Tras casi un mes de protestas, no hay acuerdo firmado; se acusa la falta de compromisos reales por parte del Gobierno de la Ciudad de México encabezada por Clara Brugada a quien parece importarle absolutamente nada que los ciudadanos, a quienes gobierna, no tengan el elemental servicio de procuración de justicia y, por supuesto, a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia le interesa absolutamente nada. Es una vergüenza nacional que esto esté ocurriendo no solo en la Ciudad de México sino en cualquier municipio o ciudad del País.
A pesar de los supuestos llamados oficiales para reanudar labores este lunes 30 de junio cuando escribimos estas líneas, lo cierto es que el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) va a continuar de manera indefinida, luego de que representantes de las sedes judiciales rechazaran la propuesta presentada por las autoridades locales, la que consideraron ambigua e insuficiente.
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¿Qué es lo que está sucediendo en la Ciudad de México en donde no hay servicio de administración de justicia? El lector debe de saber que el movimiento, que inició el 19 de mayo del presente año, ha generado afectaciones en al menos treinta y ocho sedes judiciales, esto incluye juzgados civiles, juzgados familiares, juzgados laborales y, asimismo, mantiene sin atención a miles de personas que dependen de estos servicios para resolver procesos legales que, para ellos, resultan esenciales.
Aunque el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra, había hecho un nuevo llamado a los trabajadores para que regresaran a sus puestos y se pudieran abrir los diferentes juzgados ese lunes. Tras veinte mesas de negociación, los propios empleados desmintieron cualquier acuerdo firmado, y afirmaron que su lucha continúa.
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Francisco García, Jefe de la Unidad Departamental del PJCDMX, afirmó en la última mesa de negociación, que “la propuesta no se firmó y el paro va a continuar”. De igual manera, aseguró que las autoridades no ofrecieron un porcentaje claro del incremento salarial, sino apenas promesas condicionadas a un análisis presupuestal que estaría listo para el 15 de septiembre del presente año.
“El gobierno nos pide esperar en un acto de buena fe, pero no se aceptaron acuerdos basados en suposiciones. Queremos cifras claras, compromisos reales y documentos firmados”, subrayó Alejandro Borge, que es uno de los principales representantes del movimiento.
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En la última reunión celebrada el pasado viernes (27 de junio de la presente anualidad), participaron funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Fadlala Akabani Hneide, así como el Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia y representantes de todas las sedes. Aunque se sometió la propuesta a votación, con 9 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, el resultado no alcanzó el consenso necesario para firmar un acuerdo definitivo.
¿Qué exigen los trabajadores del Poder Judicial? 1.- Un aumento salarial del 7% inmediato y sin ambigüedades; 2.- Garantías contra represalias laborales por haber participado en el paro. 3.- Mejores condiciones laborables, incluyendo basificación de personal y reconocimiento en la antigüedad. 4.- Participación en la planeación presupuestal para el año 2026. 5.- Bono extraordinario antes de diciembre como parte de la reparación por afectaciones laborales recientes.
“El paro no es un capricho, es un llamado ante años de graves omisiones del Tribunal, abusos y reformas que no han fortalecido, sino debilitado al Poder Judicial”. Se han visto imágenes de las condiciones miserables en las que trabaja el personal de los juzgados, en reportajes por Milenio Televisión. Áreas sumamente pequeñas con las sillas, que son para los litigantes, ocupadas por el número inagotable de expedientes que se tramitan en los juzgados; los empleados deben de llevar sus propias computadoras ante la falta de equipo para desarrollar el trabajo; hasta lo elemental: falta de papel para actuaciones y copias.
En Baja California estamos a un paso de este desastre. Me tocó personalmente acudir en cuatro ocasiones a recoger unas copias certificadas, que no se me entregaban porque cuando hay audiencia se coloca un letrero en la puerta de acceso a las secretarias que dice: “Entrevista con protocolo en curso” y la puerta, por supuesto, tiene seguro; así que usted no puede acceder de ninguna manera a realizar ningún tipo de trámite, aunque sea litigante, justiciable, etc., porque esta puerta bloquea el acceso y no hay ningún servidor público del juzgado que le importe tal situación.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
Correo: [email protected]
