió a Amador Rodríguez Lozano, durante su gestión como secretario General de Gobierno, para simular una intención de avanzar en la agenda promovida por el partido Morena y que era una promesa de campaña desde el 2018.

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Pero desde noviembre del 2021, que entró el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, el tema se quedó en el tintero. El Congreso del Estado, cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política es el diputado Juan Manuel Molina, durante años ha simulado trabajar en una reforma que garantice el derecho de los ciudadanos a remover a un gobernante en el momento que lo consideren necesario, mediante una votación promovida y organizada por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

En mayo pasado, se llevó a cabo una manifestación simbólica en la explanada de los Tres Poderes, en Mexicali, donde miles de mexicalenses acudieron a exigir la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y dentro de los pocos reclamos específicos recaía la revocación de mandato.

Ahora, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, todavía presidido por el magistrado Jaime Vargas Flores, exigió -gracias a una queja interpuesta por Joel Abraham Ramos, representante del PRI- al IEE un debate público en el Pleno del Consejo General, sobre la revocación de mandato.

Los diputados de Morena se han quedado pasmados frente a la exigencia de este tema; pese a que se trata de una promesa de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, han optado por no cumplir esa agenda.

Lo curioso es que esa necesidad cegada de proteger a la gobernadora, hoy les juega en contra, toda vez que si los mismos legisladores que dicen salvaguardarla, hubieran hecho la tarea correspondiente, y si Ávila Olmeda, se hubiera sometido a la revocación de mandato en 2024, nadie podría reclamarle nada, pues debido a la votación recibida en favor de Morena, seguramente le habría permitido ganado por un amplio margen el proceso.

Ese año, con una votación que rondaba el 50 por ciento, la mandataria habría salido fortalecida de un proceso de revocación, que blindaría su poder durante el resto de la administración. Pero, en cambio, ahora tienen a una mandataria que enfrenta una crisis severa, derivada del retiro de su visa por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y de una serie de errores que su administración venía arrastrando.

La revocación no es sólo una herramienta democrática en el sentido social, sino también una posibilidad para que los gobiernos se curen de espantos antes de las crisis; pero infortunadamente, como gran parte de los políticos que la rodean pertenecen a la vieja guardia panista, no reconocen nuevas formas de hacer política ni de dirigir un gobierno.

Ya son casi cuatro años del gobierno de Marina del Pilar y no sólo no se sometió a revocación de mandato… ni siquiera sabía que no estaba regulado, pues este tema se encontraba en cancha del Congreso, el cual es dirigido por perfiles caducos que no comprenden que la sociedad votó por un cambio.